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Cuando Jorge Enrique Vélez asumió la Superintendencia de Notariado y Registro, aseguró que su entidad levantaría la historia de la tierra en Colombia. Pocos meses después expresó que “donde ponían el dedo salía pus”, refiriéndose a los cientos de irregularidades que había encontrado investigando los registros de propiedad en distintas zonas del país. Ayer, Vélez les entregó al presidente de la República, a los ministros y a la ciudadanía un balance de su gestión.
No han sido pocas las denuncias que este año han salido de la Superintendencia de Notariado y Registro. Según el informe que esta entidad entregó, se ha podido investigar a profundidad el comportamiento de la propiedad en tres regiones, todas con oscuro pasado de violencias relacionadas con la propiedad rural. Los Montes de María, entre Sucre y Bolívar; el Urabá antioqueño, y San Martín, en el Meta, fueron las regiones auscultadas por la Superintendencia.
Vélez, durante su presentación, explicó el trabajo que se hizo en estos lugares. Sostuvo que en los Montes de María fueron halladas 750 irregularidades administrativas que afectan 568 predios. A la vez que fueron entregadas a la Procuraduría General de la Nación pruebas que comprometen a 28 funcionarios públicos que presuntamente estuvieron involucrados en el despojo de cerca de 40 mil hectáreas en los Montes de María.
Otra de las regiones investigadas fue el Urabá, entre Chocó y Antioquia. Allí, la Superintendencia encontró que 41.790 hectáreas, repartidas en 1.400 predios, habrían sido despojadas o adquiridas fraudulentamente. Entre los hallazgos, resalta la venta de predios mediante poder otorgado. Según la entidad, de estos poderes, 69 predios fueron vendidos al Fondo Ganadero de Córdoba a través de Sor Teresa Gómez, pariente de los hermanos Castaño Gil, jefes paramilitares que sembraron el terror en esta región. Hoy el Fondo Ganadero de Córdoba figura con 1.089 predios, muchos de los cuales están siendo investigados por ser adquiridos en contubernio con bloques paramilitares.
Y finalmente, Vélez explicó el proceso de investigación en San Martín, Meta. El mismo presidente Santos fue quien dio la noticia de los hallazgos, según los cuales, más de 187 mil hectáreas habían sido arrebatadas por empresarios, narcotraficantes y paramilitares. Vélez explicó que allí varios funcionarios, entre ellos notarios, están vinculados con los procesos fraudulentos de venta de tierras y advirtió que las investigaciones disciplinarias ya están en camino.
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