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La comisión primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate, la noche de este miércoles, el proyecto de reforma a la Justicia Penal Militar.
La iniciativa establece que todos los actos del servicio cometidos por uniformados que sean llevados a los tribunales, serán de conocimiento de la Justicia Penal Militar. Para los casos de lesa humanidad y genocidio, los procesos irán a la justicia ordinaria.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, defendió el proyecto y el fortalecimiento del fuero a través de este acto legislativo, pues todos los delitos de lesa humanidad serán remitidos a la justicia ordinaria y los actos del servicio llegarán a las cortes marciales. «Nunca pretenderemos que la justicia militar se convierta en un centro de impunidad», recalcó.
Puntos claves del proyecto:
Se crea un fuero carcelario para militares con el fin de que no terminen detenidos con delincuentes comunes. Se crea el tribunal de garantías donde se busca una composición equilibrada entre miembro de la Fuerza Pública y miembros de la población civil. Se crea la defensoría técnica militar adscrita al ministerio de Defensa. Además, se crea un fondo para alimentar económicamente la misma defensoría. Se estipula la posibilidad de crear por vía de ley un Código Penal Militar y otro Policial. Advertencia frente a ‘falsos positivos’
La advertencia fue hecha por el representante Guillermo Rivera Flórez, quien dijo que, que tal y como se está aprobando el proyecto, los procesos contra militares por ‘falsos positivos’ pasarían a las cortes marciales y serían fallados por jueces militares. Su afirmación está soportada en que las actuales condenas contra militares se dan por el delito de “homicidio en persona protegida”.
Por eso, según él, de acuerdo al texto que se está discutiendo, tal y como viene en la ponencia, “los falsos positivos pasarían a ser competencia de la Justicia Penal Militar”.
“¿Qué le vamos a explicar a la comunidad internacional que está tan atenta del desenlace de las investigaciones de los falsos positivos?”, se preguntó Rivera.
En ese sentido, propuso que se aclare que en manos de la justicia ordinaria, también quedarán los procesos por homicidio “en persona protegida” por el Derecho Internacional Humanitario.
Y agregó: “Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque esto no se trata de establecer quienes estamos con la Fuerza Pública y quiénes no estamos”.
Justicia Penal Militar, ¿puerta a otros ‘Tolemaida Resort’?
La iniciativa, que establece privilegios carcelarios para los militares, a juicio del representante (Polo) Germán Navas Talero, abriría la puerta a nuevos ‘Tolemaida Resort’; así fue conocido a mediados de 2011 el centro de reclusión de los militares en esa base militar del Tolima, debido a los lujos que tenían varios uniformados recluidos en esa cárcel castrense.
Navas exigió al Gobierno y a los mismos representantes que le digan al país cuántos de los comandantes de esa base militar en esa época han sido sancionados por permitir lujos a los uniformados ahí recluidos.
De inmediato, uno de los ponentes del proyecto, el representante (conservador) Oscar Fernando Bravo, dijo que no está de acuerdo con promover lujos a los militares detenidos.
En ese sentido, Bravo consideró un exabrupto que, por lo menos en el caso del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, se pensara en enviarlo a “las mazmorras” de una cárcel común.
A su turno, otro de los ponentes, el representante (La U) Efraín Torres Monsalvo, dijo que darle privilegios carcelarios a los militares “no se trata de crear un hotel de cinco estrellas para los condenados de las Fuerzas Militares”.
“Queremos es darle garantías a la Fuerza Pública para que puedan cumplir sus condenas (…) no es posible que un policía cumpla su condena al lado de un ladrón o un militar al lado de un guerrillero o un paramilitar”, sostuvo.
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