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En una sesión a puerta cerrada, el pasado 15 de junio, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara archivó cinco procesos contra el presidente Gustavo Petro. Aunque la mayoría de esos expedientes eran de vieja data y suscitaban dudas para un pronunciamiento de fondo, detrás de la solicitud de resolución inhibitoria resaltan los nombres de tres congresistas a quienes les fueron asignadas las denuncias. Incluso, su imparcialidad para estudiar y ofrecer su concepto fue puesta en duda.
Se trata de los representantes Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe —del Pacto Histórico— y Wilmer Carrillo (La U). A simple vista, dos de ellos perderían su objetividad por estar en la coalición de Gobierno, mientras que la colectividad del último, que se declaró en independencia, aún tiene fichas en cargos del Estado; además, será hasta dentro de unos días el presidente de la Comisión, cargo desde el que ha repartido de manera discrecional las investigaciones entre los miembros de la sala, por las facultades que le da la Ley 5 de 1992.
Entre los cinco expedientes archivados había denuncias que datan de cuando Petro fue alcalde de Bogotá (2012-2015), mientras que otra era por la supuesta financiación de su campaña presidencial de 2018 con dineros del chavismo venezolano, según señalamientos del exgeneral Hugo el Pollo Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia militar de Hugo Chávez, acusado de ser uno de los cabecillas del Cartel de los Soles.
(Lea: “El caso Benedetti-Sarabia que toca la campaña presidencial de Petro”)
En todo caso, la Comisión todavía estudia el que es quizás uno de los casos más espinosos contra Petro: la violación de los topes de gastos y las presuntas irregularidades en la financiación de las campañas de primera y segunda vuelta presidencial de 2022. Esto es porque esa comisión es la encargada de recibir denuncias y hacer antejuicios a aforados constitucionales, como el presidente, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general, entre otros.
Según le contó a este diario un miembro de la Comisión, todas esas denuncias fueron acumuladas y, casualmente, Wilmer Carrillo se asignó el estudio del caso junto a Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta. Si bien Uribe y Arizabaleta fueron recusados por pertenecer al Pacto Histórico, poco se ha hablado de su objetividad, en favor de la transparencia, por sus vínculos directos con el Gobierno; mucho menos, cuando los ojos están puestos sobre la campaña presidencial de Petro de 2022, no solo por los testimonios de Benedetti, sino por la reciente captura de Nicolás Petro, quien ha sido señalado de quedarse con dineros ilegales que iban en dirección a la campaña.
El CAJAR y la Supersubsidio
Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por Bogotá, es un reconocido militante del progresismo y defensor de derechos humanos. Llegó al Congreso en 2014 por el Polo Democrático y, aunque se quemó en 2018, logró reelegirse en 2022. Fue presidente y miembro, por más de 20 años, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que defendió a Petro en su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por su destitución como alcalde de Bogotá por parte de la Procuraduría.
Uribe tiene una larga conexión con Petro y tres de sus cercanos en CAJAR ocupan cargos en el Ministerio del Trabajo y en una de las entidades adscritas a esa cartera: la Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio). En agosto de 2022 fue nombrado superintendente Luis Guillermo Pérez, cercano a Uribe, quien también fue presidente de CAJAR. Además, ofició como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde también se investiga la campaña del “Cambio por la vida” tras el escándalo que desató el exembajador Armando Benedetti.
En septiembre de 2022, la Supersubsidio también contrató como superintendente delegado a Enrique Álvarez Martínez, quien fue contador de CAJAR por casi nueve años. Mientras tanto, Juan Nicolás Escandón, abogado defensor de derechos humanos del mismo colectivo, es ahora director de Derechos Fundamentales del Mintrabajo. Los tres funcionarios fueron financiadores directos de la campaña de Alirio Uribe a la Cámara en 2014, según la información registrada en el aplicativo Cuentas Claras.
Gladys Edith Laverde, exesposa de Uribe, también recibió, en enero de este año, un contrato en esa entidad por $88′660.000 para “apoyar la inspección y vigilancia sobre las cajas de compensación familiar”. Al tiempo, su hijo, David Uribe Laverde, fue contratado en el Ministerio de Ambiente en la oficina de asesoría jurídica y recibió un contrato por $15′166.666 en octubre de 2022.
Este diario contactó al superintendente Pérez, quien afirmó que vinculó a la expareja de Uribe porque es “una mujer profesional, de excelentes condiciones éticas” y no por recomendación del representante: “A Enrique Álvarez lo conocí en el CAJAR y lo llamé a trabajar conmigo (…), una de nuestras facultades es poder nombrar personas de confianza”. También hablamos con el representante Alirio Uribe, quien confirmó que sí es amigo, “de toda la vida”, del superintendente, pero que no tiene cuotas burocráticas. Del contrato de su exesposa, afirmó que no intervino en ese proceso, pues están separados hace tres años y ya no tienen relación.
La financiación del Pacto en el Valle
Antes de aterrizar en la Cámara en 2022, en representación del Valle, Gloria Arizabaleta hizo parte de la rama Judicial por varios años. Fue procuradora delegada de Restitución de Tierras, fiscal delegada en Cali y directora nacional de Investigación y Análisis de Seguridad en la Fiscalía, en 2020. En ese último cargo fue nombrada por Francisco Barbosa, de quien es cercana, quien también tiene varias investigaciones abiertas en la Comisión de Acusaciones. Precisamente, una de esas fue archivada hace poco y, en esa sesión, Arizabaleta no se presentó por excusa médica.
Además, Arizabaleta es exesposa de Roy Barreras, lo que no es poco importante porque el exsenador jugó un destacado papel en la campaña presidencial de Petro y —en junio de 2022— fue mencionado como estratega de un posible juego sucio. Los señalamientos llegaron luego de que se filtraran horas de conversaciones grabadas durante la época electoral. Si bien ella se alejó públicamente de Barreras cuando renunció a la vicepresidencia de su nuevo partido político, Fuerza de la Paz, los aportes y donaciones a sus campañas los unen, así como con varios de los congresistas de la bancada del Pacto en el Valle.
Una de las principales financiadoras del Pacto Histórico en esa región fue la empresa Metrovia S.A.S., con sede en Cali, dedicada a comercializar vallas publicitarias. El representante legal de esa firma es Hember Moreno Patiño, quien además es dueño de El Bosquecito, la casa de Dapa, en el corregimiento de Yumbo, adonde se mudó la vicepresidenta Francia Márquez tras el atentado que sufrió en una carretera de Yolombó (Cauca).
En lo que se refiere a la campaña de Petro, tanto Metrovia S.A.S. como La Red ILM S.A.S., otra de las empresas que financió la aspiración de Arizabaleta, recibieron dinero para prestar sus servicios en la propaganda electoral, según Cuentas Claras. Otro de los financiadores de las campañas en el Valle y de Arizabaleta fue Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quien sería la ficha del Pacto para la Gobernación de ese departamento.
El pasado 13 de junio, el representante Christian Garcés (Centro Democrático), uno de los denunciantes de Petro, recusó a Uribe y Arizabaleta por posible conflicto de interés. Según le contó a este diario, su solicitud no ha sido resuelta: “Ante la gravedad de la información que conocimos por los audios de Benedetti, es lamentable que la Comisión de Acusación no se haya reunido para empezar el proceso y revisar las recusaciones a la terna que se conformó”.
No obstante, El Espectador habló con Gloria Arizabaleta, quien aseguró que las recusaciones en su contra no van a prosperar, pues su “cercanía con el Gobierno solo es política”. Agregó que podría haber impedimento si estuviera demostrada una amistad íntima con el presidente, pero que ella nunca ha tenido “lazos afectivos o de confianza”. Sobre la financiación a su campaña, afirmó que ese conflicto de interés tampoco está en la ley. Este diario consultó a una experta en derecho parlamentario, quien dijo que, jurídicamente, no hay impedimento, pero éticamente sí: “Hay una zona gris (…) podrían presentar el impedimento y, si es el caso, que no se lo acepten”.
(Lea también: “Petro llevó al Congreso un Presupuesto General por $502,6 billones para 2024″)
El lazo con Fiduprevisora
Wilmer Carrillo, representante del Partido de la U, es un importante operador político del círculo de William Villamizar, exgobernador de Norte de Santander. Precisamente, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra Carrillo por tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación mientras fue secretario de Infraestructura en Norte de Santander entre 2016 y 2017, mientras Villamizar estaba en la Gobernación.
Ese grupo político tendría representación en el gobierno Petro en una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. El Espectador encontró contratos de al menos dos de sus posibles cercanos: Edwin Alfredo González Rangel, exfuncionario de la Alcaldía de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, quien ahora es gerente de servicios en salud del Fondo del Magisterio (FOMAG). Mientras que Ramón Guillermo Angarita Lamk, cercano al sector del exsenador Mario Said Lamk Valencia, es el vicepresidente de desarrollo y soporte organizacional de Fiduprevisora.
La posible llegada del grupo Villamizar a Fiduprevisora no sería una coincidencia. En junio, el portal periodístico Vorágine reveló que esa entidad ha sido el fortín burocrático de La U y que la hoja de vida de Jhon Mauricio Marín Barbosa, actual presidente de esa entidad —quien se posesionó en abril—, había sido sugerida por el mismo Carrillo y la representante Saray Robayo Bechara, su copartidaria.
Marín Barbosa respondió a este medio y dijo que para llegar a la Fiduprevisora cursó todo el proceso de meritocracia descrito y que está capacitado para el cargo. No obstante, señaló que solo conoce al representante Wilmer Carrillo Conozco “porque hace parte de la Comisión Tercera de la Cámara”, que se dedica a temas económicos y que ninguno de sus funcionario “necesita recomendación y, menos presión política, para estar en Fiduprevisora”.
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¿Qué viene para Petro en la Comisión de Acusaciones?
Hay que decir que solo a través del Congreso es posible investigar y, si fuese el caso, destituir al presidente; no obstante, la Comisión de Acusaciones hace parte de un órgano naturalmente político y, por ende, su diseño se ha tornado inoperante para evitar una posible crisis institucional.
Precisamente, según uno de los integrantes de la Comisión, que pidió reserva de su nombre, Carrillo habría cuadrado los nombres de los encargados de las investigaciones no solo en los casos de Petro, sino también en los del fiscal Barbosa. Este diario se comunicó con Carrillo, quien no contestó. Igual fue el caso con las empresas privadas, pero a todos se les dejó constancia del interés periodístico para entablar el contacto.
El archivo de varias investigaciones podría tener al presidente Petro un poco más tranquilo, luego de asegurar en su discurso en la Plaza de Bolívar, el 7 de junio, que hay un plan para dejarlo solo y sacarlo de la Presidencia a través de esa Comisión. Claro que hay que decir que el panorama cambiará la semana entrante, pues la presidencia le corresponde ahora al Partido Conservador.
Ese pulso está entre los representantes Wadith Manzur, lejano al Gobierno, y Daniel Restrepo, de la línea política de Carlos Trujillo, senador y exdirector del Partido Conservador, quien en un inicio promovió que la colectividad hiciera parte de la coalición oficialista.
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Por Laura Duarte Sandoval
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