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Después de estar ‘congelada’ por casi cuatro meses y tras ser revisada jurídicamente con lupa, este jueves inicia el estudio de la ponencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) que busca formularle cargos y abrirle una investigación al presidente Gustavo Petro por presuntamente haber violado el tope de gasto en campaña. Son $5.400 millones los que no le cuadran a los dos magistrados investigadores, Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático).
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Los despachos de ambos magistrados empezaron a mover nuevamente el caso contra el jefe de Estado el mismo día en el que se conoció que el Consejo de Estado ratificó al CNE para investigar la campaña que llevó a Petro al poder, pero dejaba claro que solo la Comisión de Acusación de la Cámara podría llegar a acusarlo.
Solo horas después de la respuesta del alto tribunal, que se conoció públicamente el pasado 23 de agosto, los togados le pidieron a la Secretaría del CNE que agendara con la menor brevedad el estudio en sala plena de su ponencia de 350 páginas a la que tuvo acceso El Espectador. Esto, para que los otros siete magistrados tomen una decisión: votar a favor o en contra de la formulación de cargos a Petro, su gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y otras personas vinculadas a la “campaña del cambio”.
Pero la votación no tendrá la misma velocidad, y así lo reconocerían los dos despachos a cargo de la indagación que se abrió desde inicios de 2023. Lo más seguro es que este jueves, cuando los magistrados agoten agenda y lleguen al punto de la ponencia Petro, pospongan la votación, pues alguno ellos solicitaría el extenso documento para revisarlo a detalle.
Así, el expediente comenzará a circular de despacho en despacho e incluso algunos podrían hacer observaciones y pedir modificaciones. Cada magistrado tiene aproximadamente dos semanas para leer la ponencia antes de devolverla.
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Según fuentes cercanas, es casi seguro que el documento, que contienen los libros contables de la campaña, facturas de gastos y testimonios como lo de Roa, Laura Sarabia, la directora del Dapre, y de algunos testigos electorales lo pedirán tres togados. Estos son Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez (Pacto Histórico) y Cristian Quiroz (Alianza Verde), cuya votación sería a favor del presidente y contra la ponencia. Solo con la petición de estos tres, la votación de la ponencia se aplazaría por al menos dos meses.
Este tiempo, piensan algunos, aunque dilataría la votación, serviría para tratar de convencer a los indecisos, pues se necesitan mínimo seis votos para tomar cualquier decisión, sea formular o archivar. Hasta el momento están claros los tres que votarían contra la ponencia y a favor están los de los dos investigadores y los de tres magistrados: César Lorduy (Cambio Radical), Alfonso Campo (Partido Conservador) y Maritza Martínez (Partido de la U) y actual presidenta del CNE.
Además, está por verse cuál será el posible movimiento que haga la Casa de Nariño para desestimar la ponencia que habla de una violación del tope de gasto, que para 2022 estaba estipulado en $41.000 millones.
El ‘primer round’ parecen haberlo ganado los dos magistrados del CNE, luego de que no estuvieran obligados a trasladar todo el caso a la Comisión de Acusación, tal como lo solicitaron los tres investigadores de Petro de dicha célula legislativa argumentando facultades. Tampoco tuvo que hacer grandes modificaciones a la ponencia que se estudiará este jueves, en comparación a la primera que radicaron en mayo y que estuvo siendo estudiada por el Consejo de Estado. Y las peticiones que hicieron desde la defensa de archivar el caso tampoco surtieron efecto.
Sin embargo, lo más significativo es que Ortiz y Prada marcaron un precedente, pues por primera vez el CNE tiene la puerta abierta para investigar y formular cargos contra un presidente, aunque ambos digan que es en calidad de candidato a la Presidencia.
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Por lo mismo, la disputa entre si el CNE tiene o no la facultad para esto puede no haber terminado aún. En varias oportunidades, el mismo presidente Petro ha dicho que esta alternativa sería algo completamente inconstitucional. Y en su momento, luego de que se radicara en mayo la primera ponencia, se radicalizó su discurso sobre una presunta persecución a su gobierno, llevándolo incluso a hablar de una posible Asamblea Nacional Constituyente.
Ahora bien, la ponencia en ningún momento hace mención de una separación del cargo de presidente, en caso de llegarse a corroborar que se violaron los topes, pues esto solo lo podría hacer el Congreso a través de un juicio político que iniciara, precisamente, en la Comisión de Acusación, que también adelanta procesos.
Eso sí, en la ponencia se habla de posibles sanciones contra el gerente de campaña, auditores, e incluso contra el partido Colombia Humana, que en 2022 le dio el aval a Petro para competir por la Presidencia.
En todo caso, la ponencia, aunque salió de su primer congelamiento, podría volver a estancarse en las siguientes semanas, cuando sea solicitada para su estudio por varios magistrados y cuando se conozca la posible respuesta del jefe de Estado y su defensa.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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