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La Superintendencia de Notariado, a través de la Oficina de Registro de Instrumentos de Barranquilla iniciará en los próximos días actuación administrativa sobre 2.500 folios de matrícula inmobiliaria que identifican predios ubicados en los municipios de Tubará y Puerto Colombia, con el fin de esclarecer la real situación jurídica de estos predios.
El supernotariado Jorge Enrique Vélez señaló que estos predios, actualmente en manos de particulares, son propiedad del Estado colombiano. En su mayoría están playas y zonas de bajamar en el departamento del Atlántico.
Así mismo, explicó que esta actuación se convierte en la primera acción que se da en torno a los resultados obtenidos en la investigación que adelanta la Superintendencia por la ocupación ilegal de terrenos marino costeros que involucran playas y zonas de bajamar en los sectores de Tubará, Puerto Colombia, Soledad, Puerto Caimán, Puerto Velero, Playa Mendoza, Turipaná, Palmarito, Caño Dulce y Los Cocos, en la que también participan la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la DIMAR, el IGAC y el INCODER.
Según declaraciones del Superintendente, la investigación revela, entre otras, casos de los abusos cometidos en la adjudicación de predios en esta zona como:
Predios baldíos adjudicados por Alcaldes, quienes no tienen facultades para hacer ese tipo de adjudicaciones.Empleando la figura de adjudicación de predios para viviendas de interés social, las alcaldías municipales excedieron los límites establecidos, adjudicando a particulares más de una hectárea cuando para estos programas lo permitido son áreas entre 40 y 50 metros cuadrados. Además se identificó que las viviendas allí construidas son lujosas casas de recreo.El estudio también revela cómo en el año 2002, de manera irregular, el Alcalde de Baranoa adjudicaba en Puerto Colombia y el de Puerto Colombia en Baranoa.Vélez a su vez explicó que las escrituras de esos bienes por ser del Estado debían someterse a reparto notarial, obligación que también se saltaron, realizando todos los trámites de escrituración en la Notaría de Baranoa.
“Con el bloqueo de dichas matrículas inmobiliarias no se podrá realizar una sola venta, ni una sola hipoteca y ningún acto jurídico objeto de inscripción en instrumentos públicos hasta que culmine la investigación y determinemos las acciones para retornar esas tierras al Estado colombiano”, enfatizó el superintendente.
Por este caso, según Jorge Enrique Vélez, están siendo investigados funcionarios de la SNR, algunos notarios de esos municipios, funcionarios de las alcaldías de Tubará y Puerto Colombia, y particulares que se adueñaron de esas tierras.
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