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Ahora que el debate público entró en una senda de reflexión por cuenta del atentado que se perpetró el pasado 7 de junio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, y que Colombia tuvo 48 horas de análisis a profundidad sobre las consecuencias que surgen por los altísimos grados de polarización, el escenario electoral y político se tiene que mover hacia la unidad en medio de la diferencia; hacia la búsqueda de líderes que tengan la capacidad de cohesionar.
Esa es la ruta en la que coinciden las múltiples voces que desde oficialismo y oposición –pasando por academia, cúpula judicial y, entre otras, congregaciones religiosas y sector empresarial– han salido a rechazar el ataque sicarial por el que el legislador y aspirante del Centro Democrático terminó con dos disparos en su cuerpo que lo dejaron en estado de “máxima gravedad” y “pronóstico reservado”, de acuerdo con los médicos que lo atienden en la Fundación Santa Fe.
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“El llamado que se hizo apenas se supo del atentado para mantener la calma, rodear las instituciones y defender nuestra democracia es lo que por fortuna todas las fuerzas vivas del país están reclamando. La violencia verbal conduce a la violencia física, como nos enseña la historia”, le dijo a El Espectador el expresidente y nobel de Paz, Juan Manuel Santos.
“Desescalemos la acción política de toda forma de violencia, fundamentemos la política en una sólida roca de la ética, la ética civil, la ética del respeto, la ética de la inclusión, de quitar los insultos, las amenazas, para que en medio de la diversidad podamos construir con esperanza el país que necesitamos y que merecemos”, complementó el cardenal Luis José Rueda en diálogo con este diario.
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Estos llamados, que salen de esferas que superan los escenarios políticos, dejan en evidencia que la campaña entró en un punto de inflexión. Es a partir de ahora que los protagonistas de la discusión de cara al llamado a urnas del 2026 pueden –y deben– bajar al tono con el que se refieren entre ellos; de lo contrario, sin ese compromiso claro, tal cual lo reconocen en todos los círculos de poder y sociales del país, lo que se verá es una tensión cada vez más fuerte.
El presidente Gustavo Petro es consciente de todo esto, al punto que en los últimos dos días ha dejado de lado los adjetivos que constantemente usa para referirse a todos los que son contradictores a su administración o se oponen a ciertas propuestas. De hecho, en una alocución en la noche del sábado, en la cual también confirmó que se hay varios frentes de investigación para determinar lo que pasó con Uribe Turbay, lo ratificó sin matices.
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“La primera responsabilidad del presidente de Colombia es cuidar la vida de su propia oposición”, dijo el jefe de Estado, quien este domingo –cerrando la tarde– lideró un segundo consejo de seguridad y paz en la Dirección de la Policía, en Bogotá, en el cual estuvo acompañado, entre otros, por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y por sus ministros de Defensa, Pedro Sánchez, del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Eduardo Montealegre. También asistieron la cúpula militar y policial y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
La intención fue verificar de primera mano los avances de las investigaciones, que cerrando el domingo incluían dos allanamientos, más de 30 entrevistas y el rastreo al origen del arma con el que un menor de 15 años –pasadas las 5 de la tarde del 7 de junio– atacó a plena luz del día a un precandidato de un partido de oposición en el occidente de la capital del país.
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Tal es la alerta por los niveles a los que está llegando la discusión interna que para este lunes se citó a instancias del Gobierno Nacional a una sesión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales. De acuerdo con el Ministerio del Interior, “el propósito es articular y definir acciones y rutas propias para garantizar el normal desarrollo de los certámenes electorales y la seguridad de los distintos actores electorales”.
A este espacio se invitaron, además de todos los directores de partidos, a la defensora del Pueblo, Iris Marín, y al procurador General, Gregorio Eljach. “Su asistencia es muy importante para la consolidación de la democracia”, quedó explícito en todas las invitaciones que libró el ministro Benedetti, quien lidera la convocatoria.
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Ese escenario es determinante, porque es cuestión de días para que se intensifiquen las salidas en plaza pública de los candidatos, quienes –como lo hacía Uribe Turbay cuando lo atacaron con un arma de fuego– enfilan sus baterías en potenciar sus propuestas de campaña ante la gente. Además, y con base en esos ítems, el Gobierno se movió de inmediato para reforzar la seguridad de los candidatos de todas las vertientes.
Tanto Petro como sus ministros Sánchez y Benedetti comenzaron a trabajar en el reforzamiento de los esquemas de los aspirantes, mientras que la Unidad Nacional de Protección, igualmente, entró en estos procesos. De hecho, también se ofreció una recompensa de $3.000 millones por información que permita llegar a los autores intelectuales del atentado contra Uribe Turbay.
“Apelamos a la reflexión ciudadana”, dijo al rechazar el ataque el expresidente Álvaro Uribe, líder del partido por el cual el legislador que salió en la madrugada de este domingo de cirugía busca el aval para estar en tarjetón presidencial.
Ahí entra en juego otro giro en lo discursivo de cara a la campaña. La razón es que la seguridad se vuelve a poner en el primer nivel de la agenda pública, pues el atentado coincidió con un momento de convulsión política y focos rojos de orden público en varias regiones. Incluso, se presentó cuando las diferentes fuerzas intentaban individualizar a sus cartas para buscar un relato que las identificara ante el electorado.
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Pero con lo que pasó este 7 de junio la discusión se centró en el atentado y en cómo impactará en la campaña. Los propios aspirantes expresaron sus preocupaciones en el frente de seguridad, tanto por sus propios entornos como por lo que implica acudir a plaza pública con riesgos latentes.
“Es inaceptable que la violencia vuelva a la política; la polarización no es un juego”, aseguró la exalcaldesa de Bogotá y candidata por el movimiento Imparables, Claudia López. “La violencia no puede seguir poniendo la agenda de las elecciones en Colombia; (…) el Gobierno debe reforzar esquemas a candidatos”, precisó el exsenador y exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien busca el guiño presidencial del progresismo.
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En algunos sondeos ha quedado en evidencia que precisamente la situación de orden público y seguridad está entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Ese es el caso de Invamer, que en una medición de finales de marzo pasado evidenció que el 21,2 % de sus encuestados coinciden con ese ítem, mientras que el 19 % indicó que es el desempleo y la economía.
Esto último era el otro eje sobre el que se estaba dando la discusión pública con más fuerza hasta lo ocurrido este sábado. El déficit público llevó a la Casa de Nariño a plantear la posibilidad de suspender la regla fiscal en momentos en que se busca anticipar recaudos de renta vía decretos, lo cual tiene en alerta al sector empresarial y, entre otras instancias, a las calificadoras de riesgo.
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En medio, igualmente, se encuentra el debate que hay sobre el decretazo que alista el presidente Petro para promover una consulta popular, con la que –bajo la tesis de darles aire a las reformas que no han sido objeto de consenso en el Congreso– quiere medir fuerzas en urnas con el objetivo de reelegir en 2026 al progresismo en el poder.
Los decibeles subieron al punto de acusar al jefe de Estado de mostrar supuestos visos dictatoriales y a este a responder con señalamientos de posibles delitos y de usar constantemente la expresión “pueblo” para indicar que son sus planteamientos los que tienen respaldo ciudadano y no los de sus contradictores. En ese cruce de dardos también cayeron la Corte Constitucional, el Congreso de Estado y –entre otras entidades– la Procuraduría.
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Por todo esto es que la campaña ahora dará un giro hacia cómo encontrar puentes que permitan esquivar este tipo de situaciones, en especial porque los meses que quedan para las citas a urnas deben encauzarse hacia una desescalada de la polarización. Los candidatos están expresando mensajes en ese sentido y el Gobierno mismo busca que ese sea el camino para recorrer.
Ahora lo que se espera es el reporte de cómo avanza la salud de Uribe Turbay y los resultados de las investigaciones que el propio presidente Petro precisó que se están adelantando. Todas las partes saben que el tiempo es crucial.
Reviva uno de los cubrimientos de lo que pasó con Miguel Uribe:
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