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El nombramiento de Jorge Carrillo como presidente de ISA, la principal empresa de transmisión de energía en Colombia, estuvo en vilo por jugadas que tuvieron su génesis en la Cámara de Comercio de Medellín.
Luego de que la Cámara aceptara un recurso de reposición en el que se argumentaba que Carrillo había sido elegido de manera irregular, la Superintendencia de Sociedades, en cabeza de Billy Escobar, terció en el conflicto y permitió que Carrillo se inscribiera como representante de la empresa que tiene como socio mayoritario a Ecopetrol (51 %).
La movida, más allá de delimitarse a una situación de una empresa en particular, demostró el interés del presidente Gustavo Petro por tener más peso en estos organismos.
Así se vio también en la Cámara de Comercio de Bogotá en el pulso que mantuvo para evitar, fallidamente, que Enrique Vargas Lleras llegara a la presidencia de la junta, que es gerenciada por Ovidio Claros, cercano al presidente Petro. También, se ve en la pelea que hay en Cali por la presidencia de la Cámara de la capital valluna. Y, volviendo a ISA, en la posibilidad de que se traslade la empresa a Cartagena, inscribiéndose en la cámara de esa ciudad.
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La posibilidad de que se dé este cambio de sede, según confirmó El Espectador con fuentes que hablaron en privado al respecto, es por el interés del jefe de Estado de que Ecopetrol sea la punta de lanza de la transición energética.
Sobre este tema, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, declinó hablar al no ser el vocero de la junta de ISA. Sin embargo, sí se pudo confirmar que, en ese esfuerzo del presidente, ISA -que en el tercer trimestre del año pasado, según el reporte de resultados más recientes, tuvo ingresos por $4,39 billones- será clave, al estar al cargo de las principales redes de transmisión de energía en el país.
Pero también se da por motivos estratégicos. En las principales cámaras de comercio del país -como la de Medellín-, el Gobierno Nacional puede designar hasta la tercera parte de los miembros de la junta directiva, que es el máximo organismo encargado de las decisiones, toda vez que cumplen con funciones que le delegan el Estado.
Que fuera la cámara de comercio, compuesta por empresarios que en distintos espacios han manifestado su respaldo al alcalde Federico Gutiérrez, la que frenara temporalmente el nombramiento de Carrillo dio fe de ese pulso.
Fue, precisamente, desde los representantes de EPM y del sector privado en la junta de ISA que se acudió a la Cámara de Comercio en la estrategia que demoró su aterrizaje en Interconexión Eléctrica. Carrillo fue el gerente de las Empresas Públicas de Medellín durante el periodo de Daniel Quintero Calle, aliado del petrismo, en La Alpujarra, quien también en 2022 se enfrentó con la Cámara, acusándola de ser “controlada” por el GEA.
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El hecho, lejos de ser aislado, muestra que en esas entidades hay una conjunción entre economía y política, pese a lo que piden distintas voces. Para entenderlo, solo hace falta ver quiénes son los representantes que ha nombrado Petro.
En Bogotá están, por ejemplo, José Orlando Rodríguez, abogado que trabajó en la alcaldía de Petro como gerente general de la Terminal de Transportes, y Polo Ávila Navarrete, quien también hizo parte del equipo del jefe de Estado en el Palacio de Liévano y es el hermano del embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete. Y el presidente es Ovidio Claros, cercano al jefe de Estado.
En Cali, Petro nombró como delegados a Jairo de Jesús Ramírez Serna, Luis Felipe Campo Vidal (quien fue candidato a la Cámara en 2018), Robinson Cabezas Montero y Ramiro Jurado Donneys, que tiene el monopolio de los transportes en la región. De hecho, como lo reveló El Espectador, una de sus empresas recibió en 2019 un contrato por parte de la secretaría de Educación de la gobernación de Dilian Francisca Toro, pese a haber sido uno de sus mayores financiadores de la campaña de la expresidenta de La U.
Incluso en otras ciudades, como Barranquilla, esa relación económica y política se ve desde los representantes de los empresarios. En la entidad de esa región, por ejemplo, tiene un asiento Efraín José Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial de Atlántico e hijo del presidente del Senado, Efraín Cepeda, férreo opositor de Petro.
Por otro lado, en la Cámara de la capital atlanticense estuvo como presidente de la junta Orlando Jiménez, empresario elegido como delegado por el presidente por su cercanía con los tenderos, a quienes, a comienzo de su Gobierno, les prometió la delegatura en las entidades de los comerciantes. Una promesa que, como se ve con otros delegados, no ha mantenido.
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Recientemente, el presidente Petro también dejó ver su interés por tener el sartén por el mango en las decisiones de las cámaras. Durante la discusión previa a la elección de Enrique Vargas Lleras como presidente de la junta directiva de la organización que opera en Bogotá, el presidente aseguró que los empresarios buscaban “aprovecharse” de recursos públicos, a la vez que le daban la espalda a los intereses del Gobierno.
El primer mandatario, a través de sus delegados, buscaba que la presidencia de la junta siguiera en manos de un cercano a él. Esto, luego de la salida del abogado Julio César Ortiz -quien llevó el caso de Petro cuando fue destituido como alcalde de Bogotá- no solo de la presidencia, sino del organismo ejecutivo de la Cámara.
Sin embargo, ante el triunfo del hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y eventual candidato presidencial para 2026, Petro aseguró que “nosotros no estamos en la junta directiva de la Cámara de Comercio a nombre del petrismo, sino del gobierno nacional quien financia la cámara de comercio”.
Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco -gremio de comerciantes que en varias ocasiones se ha manifestado en contra de medidas del Ejecutivo- e integrante de la junta de la Cámara de Bogotá, es a los empresarios a quienes les corresponde la palabra final sobre las decisiones de fondo y de forma. Además, insiste en que el jefe de Estado ha querido hacerse con un control por el Gobierno, asegurando que estas entidades “deben estar ajenas a la politiquería”.
“Los miembros delegados de cada gobierno representan los intereses del presidente de turno, tal como lo hacen en la actualidad los representantes del petrismo. Las cámaras no son financiadas por ningún gobierno, se financian totalmente con recursos de los empresarios”.
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Sin embargo, una voz conocedora de las movidas internas de estas entidades, asegura que, desde cierta perspectiva, el Estado sí es el dueño de los recursos que entran por el registro mercantil, que oscilan en el 86 % de los recursos de las cámaras. Y si decidiera que no fueran las cámaras las encargadas de recaudar este dinero, su existencia quedaría en entredicho.
Se trata de una discusión que ya está sobre la mesa por el decreto 045 de 2024 del Ministerio de Comercio que, con el propósito de beneficiar a las pequeñas empresas, cambió el régimen tarifario. Para algunos integrantes de las cámaras, aunque responde a una medida lógica en el Gobierno progresista, también se ve como una movida que “desestabiliza el ingreso de las cámaras, porque los pequeños terminaron pagando menos, casi que subsidiados, mientras que el pago de las empresas medianas y grandes ha aumentado”, dice un conocedor que, con la prevención del sector privado para dar declaraciones, habla con reserva de su nombre al aducir que no es vocero.
El otro gran papel de las cámaras de comercio de Colombia tiene que ver con el nombramiento de los árbitros que dirimen los laudos, es decir, los conflictos que involucran a empresas. Para poner en perspectiva, fue la Cámara de Bogotá la que, en 2018, falló a favor de Colombia para que Telefónica y Claro pagaran $4,7 billones por el uso del espectro electromagnético. Fue ese el proceso que, en diciembre del año pasado, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló en contra del Estado y a favor del gigante de las telecomunicaciones español.
El arbitraje es, por la importancia de los temas que lleva, uno de los asuntos que ha llevado a intensificar el interés de Petro en las cámaras de comercio. Precisamente, en octubre del año pasado acusó, a través de su cuenta en X, a los hermanos Vargas Lleras de tomarse “el centro de arbitraje de la cámara de comercio de Bogotá, con ayuda de grandes empresarios, y desde allí manipula las cúpulas de la justicia”. Petro, el pasado 31 de enero, se rectificó por esas declaraciones tal y como lo ordenó el Consejo de Estado.
Una sección del Consejo de Estado ha fallado una tutela en mi contra sin escucharme, y dictamina que debo rectificar un trino mio sobre Enrique y Germán Vargas Lleras y el hecho que el segundo logre ganar en suerte dos casos recientes cono árbitroen la cámara de comercio…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 31, 2025
En medio de ese interés. Otra de las grandes movidas está en Cali, donde se espera la elección del próximo presidente de la Cámara tras la renuncia de Luis Fernando Pérez. Uno de los motivantes para la salida del expresidente de la Cámara fue una carta enviada por los delegados de Petro. En ella manifestaron que Pérez había hecho una “declaración de guerra” al gobierno al criticar decisiones del Ejecutivo en una columna publicada en el diario local El País. “Proseguiremos en nuestra posición de exigir su renuncia como presidente ejecutivo de nuestra Cámara de Comercio de Cali, que se aparte de su cargo”, dijeron.
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Hoy la discusión sobre los posibles reemplazos de Pérez, según confirmaron fuentes a este medio, están en tres nombres. Uno de ellos es Julián Franco, secretario de Turismo de la gobernación de Dilian Francisca Toro. También suena Angélica Mayolo, ministra de Cultura del expresidente Iván Duque y expresidenta de la Cámara de Buenaventura. Y, como tercer opcionado, Deninson Mendoza, gerente de Telemedellín en la alcaldía de Quintero Calle y, además, cercano a Toro. Es decir, tres perfiles que, aunque con experiencia técnica, también se mueven en los círculos políticos del Pacífico y nacionales.
Así, el Gobierno seguirá buscando tener un peso más significativo en las cámaras de comercio. La discusión, en 2025, estará en el mencionado decreto que cambia las tarifas que permiten su existencia. Y, aunque desde el Ejecutivo, se mantiene que beneficia a las empresas más pequeñas -que componen más del 90 % del tejido empresarial-, golpea a las más grandes y, a su vez, pone en entredicho la existencia de varias de las 58 cámaras que hay repartidas en el territorio nacional.
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Por Leonardo Botero Fernández
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