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En la misma semana en la que la Casa de Nariño fue testigo de uno de los choques más intensos entre el presidente Gustavo Petro y su gabinete, que despertó la posibilidad de un nuevo remezón ministerial que ya ha dejado cambios en las cabezas de por lo menos dos entidades, también se destaparon las fuerzas dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo que investiga la campaña presidencial del Pacto Histórico de 2022 y sobre la que ocho magistrados tendrán que decidir si infringió los límites de gastos.
El CNE está a tan solo cinco semanas de tomar una decisión crucial y de revelar sus hallazgos, los cuales proporcionarían nuevas pruebas para otros expedientes relacionados con la campaña en la Corte Suprema, la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara. Los avances en la indagación son resultado de las audiencias realizadas en los últimos días de enero, en las que uno de los magistrados encargados del caso, el liberal Benjamín Ortiz, escuchó a varios testigos electorales, entre los que estuvo Cristian Uscátegui, quien sostuvo que la campaña contrató a cerca de 73 mil testigos y cuyos pagos no aparecen en las cuentas oficiales.
El avance procesal en todos los frentes, que no solo incluye las audiencias -sino también acciones de otros entes como la inspección judicial realizada hace una semana por la Fiscalía a Fecode, que habría donado a la campaña a través de Colombia Humana $500 millones-, ha sido cuestionada por el presidente Petro.
De hecho, este viernes cargó con fuerza por estas pesquisas. Denunció una supuesta “ruptura institucional que ha llegado al máximo desespero. (…) Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se han usado presiones sobre testigos para acusarme”. Y tácitamente dijo que el fiscal Francisco Barbosa, en alianza con la procuradora Margarita Cabello y otros jefes de órganos disciplinarios y judiciales, estarían detrás del plan para supuestamente sacarlo de la Casa de Nariño. Ellos, en todo caso, sí han sido duros críticos de esta administración, han procesado a algunos de sus alfiles y han señalado al jefe de Estado de golpear la institucionalidad.
La mayoría de las pesquisas a las que se refiere el presidente se llevaron a cabo en momentos en los que varios ministros pusieron su permanencia en el Gobierno a disposición de Petro, tras una tensionante reunión del gabinete que comenzó cerrando la tarde del 31 de enero y se extendió hasta la madrugada del 1° de febrero. Del desfile de posibles dimisiones se concretaron la del director del DNP, Jorge Iván Velásquez, y la del director de Colombia Compra Eficiente, Stalin Ballesteros.
Mientras tanto, se habla también de que Felipe Harman, exalcalde de Villavicencio, asuma la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y que Luis Gilberto Murillo, embajador en Washington, llegue a la Cancillería en reemplazo del suspendido Álvaro Leyva. Además, está pendiente la salida de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, quien presentó su dimisión desde el 10 de enero por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos.
Pero, retomando la investigación en el CNE y de acuerdo con los hallazgos, la campaña estaría a solo $130 millones de superar los topes y, de confirmarse el presunto pago de $60 mil a cada uno de los testigos, no sería necesario considerar otras posibles irregularidades. Es el caso de los $500 millones de Fecode que ingresaron a las cuentas de Colombia Humana y que, posiblemente, terminaron en la campaña sin reportarse debidamente. “La donación fue usada para los escrutinios, un proceso legal distinto”, le dijo a este diario Eduardo Noriega, delegado del partido.
(Lea: “Esta es la torta de $76 mil millones que tendrá que repartirse entre 37 partidos”)
Uscátegui dijo que a cada testigo se le habría pagado a través de Sured y otras firmas, además de cubrir gastos de alimentación y transporte. Solo esas cuentas sumarían $4.380 millones a los gastos. “Es posible rastrear fácilmente esos pagos, con los montos y fechas de desembolso”, dijo. De hecho, el CNE está a la espera de los informes de los movimientos de algunas empresas de giros.
Así, ante la inminente decisión del CNE, la atención está sobre el entonces gerente de la campaña y presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la auditora y ahora secretaria general del ICBF, María Lucy Soto Caro, así como en los movimientos políticos que avalaron a Petro: Colombia Humana y la UP. En tal escenario, serían los primeros en enfrentar sanciones, ya que aquellos que administren los recursos de la campaña que supere los topes podrían enfrentar hasta ocho años de prisión, y el proyecto político podría recibir multas iguales al valor de lo excedido.
Y en el caso del presidente Petro, la competencia de determinar su posible responsabilidad recae sobre el Congreso. Sobre esto, él mismo alertó que están “pidiendo su juicio político, buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó”, por lo que solicitó vigilancia internacional sobre el país y más marchas callejeras.
Las pesquisas sobre la campaña presidencial abarcan también otros frentes. Por un lado, se investiga el origen de algunos fondos, especialmente tras las declaraciones de Nicolás Petro -hijo del jefe de Estado- ante la Fiscalía, quien mencionó haber recibido dinero de fuentes ilícitas, supuestamente destinadas al proceso electoral. Además, el exembajador de Venezuela Armando Benedetti habló del ingreso de $15.000 millones de procedencia desconocida, lo cual genera varias dudas que, sin embargo, han sido negadas por la campaña.
Así están las fuerzas en el CNE
Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Prada, del Centro Democrático, son los magistrados responsables del caso, quienes para marzo tendrán lista la ponencia que deberá ser sometida a votación del pleno del CNE. Aunque desde esa entidad se prevé que el sentido de la ponencia es que la campaña sí violó los topes, la votación enfrenta tensiones jurídicas y políticas.
Según fuentes enteradas, si la ponencia fuese desfavorable para el presidente, las magistradas del Pacto Histórico, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, y el de Alianza Verde, Cristian Quiroz, afines al Gobierno, podrían votar negativo. De esta manera, el jefe de Estado contaría con tres votos a favor y cinco en contra entre el pleno de los magistrados.
Esa situación se mantendría a menos de que los acuerdos en el Congreso -que retomará sus sesiones el 16 de febrero- cambien el panorama. En ese caso, podrían tambalear los votos de los magistrados Alfonso Campo y Maritza Aristizábal, del Conservador y la U. De todos modos, si la ponencia de Ortiz cuenta con una sólida base probatoria, la tensión política sería marginal. Esto se debe a que los magistrados tendrán que votar con base en la evidencia, de lo contrario serían denunciados por prevaricato.
Son ocho los magistrados con derecho a votar, ya que el liberal Altus Baquero fue suspendido por el Consejo de Estado, y otro de los integrantes es Pablo Cruz, de Comunes, solo tiene voz pero no voto. Por tanto, los miembros que podrán votar son Ortiz, quien fue secretario de la Registraduría de Alexánder Vega; Alfonso Campo, del Conservador y exdirector de la UNP de Iván Duque; César Lorduy, exrepresentante de Cambio Radical y cercano a los Char; Fabiola Márquez, del Pacto Histórico y excontratista de Bogotá en la alcaldía de Petro; Maritza Martínez, de la U y exsenadora; Álvaro Prada, del Centro Democrático y exrepresentante; Alba Lucía Velásquez, del Polo y quien fue precandidata a la Gobernación de Cundinamarca, y Cristian Quiroz, cuota de Alianza Verde, partido del que fue asesor jurídico.
Con la votación 5-3 se añade otra complejidad, ya que las decisiones en el CNE deben ser tomadas por las dos terceras partes de sus miembros, es decir seis votos, según su reglamento. En ese escenario, los conjueces del CNE -algunos han sido exmagistrados de las altas cortes- participarían en la votación. Estos actúan en casos de empate o cuando no es posible lograr quórum. “Debido a su naturaleza, están menos expuestos a presiones políticas (…) Para ellos, el caso es claro: se trata de un problema de sumas”, dijeron en la entidad.
Cuando la ponencia sea presentada, los magistrados también podrían emplear mecanismos para hacer recomendaciones, como solicitar la rotación del expediente para confrontar las pruebas. Incluso, en la Sala Plena podrían considerar que se necesite más tiempo y posponer la votación por una semana adicional. Por el momento, la investigación a la campaña tendría una ponencia en marzo. Y, en función de los hallazgos y de la decisión, el CNE podrá compulsar copias a la Corte, la Fiscalía y al Congreso, para aportar a otros frentes abiertos sobre la campaña de Petro.
Así, las próximas semanas serán claves para el Gobierno, pues habrá decisiones sobre este expediente y se corroborarían los cambios en el gabinete. Todo en medio de los llamados de atención de Petro a sus ministros, su pelea frontal con Barbosa -y otros organismos- y sus advertencias sobre una presunta “persecución” por la que ya pidió “máxima movilización (…) Llegó el momento de la expresión popular”.
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Por Laura Duarte Sandoval
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