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Esta historia comienza con grandes cantidades de dinero y relaciones políticas, como suele suceder en temas del Estado colombiano. Camionetas blindadas Station Wagon 4×4, de modelos 2020 o superiores, transitan por las calles de Bogotá (y de las regiones), trasladando de la casa al Congreso, del Congreso a algún edificio oficial, de este a una reunión privada, a mercar, a citas médicas, de regreso a la casa, a las 295 personas que ostentan una curul en el Capitolio. Políticos de partidos tradicionales, líderes y lideresas sociales, activistas, animalistas, influencers, son algunos de los perfiles de quienes tienen por encargo hacer las leyes de 2022 a 2026. Hoy, en medio de la discusión nacional sobre el déficit fiscal que enfrenta el país y la reforma tributaria del Gobierno para ejecutar cambios en varios sectores, son esos 295 congresistas y sus privilegios los que también están en la mira para reducir costos.
El salario que recibe un legislador mensualmente, que asciende a más de $35 millones, no es lo único que está en boga. También está el alto costo que implica pagar camionetas de los últimos modelos para movilizarlos y las preguntas que levanta cada peso gastado a su paso. El Espectador revisó el contrato de la vigencia de 2022 para los 187 representantes a la Cámara, que asciende a $77.862’708.526 anuales, que contempla hasta 388 vehículos blindados, las obligaciones que derivan de estos, y los hombres de protección, sus chalecos y armas que hacen parte del esquema de seguridad de los funcionarios. ¿Es necesario ese gasto? ¿Es inconveniente? ¿Por qué el número de vehículos sobrepasa el número de representantes a la Cámara? ¿Qué responsabilidades tiene la presidencia de la Cámara en todo esto cuando David Racero, quien preside la corporación actualmente, ha dicho y reiterado que está comprometido a disminuir gastos?
El convenio
Anteriormente, la Cámara de Representantes compraba sus propios vehículos para ponerlos a disposición de los parlamentarios, muchos de los cuales llegaban al Capitolio con esquemas de protección por el alto riesgo que su trabajo social y político representaba para su integridad y la de sus familias. No obstante, desde hace un poco más de nueve años, la corporación dejó de hacerlo sola. El servicio lo empezó a prestar en conjunto con la Unidad Nacional de Protección (UNP) a través de un convenio interadministrativo en el que ambas ponen recursos públicos en una bolsa común para dicho fin. La Cámara dispone el dinero para los vehículos y la UNP para los hombres de protección que acompañan a cada congresista.
El convenio se empezó a implementar bajo la administración de Andrés Villamizar, director de la UNP entre 2011 y 2014, con la intención de salvaguardar el presupuesto de la entidad, se dijo en su momento. En ese entonces, los parlamentarios acudían al organismo para solicitar su esquema de seguridad, que incluía carros blindados. Sin embargo, la ley establece que cada entidad estatal debe costear la protección de sus funcionarios, mientras la UNP debe destinar su presupuesto para los protegidos de la sociedad civil. Es por ello que la Cámara de Representantes es la ordenadora del gasto y, en ese sentido, mediante la figura del convenio interadministrativo, utiliza un rubro mensual para pagarle a la UNP por el alquiler de los vehículos contratados.
Según el SECOP II, el convenio de este año, de más de $77 mil millones, se firmó el 28 de enero, inició el 1 de febrero y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. El firmado en 2021 fue de $47 mil millones. Si bien ese tuvo una duración de 10 meses (un mes menos que el actual) y contempló a 171 representantes (pues en ese entonces no existían las 16 curules de paz), el aumento en términos de plata fue de más del 63 %, cosa que para algunos consultados es desconcertante, cuando la Cámara creció apenas un 9,35 % con las curules nuevas.
John Abiud Ramírez, director administrativo de la Cámara, explicó que los vehículos blindados que se contratan cada año no son para satisfacer la movilidad lujosa de los legisladores, sino que responden a la implementación de una medida de seguridad pues, agregó, el cargo de congresista arrastra de entrada un nivel de riesgo para quien lo ejerce.
“El Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendaciones (CERREM) para Servidores y Exservidores Públicos es el que hace el estudio de seguridad. Evalúa amenazas y posibles amenazas y bajo esos criterios decide qué nivel de riesgo tiene cada congresista, cuántos carros requiere, policías y escoltas. Tenemos hoy congresistas con medidas de la CIDH. Tienen medidas cautelares, muchos congresistas llegaron con esquemas de seguridad implementados para sus funciones”, contó. Además puso como ejemplo el caso del exsenador Gustavo Petro, hoy presidente de la República, quien en su momento tuvo cerca de seis camionetas blindadas para su protección por el alto riesgo que enfrentaba su labor política.
A pesar de las explicaciones de Abiud Ramírez sobre el papel de los vehículos blindados en la seguridad de los congresistas, son muchas las preguntas que giran en torno al alto costo de estos y, en específico, del contrato actual. Llama la atención no solo el incremento en el monto del convenio, sino también una práctica que aparece en documentos anteriores: tener en cuenta, de entrada, dos camionetas por representante. Si bien Abiud Ramírez y el equipo de la dirección administrativa señalaron que eso se dispone en el papel de forma tentativa, como un recurso máximo a gastar, no significa que se utilice todo lo que allí se discrimina en términos de insumos y, por ende, tampoco ilustra que se gaste el recurso público en su totalidad. Por ejemplo, en el caso actual, el convenio indica que la Cámara podrá solicitar durante este año hasta 388 “Station Wagon 4×4, modelo 2020 o superiores, nivel de blindaje III y IIIA, superiores a 2.980 C.C, turbo diésel”, pero hasta la fecha de esta publicación están siendo usados por los congresistas 245 carros.
Asimismo, dijo el director administrativo de la Cámara, aunque hay disponibles dos carros por representante (uno para su uso en Bogotá y otro para cuando esté en su región), hasta el cierre de esta edición había 83 representantes con un solo vehículo. “El hecho que tengan asignados dos, no significa que los tengan ya. Nosotros no ofrecemos carros. La UNP define si da uno o dos vehículos. Si le asignaron dos vehículos es porque tiene un riesgo. Si los quiere entregar, porque es filántropo o sabe que no le va a pasar nada, el o la representante renuncia a la implementación de la medida bajo su responsabilidad. Ahorita muchos de los que tienen medida cautelar que dicen que la policía los persigue, renunciaron a su esquema. La representante Leila Rincón, del Huila, venía en Transmilenio al Congreso, pero se le implementó su vehículo de seguridad desde el jueves”, aseveró Abiud Ramírez. De igual forma, la dirección administrativa sostuvo que, según sus datos, faltan tres representantes por recibir una camioneta, mientras que a otros la UNP, mediante resoluciones que dan cuenta del riesgo de cada parlamentario, modifican la cantidad de carros o de hombres de protección que les acompañan a lo largo del cuatrienio. Es decir, es un tema que va variando, incluso desde la norma, pues es un decreto y no una ley.
Los problemas
Para dos exfuncionarios de alto rango de la Unidad Nacional de Protección, las camionetas que se les asignan a los representantes son un foco de despilfarro de dinero público que, por supuesto, está permeado por las relaciones políticas entre los congresistas y los servidores de otras unidades estatales. “En el caso del Congreso, el estudio de riesgo de los legisladores lo hace la Policía Nacional, porque ella es la responsable de la seguridad de ellos. El conducto correcto es que la Policía le haga estudio de riesgo a cada uno de los congresistas. De acuerdo con esa valoración de riesgo individual se debe determinar, mediante un comité, cuáles son las medidas de seguridad que se necesitan. El quid del asunto está en que esos estudios no se hacen como se deben hacer. La Cámara le echa la culpa al CERREM, pero lo cierto es que esa y todas las entidades públicas organizan los estudios de riesgo para que indiquen que los funcionarios públicos en general requieren camioneta blindada”, contó uno de ellos que pidió total reserva de su nombre.
En ese sentido, desvirtuó la explicación de John Abiud Ramírez y develó que la asignación de las camionetas suntuosas estaría supuestamente atravesada por la influencia amañada entre funcionarios, algo innecesario pero que termina impactando en gran medida el gasto, pues la información oficial dice que el alquiler de cada vehículo le cuesta a la Cámara entre 15 y 18 millones de pesos mensuales. “Los funcionarios públicos deben ser evaluados por un comité de funcionarios públicos, que preside el director de la UNP, el de la Unidad de Protección de la Policía, un delegado del Ministerio del Interior. Mejor dicho, eso lo ajusta un grupo pequeño de personas y es ahí donde se acomodan los estudios, porque eso no lo revisa nadie. El deber ser es que eso debería ser auditado por alguien, pero no ocurre”, indicó el exfuncionario de la UNP.
Según su experiencia en la entidad, al final el riesgo para la seguridad de alguien no es un criterio para la asignación de camionetas, sino que dicho comité es el conducto para que todos los representantes tengan un carro blindado: “La realidad es que de los 187 representantes a la Cámara, solo 50 pueden necesitar esquemas de protección, el resto no”, afirmó. Incluso, se remontó a una experiencia anterior: “De la vigencia pasada había congresistas con blindadas BMW, Mercedes Benz, que costaban 30 % más que las Toyota que le entregan a la gran mayoría. ¿A cuenta de qué? ¿Quién ordenaba que esos congresistas en particular tuvieran carros de alta gama blindados que además los tenían en las regiones para no llamar la atención de sus compañeros en Bogotá?”, reveló.
Otro exfuncionario de la UNP que trabajó en los primeros años de creada contó que, en términos simples, se llegó a un acuerdo general de que todos los representantes tuvieran camioneta blindada para que estuvieran en una especie de igualdad de condiciones. Esto aplicó hasta para los representantes de Cundinamarca, Boyacá y Bogotá, sin alto riesgo, que aunque no requieren dos vehículos pues sus residencias quedan cerca del Congreso, igual tienen dos carros a disposición.
“Lo que hicieron en ese entonces Cámara y Senado, para no pelear quién tiene carro y quién no, fue darle vida al convenio que habilita vehículos para todos. En mi época se intentó pelear, por ejemplo, para que los representantes de esas regiones cercanas al Congreso no tuvieran dos vehículos pues era innecesario, pero eso fue una batalla perdida porque lo veían como un medidor de igualdad para todos los representantes”, manifestó la fuente. Así las cosas, para él, el decreto que posibilita que los representantes (y el Congreso en general) tengan camionetas de modelo 2020 o superiores se puede repensar, pues cuando se tomó la decisión de esta figura, los funcionarios enfrentaban un contexto sin Acuerdo de Paz, entre otros índices que afectaban la seguridad. “Las condiciones de seguridad hoy en día son muy diferentes a las que había en 2012 o 2013, cuando se tomó la decisión de hacer un convenio interadministrativo. Entonces creo que es un tema que se puede revaluar para que tenga concordancia con la actualidad”.
En últimas, quizá una descripción acertada para todo el embrollo sobre las camionetas de alta gama que hoy transportan a los representantes sea esta que dio una persona de la dirección administrativa de la Cámara: “Traquetizamos la política. Uno se acostumbra a que es alguien si tiene a 10 hombres detrás y algunos carros cuidándolo. Eso da estatus. Queremos escoltas porque creemos que eso nos da la capacidad de trabajo. Los que no tienen amenazas ni riesgo no deberían tener carro. Uno se acostumbra a eso y la década del 80 y 90 nos marcó muchísimo”.
Para ambos exservidores públicos de alto nivel, que conocieron de cerca el manejo de este convenio, solo hay algo claro: el presidente de la Cámara, David Racero, tiene todas las armas para tomar en este caso y puede darle game over al despilfarro de las camionetas. “El presidente de la Cámara sí puede tener injerencia en los convenios, porque es el presidente del Comité de Gastos, y el director administrativo no puede hacer nada que no esté autorizado por el Comité de Gastos. El contrato es lo de menos. Se puede hacer un contrato con una bolsa de 78 mil millones por mínimo 300 camionetas, pero si aplica la norma como es, en últimas solo necesitarán 100 camionetas. El resto de la plata sobra, no importa que ya esté firmado el contrato. Tiene es que aplicarlo bien: haga el estudio de riesgo real a cada uno de los representantes y determine quién necesita carro blindado de verdad y quién no. El que no necesite carro blindado sencillamente no se le solicita a la UNP, no se paga, y por tanto esa plata se ahorra. El convenio no dice que es obligatorio entregarle dos carros a cada congresista. Lo que dice es que debe brindar los necesarios para la protección del Congreso”.
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