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La respuesta del consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, a los episodios en los que civiles dispararon armas contra la protesta, al parecer de fogueo, fue casi inmediata: regulación. Acudiendo a la política de desarme total del Gobierno Nacional, Guarín dijo en su cuenta de Twitter que “las armas de fuego y las armas traumáticas son similares en sus características físicas”.
“Además, el funcionamiento físico y químico de ambas emplea el mismo principio, el cual consta de la combustión de una sustancia química para expulsar el proyectil”, comentó el consejero y dejó entrever que un eventual decreto de regulación prohibiría la libre venta de armas traumáticas, su porte y su tenencia.
Lo dicho por Guarín tiene detrás un informe técnico del Laboratorio de Balística Forense de la Jefatura de Policía Científica y Criminalística, del pasado 19 de mayo, y una propuesta de regulación enviada al Ministerio de Defensa, que fueron conocidos en su integridad por El Espectador y que, a grandes rasgos, demuestran que un arma traumática tiene características muy similares a una de fuego. En el informe se comparan un arma de fuego SIG Sauer, modelo SP2022 Calibre 9×19 mm con una traumática marca Ekol Voltran modelo Firat Compact Calibre 9×22 mm (9 mm P. A.).
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Una de las grandes conclusiones es que se observa que “presentan similitud en sus características físicas. Asimismo, en su funcionamiento físico y químico emplean el mismo principio, el cual consta de la combustión de una sustancia química para expulsar el proyectil”. El documento aclara que las armas traumáticas son menos letales por el tipo de proyectil que expulsan pero que, con modificaciones en su estructura y en sus municiones, se pueden convertir en armas de fuego hechizas, con una gran letalidad.
Producto de ese informe, la propuesta de regulación enviada al Mindefensa plantea definir que las armas traumáticas “son armas” y que podrían atender a la definición que contempla el artículo 5 del decreto 2535 de 1993, en donde las armas son entendidas como instrumentos “fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una persona”. Según la Consejería de Seguridad Nacional, las traumáticas expulsan proyectiles que pueden causar “lesiones, daños, traumatismos y amenaza”.
La Consejería dice, además, que las armas traumáticas son armas de fuego porque su mecanismo de propulsión encaja en la definición de este tipo de armas, que está en el artículo 6 del decreto 2536 de 1993. “Son armas de fuego las que emplean como agente propulsor del proyectil la fuerza creada por expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química”, dice el artículo.
La oficina de Guarín, entonces, pide que estas armas sean incluidas como “de uso civil” dentro de ese decreto a través de un acto administrativo. En conclusión, estas podrían adaptarse a la reglamentación de armas de fuego, ya que el Gobierno tiene facultades para clasificar nuevas armas como prohibidas.
Las cifras de estas armas llaman la atención. Como ha mencionado la investigadora Manuela Suárez Rueda, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), su comercialización, específicamente las de fogueo, está exenta de cualquier vigilancia local o internacional y su importación al país se ha incrementado de manera considerable en los últimos años. “Colombia pasó de importar 8.000 unidades en 2010 a 190.000 en 2020. Hoy en día es tan fácil importar, vender y comprar un arma de este tipo, casi igual que si fuera un balón de fútbol o un juego de mesa”, comentó la académica.
Con la regulación que plantea el Gobierno está de acuerdo Nicolás Botero, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (Fedeseguridad), que agrupa a un sector importante de estas empresas. “Son como juguetes y terminan en manos de grupos criminales, atracadores o extorsionistas. La regulación es totalmente acertada. Son réplicas tan buenas que las usa el crimen organizado. Usted en la mitad de un atraco no va a preguntar si se trata de un arma de fogueo”, comentó.
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Incluso, Botero, que promueve el desarme del sector de la vigilancia, le pide al Gobierno que aproveche este momento para regular el uso de armas no letales o menos letales para el sector que representa. En este, en la realidad normativa, solo hay dos opciones: vigilantes con armas de fuego o sin armas. “Nuestro llamado es a tener un debate técnico y transparente sobre el uso de armas no letales en Colombia”, dice Botero, quien ilustra que la diferencia entre un servicio y otro es de $154.493, lo que incentiva a que la mayoría de clientes contraten vigilantes con armas de fuego.
Por supuesto, esa posición no es unánime en todo el gremio de empresas de seguridad, pero sí, es algo con lo que está de acuerdo gran parte de los empresarios de la vigilancia.
“La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se encuentra facultada (artículo 4 del decreto 2453 de 1993) para regular el uso, porte, venta y comercialización de las armas no letales. También para definir y limitar cuáles pueden ser usadas en el servicio de vigilancia y seguridad privada, desligándolas por su puesto del mercado de armas traumáticas o de fogueo”, anota Botero.
Para John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) y consultor en seguridad, las armas traumáticas deben tener un control, pero no excesivo, sino para garantizar la trazabilidad en la venta y los propietarios. “Hay que crear una base de datos con quienes compren. El país que mejor legislación tiene es Ecuador, donde hay parámetros para importación, almacenamiento, expendio, venta, porte y tenencia”, dijo.
En este sentido, explicó que si bien el riesgo de las traumáticas es mínimo, no deja de existir. Sobre todo, por la facilidad para convertirlas en letales. “Se les cambian el cañón y el percutor. Así tiene un arma real, no de la misma durabilidad y efectividad, pero podría disparar una bala calibre 22 o una 9 milímetros”, concluyó Marulanda, para quien sí se debería avanzar en eliminar restricciones para las armas de fuego para facilitar la legítima defensa.
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Primero que todo, se debe hacer la aclaración que en este tipo de armas, consideradas poco letales, se habla de armas de fogueo o de aire, que producen ruidos, y de traumáticas, que son las que expulsan un proyectil que puede ser de goma.
A juicio de expertos consultados, en este momento esa diferenciación pasa a un segundo plano porque los fines para los que una parte importante de esas son usadas tienen que ver con la intimidación, la amenazas o el hurto, lo que no quiere decir que no puedan causar daño físico a una persona. Muestra del primer planteamiento es que aún no se tiene certeza sobre si el arma que usó el civil Andrés Escobar en la protesta en Cali era de fuego, de fogueo o traumática. El quid del asunto está en su similitud a un arma de fuego.
En ese sentido, y hecha esa claridad, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) señaló en un informe que el vacío regulatorio que hay respecto de este tipo de armas es “una oportunidad para el contrabando técnico de armas de fuego convencionales, la elaboración de armas hechizas y su uso para cometer delitos como el hurto, que causan pánico, intimidación e incluso daño físico a las víctimas”. En cifras crudas, en 2020, este tipo de armas fueron utilizadas en el 21 % de los hurtos contra personas, en el 16 % de hurtos a comercios y en el 7 % de los hurtos a residencias.
Por otra parte, las alarmas están en el incremento en las cifras de importación. Según Legiscomex, uno de los sistemas de inteligencia comercial para la gestión y análisis del comercio exterior, y como quedó condensado en ese informe, la importación de armas de fogueo tuvo un incremento de casi el 200 % entre 2014 y 2020. “Esta situación prende las alarmas pues no hay respuestas claras sobre qué factores podrían haber incrementado de manera tan significativa la demanda de armas de aire y fogueo por parte de particulares”.
“Resolver el vacío regulatorio requiere de una política nacional que, además de regular la comercialización local, abarque el comercio internacional de estas armas; como lo demuestran las cifras, hay un incremento desbordado en la importación de armas no letales. Esto amerita analizar la posibilidad de que el mercado legal se haya convertido en una de las principales válvulas de acceso a armas letales y no letales que se usan irregularmente o para fines delictivos”, anota el informe de la FIP que, entre sus recomendaciones, incluye el fortalecimiento de las estrategias de trazabilidad, sobre todo para las armas letales, para, después, poder implementarlos en las armas no letales.
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