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La plenaria de la Cámara de Representantes de este 8 de noviembre -en la que otra vez se frustró el debate de la reforma a la salud- inició con algunas constancias comunes. La primera, que el Gobierno Nacional “adopte medidas para reducir los hostigamientos en los territorios y que garantice la liberación de las personas que están hoy secuestradas”. Y también le pidieron al presidente Petro “no categorizar a los departamentos como enemigos o amigos. Este es un solo país”, dijeron, un día después que el primer mandatario se reuniera con 14 gobernadores electos, afines a la Casa de Nariño.
El respaldo político a la Paz Total y al Acuerdo Nacional, íntimamente ligados, no ha terminado de cuajar. Con cada hecho armado contra la sociedad civil por parte de los grupos sentados en la mesa con el Gobierno, las negociaciones dan un paso atrás; al tiempo que sectores ponen en duda la voluntad de las organizaciones armadas y la legitimidad de los procesos de diálogo. Sin agregar que la oposición ha responsabilizado al Gobierno de la escalada de las hostilidades, sustentados en la supuesta inacción de la Fuerza Pública.
Varios hechos recientes son los que han dejado bastante maltrecha esa política, como el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la suspensión unilateral de la mesa de diálogos por parte de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC), la petición del repliegue de tropas en zonas como El Plateado, en el municipio de Argelia (Cauca), así como algunas asonadas contra las Fuerzas Militares en el país.
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Aunque para el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico), miembro de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con el Gobierno, la política de Paz Total no está en “crisis”, sí aseguró que está pasando por uno de sus momentos más complejos. “Debemos hacer correcciones. Con las disidencias hay que hacer un replanteamiento, como lo dijo el presidente. Pero, no nos podemos dejar llevar por el escepticismo y el desaliento, o mucho peor, creer que la paz es la vía incorrecta”, dijo a El Espectador y confirmó que el Gobierno no suspenderá los diálogos.
Precisamente, para Ariel Ávila, senador de Alianza Verde, la Paz Total, vista como una política pública, ha estado bien planteada y es bastante coherente, pues se basa en unos procesos que quedaron establecidos en la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total, aprobada hace un año en el Congreso, pero que está pendiente de examen de constitucionalidad -se dice que la Corte podría tumbar por lo menos un fragmento-. Según Ávila, la falla estaría en la política de seguridad y que en medio de los procesos con el ELN y con la disidencia de Iván Mordisco, los ceses al fuego no han logrado una disminución de la violencia.
Con esos cuestionamientos, el Gobierno ha perdido su capital político y su margen de maniobra respecto a su política de paz y a otras propuestas gubernamentales que tienen dificultades, como el Acuerdo Nacional y las reformas estructurales que se tramitan en el Legislativo. La reforma a la salud ha logrado avanzar en tan solo un par de artículos tras las elecciones regionales recientes y la discusión ha estado más sobre los procesos legislativos que sobre el mismo texto. Este miércoles el debate se aplazó porque no fue anunciado un día antes, como lo indica la ley 5ta, y la mayor parte de la sesión fue dedicada a la discusión entre Andrés Forero (Centro Democrático) y David Racero (Pacto Histórico), quien cuestionó a la oposición por diluir el quórum. También hay que decir que el Ministerio del Interior ha logrado algunos apoyos para puntos claves de la reforma a través del menudeo político.
Por otro lado, en el Congreso, el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, pasó al tablero en la Comisión de Derechos Humanos, que lo citó a un debate de control político, en el que algunos legisladores le pidieron que diera “un paso al costado”. La representante Catherine Juvinao dijo que “es irresponsable negociar sin tener rutas, protocolos y mecanismos de verificación claros. La innegable improvisación de Rueda ha permitido el fortalecimiento de estos grupos ilegales” y presentó un par de cifras, para las que citó informes de organizaciones como Indepaz, Pares, la MOE, el Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo: “El ELN aumentó su presencia en el territorio en 17.5 %; el Clan del Golfo en un 12 % y el EMC en un 39.5 %”, aseguró.
Por su parte, el senador de oposición, David Luna (Cambio Radical), se unió a las voces que pidieron la renuncia de Rueda de la Oficina del Alto Comisionado, aunque dijo que esa sería una decisión insignificante. “Lo verdaderamente importante es desamarrarle las manos y pies a la Fuerza Pública (…) El error grave ha sido la inacción total”. Así, la temperatura política en el Congreso profundiza las dificultades del presidente de cara a la gobernabilidad y la aprobación de algunos de sus proyectos, inclusive, de una eventual ley para acoger a las bandas criminales a la justicia.
Tras la aprobación de la Ley 2272 de Paz Total, quedó pendiente la de sometimiento, y si bien fue radicado un proyecto para eso en marzo de este año, la iniciativa se hundió. Posteriormente, se habló de modificar y ampliar la Ley de Justicia y Paz, que en su momento impulsó el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar paramilitares, y que podría servir para otras estructuras. En octubre, El Espectador reveló un borrador de ese proyecto, que busca el marco jurídico para que los grupos sin estatus político o bandas criminales, como La Oficina, Los Shottas, Los Espartanos o Los Pachelly, se sometan a la justicia.
Esa reforma no se ha radicado y aunque Ariel Ávila confirmó que esta semana estaban planeadas las primeras reuniones sobre el proyecto, en medio del contexto actual, “cualquier ley que se presente sobre ese tema se va a hundir (…) con este ambiente no va a pasar nada”. Por otro lado, el senador Cepeda aseguró que esa ley, como otras, debe ser objeto de una preparación: “necesitamos un consenso con fuerzas políticas, porque si no, va a repetirse lo que está pasando con proyectos como la reforma a la salud, que suscitan unas discusiones enormes”.
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La Paz Total no ha sido cuestionada solamente desde el Congreso, pues gobernadores electos, no afines al Gobierno, han manifestado su preocupación frente a la situación de orden público en sus departamentos. El gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo de frente que no cree en esa política, pues aseguró que es prioritario “el imperio de la ley en todos los rincones del país, con seguridad y justicia”. Esas mismas dudas se extienden sobre el Acuerdo Nacional, ya que tanto la política de paz y esa propuesta van juntas.
Así las cosas, habrá que esperar cuál será la decisión del Gobierno Nacional frente a tal crisis. Ariel Ávila dijo que espera que tras la liberación de Luis Manuel Díaz y si se puede recuperar la legitimidad, el proceso con el ELN no continúe “como si nada hubiese pasado”. Sobre el Acuerdo Nacional, Cepeda señaló que es “urgente e impostergable. Es necesario que ya se asuman decisiones para buscar procesos de concertación en torno a los temas que requieren consensos nacionales”. No obstante, dijo que todos los esfuerzos del Gobierno en este momento están en superar las “fluctuaciones” de la Paz Total.
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Por Laura Duarte Sandoval
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