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La bancada Caribe se ha reunido al menos dos veces en el último mes para estructurar una estrategia que le permita a sus congresistas remar en la misma dirección: en pro de la región que representan y, en varios sentidos, en contra del Ejecutivo. El peso de esta bancada en el Capitolio, que representa casi al 20% de los senadores y representantes, podría complicar el avance de los proyectos del presidente Gustavo Petro, comenzando por el primero que presentó, por obligación, durante esta legislatura: el Presupuesto General de la Nación 2025.
Aunque estos 58 legisladores vienen de orígenes políticos muy disímiles, los unen varios reclamos contra del “gobierno del cambio”. Uno de ellos es el estancamiento de varios proyectos clave en los departamentos que conforman la región, entre ellos el Canal del Dique y los viaductos en la vía Ciénaga-Barranquilla, que no han podido avanzar por la ausencia de licencias ambientales. Esta semana, la Contraloría advirtió que la demora en los trámites de la licencia ambiental para la restauración del Canal del Dique pone en riesgo el inicio del megaproyecto de más de $4 billones, previsto para el 2 de diciembre de este año. Además, podría haber costos adicionales de hasta $350 mil millones.
La bancada Caribe está compuesta por senadores como los conservadores Efraín Cepeda, presidente del Congreso, quien obtuvo 130 mil votos en las elecciones legislativas de 2022, y Nadia Blel, nueva presidenta del partido, quien consiguió más de 165 mil sufragios. También forman parte del grupo el senador Antonio Luis Zabaraín, de Cambio Radical, quien alcanzó casi 100 mil votos, y la liberal Karina Espinosa, que llegó al Capitolio con el respaldo de 121 mil ciudadanos.
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Sin embargo, entre los congresistas caribeños hay, por lo menos, ocho miembros del Pacto Histórico, entre ellos, Martha Peralta, quien fue coordinadora ponente de la reforma pensional que fue aprobada al final de la legislatura pasada; el senador Pedro Flórez y el representante Agmeth Escaf, a quienes la Corte Suprema les abrió una investigación por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro. Además de ellos, hay otros 10 independientes que se inclinan a favor de las iniciativas del gobierno con cierta frecuencia, como la liberal Elizabeth Jay-Pang, representante por San Andrés.
La última de las reuniones que sostuvo la bancada tuvo lugar el miércoles de esta semana y llegaron 29 congresistas. Según contó Efraín Cepeda, una de las conclusiones a las que llegaron fue rechazar el monto propuesto por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de $523 billones por considerar que está desfinanciado. También se discutió la ley de financiamiento, una suerte de reforma tributaria con la que el gobierno busca subsanar un vacío de $12 billones en los rubros para el próximo año. La iniciativa no tendría el camino despejado, pues muchos legisladores no dejan de hacer el paralelo con los $15 billones de pesos que debían llegar al presupuesto de este año gracias a unos litigios de la DIAN y que nunca lo hicieron.
“El Caribe es el 25% del país y nosotros estamos ya cansados porque el año pasado también advertimos que estábamos desfinanciados y ya tenemos 20 billones de recorte y, además, con una ejecución mala. Este año va a pasar igual”, dijo Saray Robayo, representante de Córdoba por el Partido de la U.
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Pero la inconformidad de la bancada Caribe va más allá de ese mal precedente. En el Salón de la Constitución, el miércoles, también estuvo presente Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque, para abordar otro tema que preocupa y aglutina a los congresistas costeños: las tarifas de energía. Londoño, quien fue el segundo al mando durante la gestión de Alberto Carrasquilla, es miembro de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), un gremio que ha solicitado “medidas urgentes” para aliviar las tarifas en la Costa. En respuesta a un llamado del Dapre, liderado por Laura Sarabia; el Ministerio de Minas y Energía, encabezado por Andrés Camacho, y la bancada costeña, precisamente, algunas empresas afiliadas a Acolgen iniciarán negociaciones para ofrecer descuentos y beneficiar a los usuarios más vulnerables de esa región.
De hecho, 15 días antes de la última reunión, la bancada se había reunido con Natalia Gutiérrez, presidente ejecutiva de Acolgen. A esa cita llegaron 57 congresistas del Caribe. En ese momento, Cepeda ya había informado que los legisladores rechazan tajantemente que la opción tarifaria se amarre a una reforma tributaria, “porque el país no resiste más”.
A finales de febrero de este año el presidente Petro se reunió con la bancada Caribe para discutir este tema y tras el encuentro se concluyó desarrollar unas mesas técnicas con el ministro de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), sin embargo, más de 180 días después no se ha llevado a cabo ninguna. La bancada insiste en que, aunque hay muchos anuncios por parte del gabinete Petro, pocos de ellos se han traducido a acciones concretas.
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“Una preocupación importante es que no están incluidos todos los subsidios de energía eléctrica, que es un tema tan sensible para el Caribe”, dijo Cepeda sobre la inclusión de este tema en el borrador de PGN 2025. Sin duda, se trata de un tema sensible. En el primer semestre de este año el senador Mauricio Gómez Amín incluso llegó a sugerir en una sesión plenaria hacer una “vaca” para aliviar la situación de las tarifas de energía, imitando la polémica iniciativa que tuvieron los paisas para financiar las vías 4G de Antioquia. A raíz de todo este contexto, los miembros de la bancada se reunirán también con los gobernadores para que prioricen algunos proyectos en sus departamentos.
La fuerza de la bancada Caribe, que lleva acumulando molestias desde que esa región perdió la oportunidad de ser anfitriona de los Juegos Panamericanos 2027 por la falta de giros desde el Ministerio del Deporte, no es menor. Con casi 60 legisladores, representan cerca del 20% del Congreso y a una región de más de 11 millones de habitantes. Además, también le reclaman al presidente que no ha cumplido con los compromisos hacia estos departamentos, especialmente dado que él mismo es originario de la Costa.
La Costa Caribe fue decisiva para que Petro llegara a la Casa de Nariño en agosto de 2022. En la segunda vuelta, el ahora presidente superó el 60% de los votos en seis departamentos de la región. En Córdoba, su lugar de nacimiento, obtuvo más de 430 mil votos, mientras que en Sucre, tierra natal de su esposa Verónica Alcocer, alcanzó más de 260 mil. En Atlántico sumó 672 mil, en Bolívar 493 mil, en Magdalena 302 mil, en César 250 mil, en La Guajira 162 mil, y en el archipiélago de San Andrés 8.500 votos.
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El gobierno es consciente de la fuerza de esta bancada y ha buscado acercamientos tanto con ellos, como con los líderes en la región. Hace 10 días, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunió con los alcaldes de Barranquilla, Alejandro Char, y de Cartagena, Dumek Turbay, en compañía del ministro de Defensa, Iván Velásquez para hablar sobre la estrategia “Operación Caribe”, que busca debilitar y desmantelar a las organizaciones criminales como el Clan del Golfo.
Cristo también se reunió con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y aseguró que, por instrucción de Petro, todos los recursos provenientes de la valorización de la vía Cartagena-Barranquilla, una iniciativa que motivó acciones populares y mecanismos legales por parte de los mandatarios locales y congresistas costeños, serán reinvertidos en la región. Esto se hará “de acuerdo con la priorización de obras que definan las autoridades y comunidades locales”.
Por lo pronto, los congresistas de la Costa, liderados por Cepeda, parecen tener claro que el Presupuesto 2025 debe debatirse sin considerar los $12 billones que se esperan de la ley de financiamiento, pero además, se prevé que en los próximos días comience el segundo debate de la reforma laboral en la plenaria de la Cámara, y que se presente la reforma a la salud. Estos votos, especialmente de aquellos que no están alineados ni con el oficialismo ni con la oposición, podrían ser cruciales para el éxito de estas iniciativas en el Legislativo.
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