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Aunque hay dos acciones jurídicas, una en el Consejo de Estado y otra en la Corte Constitucional, que buscan demostrar que la votación que se dio a finales de 2017 sí fue suficiente para aprobar la creación de 16 curules en el Congreso para las víctimas del conflicto armado, el Gobierno Nacional echó a volar una propuesta que crearía una circunscripción en la Cámara de Representantes destinada exclusivamente para esta población, y que funcionaría como hoy funciona la circunscripción para negritudes y colombianos en el exterior.
La propuesta no ha sido presentada y se espera que en los próximos dos meses el Gobierno la prepare y la presente al Congreso en marzo de 2020, cuando se inicie el segundo período de la Legislatura. Sin embargo, el debate es amplio y desde los sectores propaz se ha dicho que es una iniciativa tramposa que pretende desconocer lo que está en el Acuerdo de Paz, en donde explícitamente se menciona que se crearán 16 curules, adicionales a las ya existentes, para que a ellas lleguen personas afectadas por el conflicto colombiano.
El mismo presidente Iván Duque Márquez, durante el taller “Construyendo País” que se realizó el pasado sábado el Mompox (Bolívar), señaló tres elementos que contendría el proyecto: primero, que no se aumentará el tamaño del Congreso, es decir, que las curules que se determinen para las víctimas se sustraerán de las que conforman la Cámara; segundo, que los candidatos a esta circunscripción deberán ser víctimas reconocidas y certificadas por el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas; y, en tercer lugar, que los aspirantes deberán ser avalados por los partidos políticos o movimientos.
“No es crecer el Congreso, sino dentro de la misma composición, hacer una reforma orientada a garantizar una curul para las víctimas. Es una propuesta para construir con los partidos políticos. Ya hay unas personas que entraron al Congreso luego de un proceso, y hoy son las víctimas las que están pidiendo ese espacio. Es una propuesta del presidente para los partidos políticos y será una construcción conjunta. Llegamos al momento para que, como país, pensemos cuáles son las reformas que se requieren para la participación política y democrática”, explicó Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior.
Desde el Centro Democrático, partido de gobierno, la senadora Paloma Valencia dice que están de acuerdo en que haya curules para las víctimas, pero no para los territorios. Explica: “Las mayores víctimas en Colombia son los desplazados y sería injusto decir que hay curules para víctimas, en las que las mayorías no pueden participar porque tuvieron que dejar los territorios donde vivían”.
Para la congresista, lo mejor es crear una circunscripción que no implique el aumento del tamaño del Congreso, en la que participen víctimas registradas en la Unidad para las Víctimas y a la que solamente puedan votar las personas que resultaron afectadas directamente por el conflicto armado. Además, señala que es importante que los miembros de la Fuerza Pública, “que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad”, puedan ser candidatos y votantes. “La propuesta de que sean los partidos los que las presenten puede ser interesante, pero teniendo una circunscripción independiente y sin aumentar el número de congresistas que hay”, concluye la senadora.
La oposición, por supuesto, opina lo contrario. El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, calificó la propuesta presidencial como una “nueva burla” al Acuerdo de Paz. “El presidente lo que tiene es que sancionar y promulgar ese acto legislativo que fue debidamente aprobado por el Congreso y no seguir tomándole el pelo a las víctimas. Esa propuesta es claramente inconstitucional porque modificará sustancialmente el Acuerdo de Paz y eso él lo sabe”, manifestó Cepeda.
Por su parte, el senador Roy Barreras, de la U, acusó al Gobierno Nacional de promover un “negacionismo contra el Acuerdo de Paz”. “Meten a los medios en un falso debate sobre pensar si hay que aprobar o no unas curules que ya están aprobadas, que se aprobaron en diciembre de 2017. Ha sido el Gobierno el que se ha negado a promulgarlas cuando es un mandato constitucional que tiene un elemento fundamental, que es negado en la declaración del presidente, y es la reparación integral del territorio”, aduce Roy.
Sobre la posición de la senadora Valencia, respecto de que deben ser curules para las víctimas y no para los territorios, Barreras contraargumenta que las 16 circunscripciones que habían sido determinadas en el proyecto de acto legislativo corresponden a los lugares que tienen planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET). “Esos planes los está administrando Emilio Archila, y lo está haciendo bien. Eso implica que haya curules en esas circunscripciones especiales, no políticos de los partidos disfrazándose de víctimas. Si el presidente quiere hacer un gesto positivo, qué noble sería que promulgara las curules y dejara de oponérseles en las cortes”.
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Otro de los asuntos que implica la propuesta del Gobierno es que se tendría que reformar todo el sistema de asignación de curules del Congreso de la República. Actualmente, los escaños en el Legislativo que le corresponden a cada departamento se definen por una operación matemática que tiene en cuenta la extensión y la población. En términos prácticos, si el presidente Duque quiere crear una circunscripción para víctimas, ese asunto se deberá reformular, lo que implicaría, sí o sí, que algunos departamentos quedarían con menos curules de las que les corresponden hoy por ley.
Ese cambio dependerá, fundamentalmente, del número de curules que serían destinadas para esta circunscripción, lo que también entraría a reñir con lo ya estipulado en el Acuerdo de Paz, que en el punto 2.3.6 señala de manera clara que “el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de 16 representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por dos períodos electorales”. Si el número que determine el Gobierno es menor a este, significaría una reforma a un punto estructural del Acuerdo de Paz.
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