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La Cancillería tiene una importante decisión en sus manos: o adjudica a Thomas Greg & Sons (TGS) el contrato por $600.000 millones para la elaboración de pasaportes, pese a los distintos señalamientos que se le han hecho a esta participación, o declara desierto el proceso con el riesgo de ocasionar una parálisis en el país en el trámite de este documento.
Y si bien todo estaba previsto para que este martes se tomara la decisión, tras varios aplazamientos y un mes entero de suspensión, todo quedó en el limbo. La razón es que el canciller Álvaro Leyva suspendió la audiencia definitiva hasta el próximo 13 de septiembre, “con el fin de garantizar absoluta objetividad en el análisis de la estructuración y evaluación del proceso”.
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Este proceso de licitación ha generado choques, incluso, en el mismo gobierno del presidente Gustavo Petro, quien desde hace más de diez años ha hecho señalamientos contra la empresa y elevado dudas frente a su intervención en la contratación pública, en especial, en los temas electorales. Por esto, el mandatario habría solicitado condiciones para una participación más abierta, una petición difícil de llevarse a cabo, pues ya Leyva y el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, tenían un proceso jurídico andando.
De igual forma, desde que se abrió la licitación el 24 de mayo, las otras seis empresas oferentes presentaron críticas y reparos y, una a una, fueron saliendo del concurso por no cumplir con los requisitos solicitados para asumir el contrato o al no encontrar presuntamente garantías a la libre participación.
También, una a una, fueron manifestando a través de comunicados, en las audiencias, e incluso mediante tutela, que las condiciones de la convocatoria estarían favoreciendo a TGS, empresa que tiene largo recorrido en el tema electoral colombiano y de pasaportes. Por los cuestionamientos, la Cancillería hizo ligeros cambios en los requerimientos y aun así, TGS, actual proveedor de los documentos, fue el único en cumplir.
Algunos de los puntos más cuestionados del pliego definitivo fueron el deber entrar a operar dos meses después de adjudicado el contrato, un tiempo muy corto según los anteriores oferentes, pues la sola compra de materiales e insumos tardaría más; también la presentación de once muestras de pasaporte con los hologramas, el escudo de Colombia y los hilos con los que se cose el pasaporte actual, ocho días después de publicados los requisitos, un período en el que se hacía casi imposible para las otras empresas, a diferencia de TGS, adquirir los materiales y elaborar las muestras. Además, se calificaría mejor a la empresa que tuviera una planta de contingencia en Norte América (200 puntos), Europa (130 puntos), Suramérica (100 puntos).
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“La entidad acomete una licitación que favorece sin duda al actual contratista y torna prácticamente imposible la participación plural y en igualdad de condiciones”, dijo Luis Salazar representante de Cadena S.A., organización que se retiró voluntariamente del proceso.
No es la primera vez que este tipo de quejas se presentan contra TGS, conglomerado que ha suscrito, según datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES), al menos 68 contratos con el Estado, 13 con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y nueve con la Registraduría Nacional, entidad con la que acaba de lograr (bajo la unión temporal Distribución Procesos Electorales 2023) un contrato por más de $1 billón.
En 2019, por ejemplo, Petro se sumó a algunos cuestionamientos contra TGS y aseguró vía Twitter que la empresa era “la dueña del software de cómputo de datos de la Registraduría, un software permeable al fraude. Thomas Greg & Sons pone los presidentes de Colombia”. Nueve años atrás denunció que el expresidente Juan Manuel Santos, quien para el momento era candidato presidencial, tenía una estrecha relación con la organización, lo cual ponía en riesgo la transparencia de las elecciones.
Sobre esto, TGS aseguró que, si bien Santos había pertenecido a la junta directiva de la empresa de 2002 a 2006, él protocolizó su renuncia ante la Cámara de Comercio, una vez lo nombraron ministro de Defensa.
La Cancillería no solo tiene encima las dudas que despierta la licitación en sectores tanto de izquierda como de derecha, sino también el tiempo que corre en su contra. A pesar de que se logró aplazar el contrato vigente con TGS, que finalizaba el 31 de agosto y ahora va hasta el 2 de octubre, algunas entidades ya han elevado alertas por demoras en el trámite de pasaportes.
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Hace menos de un mes, la Procuraduría señaló que, de no suscribirse el contrato con prontitud, el país podría entrar en una fase de intermitencia o parálisis en la expedición de los pasaportes, una situación que, según quejas llegadas al despacho de la Defensoría del Pueblo, ya estaría ocurriendo.
“Esto se sumaría a las dificultades que han venido registrando los usuarios en la plataforma web a través de la cual se realizan las solicitudes de cita para adelantar dicho trámite. Le solicitamos a la Cancillería celeridad en las gestiones que permitan garantizar la no interrupción en el servicio de expedición de pasaportes”, indicó el defensor Carlos Camargo.
No obstante, en todas las etapas del proceso, los voceros de TGS han sostenido que tienen la idoneidad para continuar elaborando las libretas de pasaportes y, en otros escenarios, han defendido la transparencia con la que han mantenido contratos desde hace años con el Estado.
Pero será el próximo 13 de septiembre cuando la Cancillería decida si, como los anteriores gobiernos, le da su voto de confianza a TGS para que continúe elaborando los pasaportes de los colombianos, a pesar de los diferentes señalamientos de una monopolización de este eslabón, o si declara desierta la licitación, una opción que tiene el riesgo de generar una parálisis en el trámite nacional de este documento.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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