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Hasta la Punta Sur de Isla Grande, una de las Islas del Rosario, llegó el Esmad en marzo de 2023. La presencia de estos uniformados era absolutamente atípica en este pequeño paraíso, que, en lancha, queda a 45 minutos de Cartagena. El escuadrón de la Policía avanzó por la arena blanca, abriéndose paso entre la multitud que, confundida, le exigía una explicación. Su misión era acompañar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a recuperar el baldío que, según la entidad, fue ocupado de manera irregular por la Sociedad Gente de Mar Resort hace más de dos décadas. Incluido este, durante el año pasado, la ANT recuperó 13 terrenos en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario.
Las acciones de la Agencia en las islas van en concordancia a las alertas que ya habían lanzado otras instancias. De acuerdo con la Contraloría, las pérdidas por pagos irrisorios en arriendos y otros rubros de estas islas, una situación que ya había advertido también la Procuraduría, superó los $9.000 millones. Así, el plan del director de la ANT, Gerardo Vega, es recuperar este año 158 predios baldíos, los cuales representan un área aproximada de 180 hectáreas.
El hotel Gente de Mar -a donde llegaron por orden judicial el Esmad, la Defensoría, Procuraduría, ICBF y la ANT- venía funcionando desde el año 2010. Según contó a los medios la representante legal de la sociedad, Angélica Navia, cuando salió la polémica por la forma del desalojo, su familia le compró el lugar a un nativo hace más de 27 años por una suma de $100 millones de pesos. Sin embargo, la ANT explicó que el predio nunca tuvo contrato y que el hotel de lujo fue “construido de manera ilegal por una persona condenada por la justicia por despojo a los anteriores ocupantes”, haciendo alusión a Álvaro Antonio Navia, padre de Angélica, a quien la Corte Suprema de Justicia ordenó condenar por perturbación a la posesión. De acuerdo con su hija, no hay relación entre ellos dos y él no tenía injerencia en el manejo del hotel.
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“El Estado había intentado recuperar el predio en 2012 y 2022, pero suspendió las diligencias por tutelas interpuestas, que fueron negadas después de haber frustrado las diligencias”, contó Vega. Así, el predio fue recuperado materialmente el 23 de marzo del año pasado y, una semana después, el 1 de abril, fue entregado mediante la figura de contrato interadministrativo a la Sociedad Tequendama S.A.S. De acuerdo con la ANT, aún opera como restaurante y hotel y continúan vinculadas las personas que trabajaban para Gente de Mar y está permitida la venta de artesanías, tours guiados y otros servicios de la comunidad étnica Orinka. El año pasado, Tequendama pagaba $15 millones por el arriendo, precio que se eleva a $20 millones este 2024.
Gente de Mar ha interpuesto dos tutelas en contra de la ANT, argumentando que se vulneraron sus derechos al debido proceso, defensa y mínimo vital, como los derechos de los habitantes de la isla. En el recurso judicial argumentan que no tuvieron notificación previa del proceso de desalojo y que ese 23 de marzo, “una vez se opusieron a la práctica de la dirigencia, la Policía hizo uso desmedido de la fuerza, procediendo a golpear a los lugareños y a alejarlos del sitio para tomar posesión de las instalaciones del Ecohotel. Adicionalmente, irrumpieron en cada una de las habitaciones ocupadas por turistas y cambiaron las guardas, transgrediendo su propiedad privada y la tranquilidad de los turistas que estaban haciendo uso de las habitaciones”.
Estas tutelas fueron negadas, pues, como se lee en la sentencia, “no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por el tutelante, ya que la ANT adelantó la actuación que le correspondía, en ejercicio de las funciones de dar cumplimiento a lo ordenado en actos administrativos previos”.
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Inicialmente, la ANT dijo que el costo del operativo de Gente de Mar había sido de $350 millones y presentó, al día siguiente, la demanda civil contra los representantes para recuperar ese dinero. Sin embargo, la retiraron cuando recalcularon el costo real de la operación: casi 900 millones de pesos. “Allá tuvo que quedarse todo el grupo inicial de trabajo”, contó Vega haciendo referencia a las embarcaciones que trajeron personal de asistencia en salud, de la Contraloría y Defensoría, y más de 150 agentes de policía. La demanda con el nuevo valor será interpuesta este mes, aseguró el director.
El problema con los baldíos de las Islas del Rosario no es nuevo. Desde hace más de dos décadas ha habido casos de privados que ocupan y explotan predios en las islas sin la autorización del Gobierno. Eso también ha permeado la percepción de que estos terrenos son propiedad privada y no del Estado, como es en realidad. Que “eso es de gente muy rica” dicen los lancheros cuando pasan por los islotes. En su momento, el Incoder logró hacer algunos contratos de arrendamiento de estos espacios, sin embargo, el valor de algunos de ellos era del 1% del valor catastral. Es decir, arriendo por, incluso, 200 mil pesos.
Pero los baldíos, con el aval de la ANT, pueden ser aprovechados para vivienda o ecoturismo. Es por esto que la Agencia busca recuperar los terrenos y celebrar con los arrendatarios contratos más justos. A finales de 2022 e inicios de 2023, la entidad presentó 42 demandas para la anulación anticipada de contratos de arrendamiento ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, argumentando diversas causales, incluyendo contratos sin avalúos adecuados, renovaciones con arrendatarios en mora y construcciones ilegales.
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Los casos de los 13 predios recuperados durante el 2023 son diferentes. Uno de ellos, llamado Argonautas, fue entregado de manera voluntaria por el empresario de Kola Román Henrique Luis Román Becerra, en febrero del año pasado. La entrega se hizo a la Policía Metropolitana de Cartagena para montar la primera subestación en Islas del Rosario.
Entre los 13 también está Mayron Vergel Armenta, quien fue superintendente general de Puertos y es conocido también por sus interventorías en negocios de aseo. Además, fue investigado como interventor por presunta corrupción en la adjudicación de un contrato de Alianza Público Privada en el río Magdalena, cargos que él siempre negó. En la isla Samoa había construido una mansión que alquiló y estaba en proceso de vender por cerca de $4.000 millones.
De acuerdo con la ANT, el contrato de arriendo con Vergel, que aprobaba su uso para la vivienda o recreación de la familia, y que era cercano a los $2,5 millones por 1.398 m², estaba vencido. Por eso, la entidad se hizo con el predio en octubre pasado y está en curso la suscripción de un contrato con la Sociedad Tequendama S.A.S, la misma que se quedó con Gente de Mar, para su cuidado. Esto, pues, los dos terrenos en la Punta Sur de Isla Grande son aledaños. Los pleitos que hay sobre estos dos predios están en etapa de conciliación.
También en octubre, la entidad que lidera Vega recuperó un predio que estuvo arrendado al hermano de Maurice Armitage, empresario vallecaucano y exalcalde de Cali. Howard Armitage Cadavid, quien falleció en mayo de 2018, también tenía un contrato vencido con la ANT para la Isla San Quintín. Provisionalmente, fue entregado a una pareja de Barú, mientras es ofertado públicamente “para que cualquier ciudadano que no sea una inmobiliaria, o que no entregue su operación a un tercero, pueda suscribir contratos directamente con la Agencia Nacional de Tierras”.
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Entre otros nombres conocidos está el de la reconocida dramaturga Fanny Mikey, quien cuando falleció, en 2008, le heredó el arriendo de Isla Fama a su hijo Daniel Álvarez Mikey, quien también es gestor cultural y productor de teatro. La ANT argumenta que Álvarez no cumplió con sus obligaciones contractuales. “No cumplieron con el pago del arrendamiento, llegando a adeudar a la ANT más de $50 millones, no constituyeron la póliza de arrendamiento y estaba siendo explotado con fines turísticos por parte de un tercero”, se lee en el informe de los predios recuperados que consolidó la entidad y al cual accedió este diario. La contraparte, por su lado, niega que adeudara dinero y que se explotara el terreno para fines indebidos. Sin embargo, la Agencia lo recuperó materialmente el 16 de noviembre pasado y aseguró que, próximamente, será ofertado públicamente.
Otro de los predios, la Isla San Juan de Pajarales, que tuvo un contrato con la sociedad Rosasco Cardi S en C y que, según la ANT, terminó de manera anticipada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Específicamente, porque se encontró en estado de abandono, con su infraestructura sumergida en un 70%. El predio, debido a su cercanía con el Oceanario, será utilizado para la restauración de corales en el archipiélago, Esto tras su entrega a la Fundación San Martín CEINER.
Foncolpuertos, Remanso, Gran Edén, Casa Blanca, Hooker e Isla Nasa son los otros baldíos que fueron recuperados durante 2023. El argumento para reclamar la mayoría fue el uso indebido de los predios. Todos fueron entregados provisionalmente al Consejo Comunitario de Islas del Rosario. El plan para Foncolpuertos, estaba en manos de que la entidad mixta CISA (Central de Inversiones), es que funcione como centro de guías turísiticos y para Hooker que sea casa de hospedaje para médicos y profesores que prestan sus servicios a la comunidad de la isla, y también como embarcadero para el colegio y el hospital.
El criterio para el uso de la isla después de la recuperación depende de la capacidad organizacional y financiera que tuviera el espacio y de la comunidad. “Nosotros no queremos afectar económicamente las Islas del Rosario. Si recuperamos un predio que estaba siendo explotado económicamente no puede parar al día siguiente”, explicó Vega.
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El pasado viernes, 12 de enero, a las oficinas de la Agencia Nacional de Tierras llegaron 22 arrendatarios de predios en las Islas del Rosario cuyos contratos terminaron el 3 de diciembre de 2023. Entre cafés y con la presencia de la Contraloría, discutieron con Vega la posibilidad de celebrar nuevos contratos bajo nuevas reglas de juego. Primero, un ajuste al cánon de arrendamiento y medidas de cuidado ambiental específicas.
“Yo aspiro que al 19 de enero lograr los nuevos acuerdos firmados”, dijo el director. El ajuste del cánon depende de la extensión del terreno, el porcentaje de uso productivo y su ubicación. Los precios que se le propusieron a los arrendatarios se basaban en un estudio de mercado comparativo con Barú, el territorio continental más cercano a las Islas.
En el plan de la Agencia para recuperar los 158 baldíos ha dividido el tratamiento de los baldíos en tres grupos: aquellos cuyos arrendatarios han cumplido los contratos, los que tienen arrendatarios que han incumplido los contratos y los que son ocupados por privados que nunca tuvieron contratos con el Estado. Los convocados a la cita del viernes pertenecían al primero. Por el contrario, Gente de Mar caía en la tercera categoría y, dado el historial de Álvaro Antonio Navia, no se aceptaron propuestas de arrendamiento. “Cada caso es diferente. Estamos abiertos las posibilidades con todas las partes, pero tenemos que buscar que con quienes hagamos contratos haya también garantías”, concluyó Vega.
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Por Daniela Cristancho
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