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Una de las primeras funcionarias que Gustavo Petro nombró cuando llegó a la presidencia, el 7 de agosto del 2022, fue Martha Lucía Zamora, la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Su designación se hizo pública, de hecho, una semana después de que el mandatario asumiera. Y comenzó a trabajar casi a la par de él, apenas con 17 días de diferencia. Le encargó liderar nada menos que la protección de los intereses nacionales en todos los casos por los que Colombia ha sido demandada, y que van desde graves violaciones a los derechos humanos hasta irregularidades en procesos de licitación pública.
A pesar de esa cercanía, el presidente Gustavo Petro reconoció este lunes, 4 de diciembre, que pidió —y aceptó— su renuncia al cargo tras las fuertes diferencias que tuvo Zamora con el canciller Álvaro Leyva, por el proceso licitatorio de pasaportes que ha controlado Thomas Greg & Sons desde hace 16 años. La jurídica advirtió, de varias formas, que si la pelea legal escalaba se podría perder una demanda por $117.000 millones que esa firma ya puso a andar. Y sugirió conciliar.
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Zamora no era una cara nueva para el presidente. Trabajó como su Secretaria General en la Alcaldía de Bogotá, entre 2015 y 2016, y su cercanía con temas relacionados con conflicto armado y derechos humanos la llevó a ser investigadora en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuando Iván Velásquez —hoy ministro de Defensa— era el jefe.
Incluso, lideró varios procesos judiciales que han sido bandera para Petro, como destrabar los expedientes contra Colombia en los casos de las masacres cometidas en Ituango (en La Granja y El Aro) entre 1996 y 1997. Allí, la dirección de la Agencia de Defensa Jurídica reconoció la responsabilidad del Estado y, después de casi tres décadas de impunidad, un presidente de la República pidió perdón en un acto público por los hechos cometidos por militares en connivencia con las autodefensas.
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Y lo mismo con otras causas cercanas al mandatario, como las ambientales. Uno de los casos emblema, que sigue en pleito, es la condena que impuso en 2021 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por, supuestamente, violar los acuerdos del TLC entre Colombia y Canadá tras prohibirle a la multinacional Eco Oro explorar y explotar depósitos de oro y plata en el Páramo de Santurbán, pese a ser zona protegida.
Los pleitos internacionales y procesos en tribunales de arbitramiento que cargó Zamora sobre sus hombros en todo el 2023 representan más de $12 billones, que corresponde a más de la mitad de lo que el Gobierno de Petro esperaba recaudar con su reforma tributaria este año. Bajo su dirección también estaba el futuro del proceso por el Galeón San José, que de hecho tendrá una audiencia decisiva este mes para definir si una firma estadounidense tiene derecho a la mitad de lo encontrado en aguas colombianas. La Agencia ha liderado un proceso de objeciones para impedir que el país pague $10 billones de dólares.
Por eso, su salida en medio de un panorama de incertidumbre para el Gobierno no es un asunto menor. Tampoco pareciera haber muchos nombres sobre la mesa, pues justamente una de las personas en las que más confía el presidente para sugerir fichas en materia judicial es, justamente, el ministro Velásquez, quien había sido uno de los que impulsó a Zamora para llegar al cargo. Con él construyó la terna de fiscal y es una de sus personas de más confianza, aunque en la Casa de Nariño hay rumores de relevos de ministro en esa cartera.
Lo cierto es que la ruptura de la relación entre el presidente y Zamora se dio de forma escueta, lejana y fría. Petro, por intermedio de uno de sus funcionarios, le pidió la renuncia el pasado viernes, 1 de diciembre, luego de que se conociera la pelea entre la directora y el canciller Leyva.
Según contó la dirctora en W Radio, todo empezó porque en un comité de conciliación por el caso de la licitación de pasaportes, que había quedado en manos de Thomas Greg & Sons —pero que Petro declaró desierto el proceso—, ella sugirió acceder a la petición de conciliar para evitar una millonaria demanda contra el Estado, lo que al parecer en Cancillería no caló bien.
Y aunque Leyva no estuvo en la reunión, Zamora referenció que, en su lugar, hizo presencia Juan Carlos Losada Perdomo, el director de asuntos jurídicos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y quien, en un principio, estuvo de acuerdo con la conciliación; pero después se opuso. Leyva, además, habría dicho hace poco que ratificaba esa posición, y que si Thomas Greg demandaba, y el Estado perdía, seguramente para ese momento él ya estaría en la tumba.
Esa, además, es la posición del presidente Petro, quien desde un comienzo dejó clara su posición de declarar desiertos los procesos de contratación en los que haya un solo proponente. “Si alguien gana que sea por competencia, en esta administración no hay derechos heredados”, dijo. Se refierió, además, al hecho de que Thomas Greg & Sons lleva 16 años, —cuatro gobiernos— de manera ininterrumpida, ganando el multimillonario contrato para expedir los pasaportes en Colombia.
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Sin embargo, Martha Lucía Zamora contrarió al mandatario y aseguró que “el proceso no es de un único oferente, es un último oferente, que es distinto. A él (Thomas Greg) se le calificó con mil puntos en medio del proceso de selección. Y después se declara desierta la resolución del contrato”. Lo que quiere decir es que, aunque al proceso licitatorio algunos lo han calificado como amañado, en la minucia técnica y jurídica la Agencia no encontró irregularidades que ameritaran haber declarado desierta la licitación y, en su lugar, advirtió los riesgos que tendría para el Estado irse a pleito con la empresa.
Por eso, la Agencia de Defensa Jurídica, e incluso otros asesores de la Cancillería, en medio del comité de conciliación del pasado 24 de noviembre, suscribieron de manera unánime la idea de llegar a una conciliación con esa firma. Según Zamora, la decisión implicaría ampliar los servicios adicionales —del contrato— con una planta para expedición de pasaportes en Miami, una de las ciudades extranjeras con mayor demanda.
Ese día, incluso, habrían llamado a los abogados de Thomas Greg & Sons para citarlos al próximo comité para terminar de concretar la conciliación; no obstante, un día antes la reunión se canceló. Y aunque no hay certezas, la directora advirtió que le generó suspicacia el hecho de que, por esos días, se hubiera reunido en París el hijo del canciller, Jorge Leyva, con Juan Carlos Losada, el funcionario de Cancillería.
Sobre esto, el canciller Álvaro Leyva aseguró que no responderá por lo que haga Jorge, “porque es un niño de 53 años”, pero tampoco despejó las dudas sobre qué hacía su hijo reunido con un funcionario suyo cercano al proceso de licitación de pasaportes.
De acuerdo con la denuncia que hizo Za mora, su pelea con el canciller fue en los pasillos de la Casa de Nariño, cuando ella esperaba una cita para reunirse con Vladimir Fernández, el secretario jurídico de Presidencia. Y aunque no quiso reiterar sobre sus palabras ni el tono en que se dieron, sí dijo que la interpeló.
“Me dijo que tenía que hablar conmigo. ‘Usted por qué está diciendo que yo estoy en actos de corrupción con la licitación’”, recordó en la emisora. Según ella, ese momento “debe estar grabado en las cámaras de la Casa de Nariño”, pero el presidente, lejos de tomar distancia, respaldó a Leyva y aseguró que no la había gritado.
Zamora, en la W, aseguró que confiaba en Petro e intentó desligarlo de la situación. “Sé de su honestidad. Lo conozco. Sé lo que lo mueve a él, pero él no sabe ni la mitad de cosas que pasaron en este proceso licitatorio”. Sin embargo, la posición del jefe de Estado fue radical y tajante. Desde Dubái, donde participa en la Cumbre Ambiental COP28, dijo que su salida del Gobierno se debe a “distanciamientos en otros casos”, aunque no dio detalles.
Lo cierto es que, aunque la directora de la Agencia de Defensa Jurídica era de sus afectos, está lejos de ser de su círculo íntimo, en el que sí está el canciller Leyva y quien, además, está desde el día uno de la primera administración de izquierda y ha sonado, incluso, hasta para ser alto comisionado de paz.
Por lo pronto, el caso de la licitación escaló penalmente hasta la Fiscalía, donde anunciaron que comenzarán a investigar si existen irregularidades en esa proceso y advirtieron que analizan cuándo citar a Zamora para conocer su versión judicial sobre el caso.
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