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Buscan tatequieto para violencia intrafamiliar

La iniciativa promovida por la bancada de mujeres del Congreso entrará el próximo martes a su cuarto debate en la plenaria de la Cámara.

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A raíz de las recientes denuncias de hechos de violencia contra la mujer en el país, hace trámite en el congreso un proyecto para que la violencia intrafamiliar deje de ser un delito querellable, es decir, que deje de ser conciliable, desistible y excarcelable.

De acuerdo con la Representante Gloria Stella Díaz, una de las autoras del proyecto, la iniciativa pretende sensibilizar a la sociedad sobre la sanción de la violencia y la discriminación contra las mujeres. “Considero que esta es la mejor forma de reivindicar los derechos de las mujeres. Aprobar este proyecto es una señal de que el Congreso de la República está comprometido en la lucha por combatir la violencia contra las mujeres», dijo la legisladora.

Según el texto del proyecto, en la Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana no estaba contemplada la violencia intrafamiliar como delito querellable, gracias a que se había aumentado la pena de prisión de 4 a 8 años a quienes incurrieran en este delito, al igual que en el delito de inasistencia alimentaria.

Las parlamentarias procuran que se incluya en el Código de Procedimiento Penal un parágrafo donde se establezca que “en todos los casos en que se tenga conocimiento de la comisión de conductas relacionadas con presuntos delitos de violencia contra la mujer, las autoridades judiciales investiguen de oficio, en cumplimiento de la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres”.

Por su parte, la senadora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, expresó que la iniciativa hará que en los procesos de violencia contra la mujer no exista ningún tipo de conciliación y destacó que “si ocurre algún episodio de maltrato, las mujeres pueden ir a denunciar y cuando quieran pueden quitarla, pero el proceso penal tendrá que continuar”. Y agregó: “cualquier persona que vea un acto de violencia contra la mujer puede denunciar. No necesariamente la víctima”.

Según la Casa de Justicia de la Paz, al día se reportan 80 casos de violencia contra la mujer. Estos altos índices de violencia de género fueron incluidos en el proyecto, donde se señala que “las mujeres, en su mayoría víctimas de violencia intrafamiliar, son amenazadas por sus agresores y dependen económica y afectivamente de estos, lo que las intimida en la tramitación de las denuncias, impidiéndoles el acceso a la administración de justicia”.

Las voces de rechazo a todo tipo de violencia contra la mujer siguen haciendo eco luego de conocerse los brutales casos de tortura, violación y muerte de Rosa Elvira Cely, en Bogotá; Merlis Madrid, en Barranquilla; Adelfa Méndez, en Soledad; Jessica Medina, en Sincelejo; y Gloria Ruiz, en Cartagena. Medicina Legal registró que en el 2011 se presentaron 3.133 casos de violencia contra la mujer en el Atlántico y que en lo corrido de este año en el departamento han muerto 12 mujeres en forma violenta.

La polémica

Aunque la iniciativa ha tenido acogida en el Congreso, en los primeros debates los representantes Germán Navas Talero, Miguel Gómez, Orlando Velandia, Alfredo Rafael Deluque y Óscar Fernando Bravo presentaron algunas consideraciones respecto al proyecto. Para los congresistas, la ley en su articulado debe contener una medida que otorgue al victimario, con previo concepto de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Medicina Legal o Defensor de Familia, la posibilidad de obtener la libertad provisional. Esto con el fin de mantener la unidad familiar.

Navas Talero explicó que el argumento se basó en que “hay casos en que los hijos e hijas llegan a odiar o repudiar a los padres que envían a la cárcel al victimario que ha sido condenado por este tipo de conductas”.   

Para la senadora Alexandra Moreno Piraquive el argumento del representante no tiene sustento: “¿Qué unidad familiar existe cuando los padres están agarrados a golpes y los niños son testigos del maltrato? ¿A quién se le ocurre que ese tipo de unidad familiar debe mantenerse? Es lo más injusto para los niños”.

Finalmente, se sugirió analizar la posibilidad de establecer mecanismos de seguimiento y acompañamiento a los grupos familiares afectados con esta problemática por parte de las instancias oficiales competentes, indicándose revisar la posibilidad de apoyos económicos puntuales en estos casos.

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