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Desde el 2012 hasta 2016, el Gobierno celebró la disminución de las víctimas de minas antipersonal en todo el territorio nacional, que pasaron de 295 a 37 víctimas civiles, y de 294 a 52 de la fuerza pública, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Sin embargo, para Miguel Ceballos, jefe de esa cartera, preocupa que para 2017 y 2018 no se registró una reducción en estas cifras, sino que, por el contrario, aumentaron. Con corte al 31 de octubre, en 2017 se reconocieron 46 víctimas y en 2018, 113, un incremento de 245%.
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Además, señaló que la proporción de víctimas civiles con relación a las de la Fuerza Pública ha incrementado también desde 2017. «Por cada tres civiles víctimas de estas mortales trampas, estamos registrando una víctima miembro de la fuerza pública que es lesionada en cumplimieno de su deber», apuntó el alto Comisionado.
Todas estas cifras las compartió Ceballos en la 17° Reunión de Estados Parte de la Convención de Ottawa sobre la destrucción de Minas Antipersonal, en Ginebra, Suiza, en donde también explicó el por qué aumento de las víctimas.
“Es preciso indicar que los lugares donde se ha presentado la accidentalidad no corresponden a zonas en las que se adelantan operaciones de desminado humanitario. Se tratan de los territorios que aún padecen el flagelo de la presencia de los GAO como el Ejército de Liberación Nacional (Eln)”, indicó Ceballos.
Además de compartir las cifras y hechos lamentables, aprovechó en la reunión, también, para resaltar los avances en términos legales y normativos en el tema.
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Primero, destacó la circular externa 004 de 2017 de la Superintendencia de Salud en la que se obliga al sistema de salud atender y rehabilitar físicamente a las víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos.
También expuso la circular 009 de 2017 en la que se impone que las víctimas con discapacidad de este flagelo deben ser reparadas. En tercer lugar, comparte el decreto 600 de 2017, del Ministerio de Trabajo, con el cual se reconoce la pérdida de capacidad laboral y el pago de una prestación humanitaria a quienes hayan sido damnificados por las minas.
Por último, destacó la resolución nacional 01391 de 2016 en la que anima a que estas víctimas participen de las mesas técnicas del conflicto armado a nivel municipal, departamental y nacional.
Por otro lado, comunicó a los asistentes del evento la realización del Encuentro Nacional de Representantes de la Mesa de Víctimas del hecho victimizante Minas Antipersonal, en el que se elaboró un documento que servirá a la hora de trazar políticas públicas sobre este tema. De igual forma, resaltó la implementación del Servicio de Información de Sobrevivientes de Minas Antipersonal (SISMAP) para hacer monitoreo en todas las normativas radicadas en torno a este asunto.
“A la fecha, 2.444 víctimas de MAP y MUSE han sido afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y 1.597 con certificado de defunción. Así mismo, 135 víctimas han accedido voluntariamente a la atención psicosocial. Por su parte, 1.050 víctimas cuentan con registro de localización y caracterización de discapacidad”, explicó.
Para finalizar, Ceballos reiteró el compromiso del Gobierno en seguir trabajando por las víctimas de minas antipersonal y en apoyar las ideas autosostenibles que estas tengan para su sostenimiento.
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