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Sobre las 11:00 a.m. de este jueves se reactivó el movimiento de la Comisión de Acusaciones de la Cámara en relación con el caso de las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Muy puntuales llegaron los tres investigadores del caso: Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (La U); seguidos por los interrogados de turno, el senador Pedro Flórez y el representante Agmeth Escaf, ambos de la coalición de Gobierno.
Aunque todos optaron por guardar silencio ante los medios, el desarrollo de la diligencia estaba cantado y aún más el anuncio que dio el triunvirato al final. A puertas cerradas, los dos congresistas no aportaron mayor información sobre la mención que hizo de ellos el hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, y señalaron que no quieren torpedear el proceso que les abrió su juez natural, la Corte Suprema de Justicia.
Con ese mismo argumento, la defensa del jefe de Estado, encabezada por el abogado Mauricio Pava, insistió en que la Comisión debería reclamarle al CNE las competencias para investigar a Petro, como ya lo había pedido el pasado 3 de mayo, a través de una carta enviada al representante Alirio Uribe, investigador coordinador. “El Congreso procesa a los presidentes, los fiscales y magistrados, esa es la Constitución que nos rige. Fue un error monumental incluir al presidente Petro en esa ponencia”, le dijo el jurista a este diario antes de abandonar el recinto.
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Casi al instante, el triunvirato anunció lo que El Espectador anticipó el miércoles: le pedirán al CNE abstenerse de procesar a Petro y trasladar todo lo relacionado con él a la Comisión. “Aunque ese órgano es competente para investigar a los partidos, a los gerentes y candidatos, la competencia exclusiva para investigar al presidente la tiene el Congreso por ser su juez natural al amparo del fuero constitucional”, dijeron los tres investigadores.
Aunque la autoridad electoral no ha reaccionado oficialmente, en la Sala Plena ya hay voces que hablan de la posibilidad de modificar el texto; sin embargo, los ponentes Prada y Ortiz se mantienen en sus argumentos para incluir al mandatario en la formulación de cargos. Así las cosas, el camino conduciría a un choque de competencias que tendrían que entrar a resolver la Corte Constitucional o el Consejo de Estado.
El choque jurídico
Paradójicamente, antes del anuncio de la formulación de cargos en el CNE y de la solicitud de la Comisión hecha este jueves, la relación entre ambas corporaciones había sido fluida. El 6 de junio de 2023, la Comisión le trasladó al CNE las denuncias de Federico Gutiérrez, Miguel Uribe, Alejandro Pardo, Miguel Polo Polo y Alejandra Barrios Cabrera relacionadas con las presuntas vulneraciones al régimen de financiación de la campaña presidencial. Luego, el 6 de marzo de este año, la Comisión realizó una inspección en el CNE y este le entregó una copia digital del expediente y demás detalles reservados.
De hecho, para algunos congresistas independientes de la Comisión, los procesos en ambas instancias están siendo afectados por la guerra de narrativas entre oficialismo y oposición. Los primeros insisten en que el CNE quiere “juzgar” a Petro y califican la movida como “prevaricato”; en cambio, desde la otra orilla, responden que el tribunal tiene todo el derecho de investigar y eventualmente multar a los responsables de la campaña, incluido el candidato.
En este punto hay que resaltar que no es la primera vez que alfiles del presidente intentan sacar el proceso del CNE, incluso pidiendo su anulación. El 4 de agosto de 2023, el entonces abogado de Ricardo Roa, Germán Palacio, solicitó el archivo de lo que en su momento era una indagación, argumentando extemporaneidad; es decir, que la denuncia contra la campaña debió presentarse durante los 30 días siguientes a las elecciones y no casi seis meses después, cuando llegó, de manera anónima, la queja al CNE.
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Los magistrados respondieron que la Ley 996 de 2005 les da facultades para adelantar en “todo momento” auditorías o revisiones sobre el proceso de rendición de cuentas de las campañas electorales e iniciar las investigaciones cuando se adviertan irregularidades contra el régimen de financiación. Además, agregaron que, aunque la Corte estableció ese plazo para impugnar la elección presidencial, lo cual es competencia del Congreso, no limitó las capacidades del CNE para investigar las campañas.
Además, el 18 de abril de este año, el abogado Ulises Durán, apoderado de Colombia Humana, pidió “claridad sobre la competencia constitucional para investigar las conductas del Presidente de la República, teniendo en cuenta su fuero constitucional y sus garantías procesales”. Nuevamente, los magistrados se defendieron señalando que “a esta Corporación le asiste la competencia para verificar e investigar el cabal cumplimiento de las normas sobre financiación de las campañas electorales”, esto, según ellos, sin perjuicio de los artículos 174 y 178 de la Constitución Política, que hablan del juicio político al presidente.
De acuerdo con esta postura, tanto Petro, como Ricardo Roa y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, podrían ser sancionados con una multa de entre el 1 % y 10 % de los recursos desembolsados por el Estado para la campaña. De hecho, por esa misma razón, algunos juristas defienden la autoridad administrativa del CNE y rechazan que el presidente denuncie un juicio en su contra y, por esa misma vía, el llamado “golpe blando”.
A todo esto se suma que la defensa de Petro también pedirá desestimar los cargos por posible violación al tope de gastos por el pago a testigos electorales, esto argumentando que las campañas terminan un día antes de las elecciones y que los testigos solo actúan una vez se cierran las urnas. Sin embargo, para la contraparte, se trata de un solo proceso
De esta manera, el debate se centraría en el choque de interpretaciones de la ley que haga cada cual, que a su vez se verá agitado por el cruce de mensajes en redes sociales. En el Pacto Histórico, que a propósito prepara una “asamblea” para definir su ruta hacia el 2024, varios sostienen que el CNE busca “juzgar ilegalmente” al primer presidente progresista del país.
El tema se enredaría aún más, pues los abogados advierten que pronto empezarán a “llover” recusaciones en el CNE y la Comisión que retrasarán las decisiones de fondo. De hecho, en el tribunal electoral ya fueron recusados Álvaro Hernán Prada, por su cercanía con el Centro Democrático, y Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, por la afinidad con el Pacto Histórico.
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El panorama de Petro en la Comisión
Pase lo que pase con este choque institucional, la Comisión de Acusaciones seguirá con su caso, que arrancó en marzo de 2023 y tomó forma el 6 de diciembre de ese mismo año, cuando se abrió una investigación previa que quedó en manos del triunvirato. Los tres representantes, que ya han escuchado a la mayoría de involucrados, tendrán que presentar su propia ponencia, de acusación o preclusión, la cual será puesta a consideración de los 18 miembros de la Comisión.
Fuentes de esa corporación señalan que dicha ponencia estaría lista antes de que termine el 2024, pues ya el recaudo de pruebas está en su etapa final y todo indica que los tres tienen los materiales para definir si el presidente debe o no ir a un juicio por las cuentas de su campaña. Sin embargo, ese camino es largo, empezando porque no se descarta que el triunvirato pide archivar el proceso con el argumento de extemporaneidad.
Si deciden acusar al mandatario, tendría que conformarse una mayoría en la Comisión, la cual hoy en día no está clara, pues las cargas políticas están equilibradas. Ocho de los representantes son de partidos tradicionales, de los cuales cuatro han apoyado al Gobierno en algunas de sus iniciativas y cuatro que están críticos de la gestión. Por otra parte, hay tres representantes del Pacto Histórico, dos de las curules de paz y dos de la Alianza Verde que podrían votar a favor de Petro. Por último, está la oposición con tres representantes del Centro Democrático y Cambio Radical.
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Si la acusación formal se aprueba, pasaría a la Comisión de Instrucción del Senado, en donde se presentará un proyecto de resolución y, dentro de los cinco días siguientes, en la plenaria del Senado iniciaría el juicio político formal contra Petro. Solo esa corporación puede decidir si Petro debe ser suspendido del cargo y se le levanta el fuero presidencial para ser sancionado por la Corte Suprema de Justicia. El camino es largo e inédito y las mayorías del Congreso lo ven como algo improbable para los próximos dos años.
Por ahora, los magistrados del CNE guardan silencio frente al proceso para evitar afectar su voto. La Comisión seguirá con su investigación y en los próximos días llamará a testificar a Armando Benedetti y Laura Sarabia, quienes se sumarán a los empresarios Christian Daes y Alfonso “El Turco” Hilsaca, que pidieron aplazar la diligencia programada para el jueves.
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