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El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, explicó que la Ley que incrementó las penas para los atacantes con ácido de 8 a 16 años, es aplicable desde el momento mismo de la sanción de la norma (julio de 2013), sin que sea excarcelable en ningún caso y sin que su aplicación dependa de reglamentación alguna.
“La reglamentación que adelanta el Gobierno no está relacionada con el delito ni la pena. Se refiere es a cómo los Ministerios de Salud y de Industria y Comercio tienen que regular el mercado de los ácidos o de las sustancias que están siendo empleadas para fines criminales. Quiero que quede claro que no hay relación entre esta reglamentación y los hechos que se han registrado; ni ello supone tampoco pensar que es un resquicio para dejar de aplicar la Ley penal en estos casos”, indicó. (Lea: Policía presenta retrato hablado de atacante con ácido en Bosa)
Sostuvo que además de las penas, los beneficios para el tratamiento físico y sicológico de las víctimas de este tipo de ataques están vigentes y no requieren tampoco de ningún tipo de reglamentación: “Más importante que el monto del castigo es la certeza de que los responsables van a ser capturados y procesados. La misma celeridad de los últimos casos registrados debe aplicarse en todos. Y los fiscales y jueces deben aplicar la Ley de manera contundente”, indicó. (Lea: Hospital Simón Bolívar reporta otro caso de mujer atacada con ácido)
El ministro también explicó que sí depende de la reglamentación definir a quién venderle este tipo de sustancias, en qué cantidad, qué sustancias son de libre comercio y están siendo utilizadas para agredir a las personas.
Ante las inquietudes de los medios de comunicación, el jefe de la cartera de Justicia manifestó que la figura de inimputabilidad existe en el derecho universal y que confía en el criterio de los jueces para aplicarla: “Es claro que no va a ser un pretexto para aplicar la Ley. O dicho en otros términos, no basta con que alguien se haga el loco para aplicar la norma”, indicó el Ministro.
“Es natural y explicable la indignación del ciudadano del común frente a estos hechos, pero quien tenga responsabilidades políticas y públicas tiene que orientar a la opinión. A alguien, hoy, no se le ocurriría que le corten la lengua al calumniador, eso desapareció hace cientos de años. Una cosa es la reacción del afectado y otra la reacción del Estado”, aclaró.
El jefe de la cartera de justicia reiteró la solidaridad absoluta con las víctimas y sus familias: “El Gobierno ve la inocultable gravedad en que estos hechos, que atentan gravemente a los seres humanos y particularmente a la mujer, se hayan venido intensificando; y expresamos toda nuestra solidaridad con las víctimas y con sus familiares”.
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