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Tuvieron que pasar 135 días exactos desde que la polémica licitación de pasaportes se declaró desierta para que la Cancillería, todavía liderada por Álvaro Leyva, abriera un nuevo proceso. Aunque su objetivo es el mismo, la elaboración de estas libretas hasta 2026, su valor es menor ($416 mil millones) y los cambios en el pliego de condiciones son evidentes.
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Entre el 13 de septiembre, día en que Leyva declaró desierto el proceso, y el 26 de enero, cuando se subieron los nuevos pliegos a la plataforma de contratación pública Secop, tuvieron lugar varios momentos que impactaron a la Cancillería y al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Por un lado, se inició una batalla jurídica entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons, firma que tiene el negocio de pasaportes desde hace casi dos décadas y que demandó al Estado por $115 mil millones por no habérsele adjudicado el anterior proceso (LP-001-2023 de $600 mil millones) a pesar de haber cumplido con todos los requisitos. Y, por el otro, la Procuraduría suspendió tres meses a Leyva por las presuntas irregularidades y la posible violación a la ley de contratación; de hecho, este lunes se confirmó que la decisión se le notificó a la Casa de Nariño desde el 24 de enero.
El nuevo pliego, de 75 páginas, ya despertó el interés de diez empresas, tres más de las que participaron en la frustrada licitación que terminó con Thomas como único oferente, tras las quejas de los demás participantes por un presunto favorecimiento a esa firma.
Thales, Veridos México, Idemia, Sonda Colombia, Imprenta Nacional de Colombia, Kriterion, Cadena, Data File, Satoris y Thomas Greg & Sons tendrán plazo hasta el viernes 2 de febrero para decidir si se le miden o no a las nuevas condiciones que estableció la Cancillería y presentan su oferta definitiva el 4 de abril.
El pliego actual tienen cambios en al menos cinco puntos, que, el año pasado, generaron malestar en los oferentes al punto de calificarlos como favorables únicamente para el actual contratista.
Aunque el nombre de Thomas Greg & Sons ya se había escuchado debido a su participación en la elaboración de cédulas de extranjería y en los procesos electorales, fue en medio de la licitación de pasaportes que sonó con más fuerza. El mismo presidente Gustavo Petro, quien desde sus épocas de candidato cuestionó a la empresa asegurando que “ponía a los presidentes de Colombia”, terminó por llamarla este sábado un “cartel de la contratación” que Leyva pudo “frenar”.
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Y aunque tanto el presidente como el ministro de Relaciones Exteriores fueron enfáticos en que no buscarían la conciliación con Thomas Greg y que en “el gobierno del cambio” no habría licitaciones sastre, la Ley 80 dice que una licitación puede ser adjudicada así haya concluido con un solo oferente, siempre y cuando este cumpla con los requisitos.
Pero, ¿cuáles son los cambios de fondo? El primero y más visible es que es el mismo Leyva, a pesar de tener en vilo su puesto, quien dirige el proceso desde su inicio, contrario al anterior que fue inaugurado por el secretario general de la entidad, Jose Antonio Salazar, a quien la semana pasada se le archivó una investigación en la Procuraduría por ese tema. En ese proceso, Leyva se mantuvo ajeno en un comienzo, pero se metió cuando las denuncias de los otros oferentes llegaron a oídos del presidente.
El valor del contrato es otro de los cambios. El primero estaba estipulado en $600 mil millones y el actual en $416.146 millones. Sin embargo, esto responde a que la empresa a la que se le adjudique el contrato iniciaría operación en octubre, una vez finalice el que se le entregó a Thomas por urgencia manifiesta, es decir, de manera directa tras la fallida licitación. En resumen, el contrato, que irá hasta el 31 de julio de 2026, será por casi tres años y no por cuatro como estaba previsto.
Ahora bien, la adjudicación del nuevo contrato, con número 003 – 2023 en Secop, sería el 25 de abril, lo que le da un margen de tiempo superior al operador para alistarse con respecto al anterior. Tal como se lee en el anexo número 16, “Tiempo de implementación”, el futuro contratista tendrá hasta cinco meses, a partir de la adjudicación, para poner en marcha toda la operación.
Precisamente, una de las principales quejas en la licitación pasada era el tiempo de implementación (dos meses), que según los participantes solo podía cumplir Thomas al manejar el negocio desde años atrás y conocer la logística y contar con los insumos.
Otro de los puntos que fueron modificados para el nuevo pliego de condiciones es la calificación extra que se le daba en 2023 a aquellas empresas que pudieran ofrecer, o que tuvieran, una planta de contingencia en otro país.
Aunque contar con esa sede aún da mejor calificación, en las condiciones anteriores los ofertantes podían obtener hasta 200 puntos si tenían instalaciones en América del Norte; 130 si esta estaba en Europa; y 100, en América del Sur. Para ese momento, solo Thomas contaba con una planta en Estados Unidos.
Por el contrario, en el pliego que se publicó el pasado 26 de enero, tener puntos de trabajo en otros lugares del mundo como plan de contingencia no le da a la empresa interesada una ventaja sobre las demás.
Para esta oportunidad, la calificación económica que dé el comité que seleccionará la Cancillería y dará a conocer el próximo 5 de febrero, será más importante que la técnica. En palabras simples, se priorizará el valor unitario por libreta de pasaporte que pueda darle la empresa a la Cancillería y no el contar con una planta de contingencia y la disponibilidad de un tercer chip para el pasaporte.
Adicionalmente, en estas nuevas condiciones, se flexibilizó ligeramente el requisito de experiencia que deben acreditar estas firmas. Aunque todas deben demostrar que han tenido contratos para la realización de libretas, el número mínimo de estas ha disminuido. En 2023, se debía demostrar haber suministrado, como mínimo, 6.500.000 pasaportes; mientras que para 2024, el mínimo requerido es de 5 millones. Además, el oferente ya no está obligado a acreditar una experiencia de al menos dos y máximo cinco contratos suscritos dentro de la última década, sino dentro de los últimos 12 años.
Pero aún hay dudas en torno a qué condiciones deberá tener el pasaporte de muestra que se debe presentar a la Cancillería y cuál será el tiempo para elaborarla.
Aunque esta información es confidencial, una de las empresas interesadas en la nueva licitación le dijo a este diario que esa información solo se conocería hasta la próxima semana cuando se sepan las características que debe tener la muestra. Este punto fue uno de los que llevó a varios de los oferentes a salirse del proceso, pues argumentaron que era imposible diseñar una muestra en poco tiempo y exactamente con los mismos materiales de los pasaportes colombianos. Según dijeron, estos hologramas, chips, hilos, papeles y sellos solo los tenía Thomas.
Las próximas semanas serán agitadas para la Cancillería y no solo porque su cabeza está suspendida por orden de la Procuraduría, a pesar de que la medida no ha sido ejecutada, sino también porque existe una demanda millonaria y las alertas sobre el nuevo proceso de licitación de pasaportes siguen encendidas. En todo caso, toca ver quiénes llegan hasta el final de un proceso al que Petro le sigue la pista.
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