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A las 10:45 am de este viernes se confirmó quién será la primera mujer defensora del Pueblo: Iris Marín. El resultado de la votación en la Cámara de Representantes no fue una sorpresa para nadie; era tan esperado que incluso una de las ternadas, Jomary Ortegón, nunca llegó al Salón Elíptico, y Dora Arias, la otra candidata, llevó preparadas unas palabras de agradecimiento para dirigirse a la plenaria. Marín logró obtener 170 votos de un total de 186 y consolidar lo que ella misma llamó una “votación multipartidista”. Ortegón y Arias, sacaron 10 y seis votos a su favor, respectivamente.
Marín, quien tomará las riendas de la Defensoría desde el próximo 1 de septiembre y hasta el 31 de agosto de 2028, tuvo solo siete días hábiles para aprender a moverse en el ámbito político, un mundo al que era ajena, y así lograr convencer a, por lo menos, dos tercios de los representantes para votar por ella como reemplazo de Carlos Camargo, quien dejó el cargo como defensor tres meses antes de terminar su administración para ser vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda.
El jueves 8 de agosto, cuando el presidente Gustavo Petro dio a conocer su terna y así dio inicio a la carrera por la jefatura de la entidad, la abogada convocó a los congresistas de todos los espectros. Les envió comunicaciones personales a los 188 miembros de la Cámara y se puso a disposición de las bancadas. Con la única que no se reunió fue con la del Centro Democrático, que tampoco tuvo encuentros con las otras dos candidatas.
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El lunes siguiente, cuando El Espectador se comunicó por primera vez con Marín, la entonces candidata sostuvo reuniones en un hotel de la calle 26 y luego se reunió con el contralor, Carlos Hernán Rodríguez. El miércoles, las ternadas presentaron su plan de trabajo ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y, ese día en la noche, los partidos se congregaron a evaluar por quién se inclinarían. La mayoría apoyaba a Marín, pero esperaron hasta el día siguiente, cuando las candidatas expusieron sus propuestas frente a la plenaria, para hacer pública su decisión.
Ya para este jueves el escenario estaba decantado. A través de un comunicado, el Partido Conservador, con sus 27 curules, expresó su apoyo a la exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional, y le siguieron las 16 curules de paz, los 15 miembros del Partido de la U, varios liberales, otros de la coalición Centro Esperanza y buena parte del Pacto Histórico, colectividad en la que se desencadenó una crisis interna.
Según explicaron fuentes cercanas al Pacto, algunos liderazgos más radicales empezaron a ejercer presión para votar por Jomary Ortegón, vicepresidenta del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), quien generó resistencia en los partidos de oposición por considerarla una persona que podría perseguirlos. Incluso, se especuló que miembros de Cambio Radical y el Centro Democrático podrían “cobrarle” a Ortegón el hecho de que el Cajar hubiera interpuesto demandas contra algunos representantes de esos partidos y el que el colectivo esté vinculado con la defensa del senador Iván Cepeda en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe.
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Otros representantes del Pacto sostenían la tesis de que cualquiera de las tres sería una candidata apropiada para que la colectividad apoyara de manera unánime, pues la terna fue presentada por su líder, el presidente Petro. El desencuentro que explotó en la noche del jueves llevó a que 19 de los 29 representantes firmaran una carta en apoyo a Iris Marín. Siete u ocho de los demás votos fueron para Ortegón y otros dos o tres, para Arias.
Marín fue enfática en que ella no representa ninguna colectividad más que de las organizaciones sociales que apoyaron su candidatura. La nueva defensora le dijo a El Espectador que “dependiendo de la parte que se mire de mi hoja de vida se encuentra una cierta afinidad política”, pero que su única apuesta ha sido por “las personas, instituciones y gobiernos que tengan una apuesta por los derechos humanos, por la paz y por la solución de las violencias en este país”.
Su capacidad de interlocución con los diferentes sectores quedó demostrada con más del 91% de los votos de la Cámara. Durante su discurso del jueves, Marín afirmó que una votación multipartidista es un gesto de “paz política” y que aspira a que esto le garantice la suficiente legitimidad para armar consensos en materia de derechos humanos, algo que fue difícil para su antecesor.
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Sin embargo, al ser una vieja conocida del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por haber hecho parte de las negociaciones con las extintas FARC como asesora del gobierno de Juan Manuel Santos, hay expectativa sobre cómo manejará la burocracia en una entidad que se considera un fortín burocrático, con cerca de 5.000 cargos, y un presupuesto de $1.2 billones ($1′273.790′505.415) para este 2024. “Con meritocracia”, le dijo a este diario.
La nueva cabeza de la entidad tendrá un salario de aproximadamente $30 millones y tendrá que darle manejo a una serie de crisis humanitarias que azotan a los colombianos en diferentes latitudes. En Chocó, el paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene a casi 50.000 personas confinadas y al sur de ese departamento no cesa el cruce de fuego entre la guerrilla y el Clan del Golfo por el control de las rutas ilegales. Además, hace una semana se supo del secuestro de más de 60 soldados en el Guaviare.
A pesar de estas crisis, cuando El Espectador le consultó sobre estos temas, Marín evitó hacer comentarios detallados y señaló que prefería esperar a asumir oficialmente el cargo el próximo 1 de septiembre para realizar un diagnóstico completo de la situación humanitaria en Colombia y así consolidar una estrategia estructural. “Ya en este momento estoy comprometiendo la visión de la Defensoría del Pueblo y quiero hacerlo con mucha responsabilidad”, afirmó.
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No obstante, la defensora recogió su experiencia en la Corte Constitucional para asegurar que las violaciones a los derechos humanos en el país han venido en aumento. “El desplazamiento forzado aumentó 38% en los primeros meses de este año con respecto al año anterior. Igualmente, el confinamiento ha venido aumentando en los últimos años y 8 de cada 10 personas afectadas por el confinamiento pertenecen a comunidades étnicas”, explicó en diálogo con este diario.
El decálogo de prioridades de Marín lo encabezan la protección de las víctimas del conflicto armado y los derechos de las mujeres y la igualdad de género, un tema que será estructurante en sus cuatro años de gestión, al ser la primera mujer en ocupar el cargo en las tres décadas que lleva la Defensoría desde su creación. También quiere trabajar en los temas de migración por el Darién, las personas privadas de la libertad, los derechos de la niñez y el medio ambiente. Su nuevo rol comienza con su posesión dentro de 16 días. La defensora espera ponerse en contacto con Julio Luis Balanta, defensor encargado, la próxima semana para comenzar el proceso de empalme.
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Por Daniela Cristancho
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