Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Una de las líneas de investigación que se adelantan contra la campaña presidencial de Gustavo Petro es por violación de topes o límites de gastos. Para cada contienda, el Consejo Nacional Electoral (CNE) define un monto máximo de dinero que puede usar cada candidato. Y el futuro del ahora presidente en esa investigación depende apenas de $299 millones, que es la suma que le faltó al equipo del mandatario para completar su cupo.
Es decir, que de probarse que Nicolás Petro, el primogénito del jefe de Estado, ingresó irregularmente más de $299 millones a la campaña, el gerente, Ricardo Roa, y la auditora general, María Lucy Soto, junto al mismo presidente, podrían ser procesados por ese delito electoral. El Espectador habló con personas cercanas a la investigación que adelanta el CNE, quienes coincidieron en que el riesgo más alto de Petro en este caso es que, de hallarlos responsables, podrían demandar su elección.
Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del CNE y experto en derecho electoral, explicó que si el proceso llega a concluir que el dinero que Nicolás Petro dice que entró a la campaña supera los topes, “se vuelve a abrir la brecha para demandar el acto administrativo que ratificó al presidente en ese cargo”. Inicialmente ese proceso se puede hacer hasta 30 días después de la elección pero, de acuerdo con el abogado, “cuando hay una investigación así, el CNE puede reabrir los tiempos para recibir esas demandas”.
En contexto: Cumplimos a cabalidad: empresa que auditó gastos de campaña Petro fue visitada por el CNE
Por eso, una de las recientes pruebas que ordenó el CNE en esta investigación fue pedir información a la DIAN sobre los movimientos financieros de Roa y de otras personas cercanas a la campaña presidencial, para determinar si hubo cruces de dineros irregulares. Uno de los puntos de partida en la investigación es conocer cuánto del dinero que el hijo del mandatario habría recibido fue a la campaña y cuánto se quedó en sus bolsillos.
Fuentes cercanas al proceso le confirmaron a este diario que el mayor riesgo es que los montos que probarían que el presidente excedió los topes son muy bajos. Por ejemplo, en caso de que se compruebe que Nicolás Petro utilizó los dineros para la primera vuelta presidencial, tendría que demostrar que la plata irregular fue menos de $151 millones para no incurrir en un delito electoral. Y en caso de que el dinero haya sido utilizado para segunda vuelta, tendría que demostrar que fue menos de $147 millones.
Los ojos de los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) están puestos en encontrar posibles inconsistencias en los reportes de dineros. De hecho, uno de los primeros hallazgos que hay en el expediente salió de la inspección que le hicieron a la empresa Nexia Montes & Asociados, que auditó la campaña. Allí determinaron que no se habían entregado todos los informes y que se habría omitido datos claves.
Una fuente del CNE le confirmó a este diario que aunque las pesquisas ya comenzaron y hay algunas conclusiones preliminares, los resultados no saldrían este año, sino que comenzarían a conocerse en 2024. “El CNE tiene tres años para adelantar esta investigación, pero la aspiración es tomarse mucho menos tiempo, al menos la mitad. Pero para lo que queda del 2023 es imposible”, dijo.
Lea: Defensa de Nicolás Petro califica de mentirosa carta de la Colombia Humana a la CIDH
Aunque el Consejo no tiene la responsabilidad de determinar si el dinero entró o no con conocimiento del presidente, el exmagistrado Gutiérrez explicó que la complejidad radica en que, según Nicolás Petro, parte del dinero se habría invertido en eventos públicos: “El candidato participó de los eventos y eso quiere decir que es el responsable de su campaña, porque él conocía de esos gastos en los que se incurrió”.
¿Podría perder su cargo?
La Ley 1475, que es la norma que reglamenta el funcionamiento de los partidos políticos y procesos electorales, dice que quien viole los topes en una campaña podrá perder su cargo, solo en caso de alcaldes y gobernadores. Y en el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas (como el Congreso, las Asambleas y las Juntas Administradoras Locales), el procedimiento es la pérdida de investidura definido en la Constitución y la ley.
De acuerdo con Gutiérrez, “queda un vacío jurídico porque la normativa no dice qué se debe hacer en caso de un presidente”. Por eso, no se podría hablar de pérdida del cargo para el Jefe de Estado, al menos en los procedimientos del Consejo Electoral. Fuentes de ese órgano explicaron que en caso de encontrarse responsable, la sanción para el mandatario y sus integrantes de campaña sería económica y tendría que pagar una multa, además de devolver el dinero de la reposición de votos.
La otra arista está en la Comisión de Acusación, que tiene una investigación contra el presidente y puede utilizar los resultados del proceso en su contra para adelantar un juicio político. “Al CNE no le importa si el origen de los dineros es de narcos o es legal. Lo peligroso es que, con las declaraciones que ha dado el hijo del presidente, todo apunta a que el dinero que no se reportó son mínimo $400 millones, y con eso se supera, de lejos, el tope”, dijeron desde el Consejo Electoral.
👁🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.
Por Valentina Parada Lugo
Conoce más