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Cancillería defendió concurso de carrera diplomática vigilado por la Procuraduría

La cartera de Exteriores aseguró que envió todos los datos requeridos por el Ministerio Público y defendió el contrato firmado para el evento.

La canciller Laura Sarabia.
La canciller Laura Sarabia llegó al puesto a finales de enero.
Foto: Cancillería

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El Ministerio de Exteriores se pronunció sobre los requerimientos enviados por la Procuraduría a través de un oficio, dado a conocer por El Espectador, sobre el concurso de la carrera diplomática para 2026. La cartera aseguró que respondió a todas las peticiones.

Este diario reveló que habría ciertas irregularidades en el proceso de selección meritocrática de la convocatoria, razón por la que el Ministerio Público prendió las alertas. En una misiva enviada al despacho de la canciller Laura Sarabia, el ente aseguró que ejercería “vigilancia preventiva” y pidió información alrededor de este evento.

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De acuerdo con la cartera, enviaron el pasado 6 de febrero un informe en formato Excel “que dio respuesta de manera detallada e integral a las consultas”. Agregó que se entregó toda la información solicitada, menos la información personal, así como la validación de la inscripción de cada uno.

Sobre el contrato suscrito entre el Minexteriores y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) para “el diseño, elaboración y custodia de los ítems de evaluación para las pruebas del concurso”, se explicó que este tenía la “obligación de cumplimiento de un acuerdo de confidencialidad respecto a la custodia y confidencialidad de las pruebas”.

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“Todas las actuaciones y/o información requerida se realizaron en colaboración con el organismo de control, bajo los principios de transparencia, celeridad y total apertura”, respondió la Cancillería.

La cartera apuntó, en línea con lo dicho por la Procuraduría, que la “vigilancia preventiva no conlleva a la coadministración ni a la intervención en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades estatales ni de los particulares que desempeñan funciones públicas”.

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Este se trata del primer cuestionamiento alrededor del manejo de la cartera que llega a la oficina de la canciller, posesionada el pasado 29 de enero.

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