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Una seguidilla de trinos de parte del presidente Gustavo Petro sobre el servicio diplomático y la posible designación, ya caída, de Daniel Mendoza, creador de Matarife, hicieron que en las últimas semanas la mirada se volviera a poner sobre el Ministerio de Exteriores que no tuvo un 2024 tranquilo. Como en años anteriores, las disputas que tocaron a la Cancillería giraron alrededor de los funcionarios nombrados por el jefe de Estado, entre ellos algunos con designaciones anuladas y sobre los que pesan indagaciones que se suman a las cerca de 200 que adelanta la Oficina de Control Disciplinario Interno en contra de funcionarios de la cartera.
Y es que, justo por los diplomáticos del Gobierno Petro se mantiene una rencilla del mandatario con altos tribunales, avivada con la decisión del Consejo de Estado de anular el nombramiento de Juan Pablo Castro Morales como consejero en la embajada de Colombia en Francia. Es el último de varios fallos que incluyen a personas cercanas al proyecto político del presidente y que terminaron como diplomáticos.
Algunos de estos casos, según conoció El Espectador, han sido apelados, por vías judiciales, bajo el argumento de la sostenibilidad fiscal. Por esa línea el mismo mandatario ha expresado, a través de X, que los traslados de funcionarios de un país a otro duplican los costos. Y es que, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el movimiento de un funcionario de carrera después de los 12 meses obligatorios de estadía seguiría generando vacantes que no podrían ser llenadas sino con personas designadas en provisionalidad por el mandatario.
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“Si ya un funcionario de carrera fue enviado a un país extranjero con alto costo para el estado, no hay razón para permitir que a los 12 meses de llegar pueda escoger irse a otro lugar en el extranjero que queda disponible, con cargo al estado, otra vez, por sus gastos de traslado”, indicó en una publicación.
De acuerdo con un estudio de viabilidad realizado por la Cancillería, la reubicación de un consejero de relaciones exteriores (cargo en el que estaba Castro) con carrera diplomática de un país a otro costaría aproximadamente $1.600 millones ($1.643′560.457) al erario público. Además, citó que esos cambios con un año de diferencia afectarían la curva de aprendizaje para la persona que llegue al cargo, por lo que “resulta ser evidente el desgaste administrativo y los gastos en que debe incurrir la administración para finalmente, tener que acudir a la figura excepcional de la provisionalidad”.
Y ahí no acabarían los altos costos que cita el Gobierno Petro para el mantenimiento de los diplomáticos. Hace poco se refirió a las residencias de los representantes de Colombia en el exterior y aseguró que debían “ser vendidas para ampliar los espacios de las embajadas y consulados”. Incluso, ordenó la venta de las de Suiza, México y Bruselas, aunque la primera se encuentra en arriendo, mientras que las otras dos sí son de propiedad del Estado.
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Según información entregada a este medio, de las 70 residencias para embajadas, delegaciones o consulados, 27 son propias y 41 son arrendadas. Otras, como la embajada de Colombia en Yakarta, de la cual es titular Jenny Tatiana Rodríguez, y la de Dinamarca, en cabeza de Javier Darío Higuera, no se reportan bajo ninguna de las dos figuras.
En repetidas ocasiones, Petro ha citado su “derecho constitucional a dirigir la política exterior de Colombia”, como está explícito en el artículo 189 de la Constitución, para nombrar personas en estos puestos, cuenten o no con la carrera diplomática. Ese ya ha sido el caso de Germán Gómez como cónsul en Argentina después de ser el jefe de prensa de la Presidencia; Alfonso Prada, exministro del Interior convertido en embajador en Francia; y Roy Barreras, exsenador del Pacto Histórico que terminó como embajador en Reino Unido.
Por esa línea iría la designación, por el momento sin decreto ni posesión, de Fabio Mariño Vargas, exintegrante del M-19, como embajador en Panamá en septiembre. La situación, extraña para muchos, generó que dos representantes de Colombia estuvieran técnicamente en el cargo, como lo señaló la excanciller María Ángela Holguín en una columna para este diario. Aunque Mauricio Baquero, funcionario de carrera diplomática, es todavía el titular del puesto, ya se está tramitando su salida.
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Y las asociaciones y sindicatos de la Cancillería, que en numerosas ocasiones se han pronunciado para rechazar comentarios del mandatario sobre el servicio diplomático, le han reiterado al presidente que una de sus promesas de campaña, enunciada por el excanciller Álvaro Leyva, fue aumentar el número de embajadores de carrera en el exterior.
Lo han hecho también por las vías legales. Para este año, ocho nombramientos diplomáticos —incluyendo uno del expresidente Iván Duque— se cayeron por demandas de Asodiplo, dirigida por Carlos García, sobre la idoneidad de las personas en el cargo. Se tumbó a David Felipe Pérez Tovar como tercer secretario en el Consulado general en Toronto, quien había sido nombrado en el cargo por el exvicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, ya tenía en su hoja de vida un trabajo como asesor de Duque. Y otro que se cayó fue el que se había hecho en 2023 para la actual viceministra de Asuntos Multilaterales, Kandya Obezo, como cónsul de Colombia en Washington.
En varios casos, el Gobierno no ha dudado en volver a incorporar a estas personas en sus cargos. Ese fue el caso de al menos cinco de ellos: Marisol Rojas Izquierdo, que pasó de consejera de relaciones exteriores en el consulado de Londres a la embajada en ese mismo país; María Soledad Garzón Forero, quien se convirtió en consejera de relaciones exteriores en el consulado de Cancún tras ser primera secretaria; Aixa Carolina Kronfly como cónsul en Sevilla; Alejandro Botero Londoño, quien pasó de primer secretario en la embajada de Colombia ante la República Argelina hasta 2021 a consejero en la embajada de Egipto en 2023; y Andrés Camilo Hernández Ramírez como cónsul en México, sobre quien pesa además una indagación interna de la Cancillería por presunta estafa y uso irregular de fondos públicos.
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Como el cónsul en México, que se mantiene en el cargo incluso tras ser anunciada la investigación, hay otros tres sobre los que también se abrieron indagaciones internas: Moisés Ninco, exembajador en México; Sebastián Guanumen, actual embajador en Chile; León Fredy Muñoz, la cabeza de la embajada en Nicaragua, y Armando Benedetti.
Alrededor de este último está el caso más mencionado en los últimos meses, justo por su paso de la embajada de Colombia ante la FAO a asesor presidencial del mandatario. Antes de “desempolvar” el puesto en Roma, había ocupado el de embajador en Venezuela y por presunto abandono de funciones en ese cargo se inició una investigación en su contra. Más tarde, cuando era representante ante el órgano de la ONU recibió otra por presunta violencia de género contra su esposa, Adelina Guerrero.
Sin embargo, por ninguna de las dos hay decisión oficial y el proceso de indagación previa puede tardar seis meses antes de pasar directamente a la investigación disciplinaria. Por su lado, Benedetti aseguró que esta llegaría a una conclusión favorable para él.
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Y es que la Oficina de Control Disciplinario Interno —que se encarga de estos asuntos que luego pasarán a la Oficina Asesora Jurídica, e incluso terminarían en manos del mismo despacho ministerial si llegan a segunda instancia— tiene las manos llenas. De acuerdo con información a la que accedió este medio, se adelantan 91 indagaciones previas y 92 investigaciones disciplinarias a funcionarios de la Cancillería, que incluyen a quienes hacían parte de la red ilegal de expedición de pasaportes colombianos falsos, cuyo funcionamiento fue revelado por este diario; así como la entrega de libretas diplomáticas a Juan Fernando Petro, hermano del mandatario, y su esposa.
Entre todas esas cosas, una última sacudida se esperaría en el Ministerio de Exteriores. Este mes se concretaría la salida de Luis Gilberto Murillo de la cabeza de la cartera, después de algunas diferencias con el mandatario, entre las que está la designación de Mendoza, y por su búsqueda para una candidatura presidencial en 2026.
Eso sí, asociaciones y sindicatos ya tienen el ojo puesto en quien lo suceda para que cumpla con la meta de designar a funcionarios de carrera para que “desempañe” la imagen que quedó con los últimos sinsabores y cumpla la promesa de aumentar el número de funcionarios diplomáticos.
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Por María José Barrios Figueroa
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