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Los derechos políticos, a la oposición, educación, desarrollo a la personalidad, según la bancada alternativa, “están amenazados a través de distintas actuaciones del Gobierno y el Estado”.
En una misiva, los partidos en oposición que se unieron como bancada alternativa a principios de septiembre advirtieron la situación de derechos y democracia que vive el país. “A cien días del gobierno de Iván Duque, la situación de derechos, el estado de la democracia y la paz son críticos”, señalan.
Entre las situaciones que la bancada declara como preocupantes está la decisión de la Corte Constitucional que dicta que cualquier moroso con el Estado no podrá ejercer funciones públicas.
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“Decisión que, entre otros, afecta directamente los derechos políticos del actual senador Gustavo Petro quien, desde la oposición, representa a más de ocho millones de colombianos que votaron por él”, recalcan.
Por el momento, la Contraloría es la que tiene en sus manos la decisión de declarar como moroso a Petro por hechos que ejecutó como alcalde de Bogotá. La multa que se le imputa asciende a un valor de $200.000 millones, dinero que, según el senador, no tiene para pagar.
Otra decisión de la Corte Constitucional que la bancada considera preocupante es la relativa a las consultas populares, determinando que estas no podrán vetar los proyectos extractivos.
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“La Corte deja en un limbo jurídico a los departamentos y municipios al no definir quién tiene la potestad para prohibir actividades mineras y petroleras, señalando que la nación y los entes locales deben concertar sobre el desarrollo de estos proyectos”.
Por ejemplo, el Consejo de Estado suspendió la consulta que el municipio de San Bernardo, Cundinamarca, tenía previsto realizar el pasado 21 de octubre por una tutela basada en el fallo de la Corte Constitucional.
Por último advierten que como partidos de oposición aún no reciben todas las garantías consagradas en el Estatuto que le exigía a los partidos determinar su posición frente al Gobierno hasta el pasado 7 de septiembre. “Tampoco existe voluntad política del Gobierno de Duque para reglamentarlo y garantizarlo”, acusan.
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