Bajar el sueldo de los congresistas: ¿una discusión urgente?

Una de las promesas de campaña había sido bajar los sueldos y así los confirmaron varios congresistas de la bancada de gobierno al anunciar los primeros proyectos radicados. Los senadores Roy Barreras, Gustavo Bolívar e Iván Cepeda y la representante Catherine Juvinao fueron los responsables de presentar las primeras iniciativas de la coalición oficialista y allí se incluyó el proyecto de bajar los sueldos de los congresistas. Sin embargo, se estipuló que la vigencia sería desde el 2026.

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No cayó bien postergar por cuatro años la promesa de bajar los sueldos. Sin embargo, los congresistas se justificaron en que era la única forma que la iniciativa pasaría, puesto que “el riesgo que pretendemos zanjar es de futuras demandas por derechos adquiridos”, comentó Juvinao durante la rueda de prensa en la que se radicó la iniciativa.

Lo dicho por la representante Juvinao fue ampliamente criticado, incluso le desempolvaron trinos en los que aseguraba hace unos años, cuando era una activista, que la rebaja de sueldos del Congreso podía ser inmediata, pues los congresistas no estaban legislando en su propio beneficio, debido a que una reducción de un salario no podía catalogarse de esa forma.

Los días siguientes el tema volvió a engavetarse, hasta que el senador John Ferney Pulido, más conocido como Jota Pe Hernández, radicó un proyecto que propone que la reducción del salario se haga de inmediato. Para apoyar su iniciativa, la acompañó de lo que denominó la “Lista JP”, que es un listado en el que expone a los congresistas que no quieren apoyar su proyecto.

Como parte de ese listado, denunció que tres senadoras del Pacto Histórico se negaron a acompañar el proyecto, entre las que están María José Pizarro, Clara López e Isabel Cristina Zuleta. Además de denunciarlas, Hernández aseguró que Pizarro se había negado a firmar el proyecto debido a que tenía una “familia que mantener”. Las congresistas respondieron e hicieron duros señalamientos en contra de Hernández.

A controversia también llegó debido a una carta de Zuleta, en la que habló que buscaban que no solo bajaran los sueldos en el Congreso, sino que esto se extendieran a funcionarios del poder público y del sector privado. Esto último causó amplia molesta, pues implicaba un Congreso que fijaba cuánto se debían ganar los empleados de las empresas privadas.

El asunto de bajarse el sueldo promete que estará en la agenda en los próximos días. Lo curioso es que más allá de un leve ahorro fiscal y buscar equiparar un tanto los sueldos con los ciudadanos del común, el tema no tiene mayores repercusiones en cuanto a la agenda social del presidente Petro.

Sin embargo, el asunto de bajarle los sueldos a los congresistas se ha convertido en un afán de varios sectores para enviar un mensaje de cambio y renovación, frente a un poder Legislativo que es señalado por la ciudadanía de ser ajeno y corrupto. Y es que esta premura no es solo de estos días, el asunto tomó fuerza cuando fue incluido en la consulta anticorrupción de 2018. A pesar de que la votación no fue vinculante, tuvo una fuerte aceptación este punto.

Antes de la consulta, no hubo mayor radicación de proyectos relacionados con ese tema. Desde entonces, se han radicado más de 19 textos relacionados con el asunto. Las iniciativas han venido desde distintos sectores, no solo fue la antigua oposición la que radicó proyectos para bajar el sueldo, sino que afines al pasado gobierno y la propia administración Duque la que impulsó proyectos con fines similares.

Desde el uribismo, en cuatro ocasiones, se pretendió que no hubiese una reducción propiamente, sino una congelación de los salarios. La propuesta incluida un leve incremento basado en la misma cantidad de dinero que subiese cada año el salario mínimo. El proyecto nunca pasó a ser discutido en primer debate.

Desde el uribismo también se radicó otro proyecto que buscaba establecer topes a los salarios de los congresistas. Impulsado por el exrepresentante Edward Rodríguez, se pretendía que los salarios de los congresistas no pudiesen superar los 30 salarios mínimos mensuales. Este partido también buscó descontar el 10% del sueldo para crear una nueva “fuente para inversión social y promoción de empleo.

Los otros intentos vinieron por el gobierno en sí mismo, que buscó establecer un tope para los salarios mínimos. Los textos fueron publicados por la entonces ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez. Aunque supuestamente eran iniciativa gubernamental, ninguno de los textos alcanzó a tener un primer debate.

Los liberales propusieron varios proyectos con un énfasis similar. La propuesta no apuntaba a bajar el sueldo, pero sí a que este fuera congelado por cinco años. Otra propuesta pretendía establecer un tope de máximo de 25 salarios mínimos. Como otros proyectos, no tuvo mayor debate.

Los partidos alternativos, como la Alianza Verde, no solo intentaron bajar el sueldo, sino ponerle un coto a los gastos de representación, que muchas veces llegan a ser mayores que el salario. Se pretendía que estos no pudiesen ser mayores a 10 salarios mínimos, pero tampoco fueron habilitados por el Congreso.

Otros congresistas, que ahora son líderes del Pacto Histórico buscaron una disminución de los salarios, pero ninguna de las iniciativas tuvo trámite. En este mismo camino, Gustavo Bolívar y otros propusieron que no se pagara sueldos fijos, sino que se hiciera sesión. Pero esto tampoco prosperó.

Todos estos antecedentes dejan el cuestionamiento de qué pasará con el debate de aumentar los sueldos. En este mismo sentido queda la duda es si este es el tema básico que han querido dar a entender y si tiene mayores implicaciones en la conformación de las fuerzas de gobierno.