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Aunque la mesa directiva de la Cámara no encontró visos de corrupción en el contrato para la renta de 215 vehículos, se tomó la determinación de declarar desierto el contrato.
La decisión de la Cámara obedeció a la recomendación hecha por la Procuraduría para que no se continúe adelante con ese proceso.
Tan sólo hace dos días después de que el presidente de la corporación, Carlos Alberto Zuluaga, anunció que continuaba la búsqueda del contrato, se tomó una determinación contraria.
El secretario de la Cámara, Jesús Alfonso Rodríguez, explicó que se revocó la licitación porque las disposiciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad ordenan que en el proceso “todas las empresas que se presentan en consorcios, uniones temporales o individualmente deben tener la licencia para alquilar vehículos blindados”.
Tras una revisión de los licitantes, los tres oferentes que estaban en uniones temporales (en todos los casos) tan sólo una de las compañías contaban con la licencia.
Al ser esas empresas vigiladas por la Superintendencia podría, en caso de haberse adjudicado el contrato, tener como consecuencia que ésta sancionara a las que intervinieron en el proceso.
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