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Este domingo, los boyacenses irán a las urnas para decidir si extienden o no un modelo de gobierno que cumpliría 12 años en el departamento. Se trata de lo que encarna el exgobernador Carlos Amaya, quien tras quedar tercero en la consulta presidencial de la coalición Centro Esperanza volvió la mirada hacia el poder regional.
Respaldado por la fuerza de la Alianza Verde, que en 2019 ganó con el actual gobernador Ramiro Barragán y en 2022 ubicó a tres boyacenses en el Congreso, Amaya se ha consolidado como el candidato a vencer. Así lo demuestran varias encuestas, que lo ponen a él y a su fórmula para la Alcaldía de Tunja, John Carrero, lejos de sus rivales.
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Una de las más recientes, hecha por el Centro Nacional de Consultoría, deja a Amaya con el 42 % de los votos, seguido por el candidato liberal Rodrigo Arturo Rojas Lara (19 %) y luego por José Giovany Pinzón (9 %), quien está avalado por el Pacto Histórico. Aunque hay otros tres candidatos ninguno supera el 4 % y el voto en blanco representa un 12 %.
La candidatura de Amaya, sin embargo, no está respaldada únicamente por los verdes, ya que el exgobernador, en una jugada pragmática y cuestionada por varios sectores, sumó los apoyos de Dignidad y Compromiso, Verde Oxígeno, MIRA, En Marcha, Cambio Radical y el Partido de La U. Con este enorme bloque espera dejar sin opciones al grupo que respalda a Rojas, conformado por los liberales, los conservadores, ASI y el Nuevo Liberalismo.
Los líos de Amaya y el repunte de Rojas
Políticos y líderes boyacenses consultados por este diario coinciden en que es imposible negar la fuerza de Amaya para estas elecciones e incluso su influencia en las votaciones de varias alcaldías. Sin embargo, advierten que no se puede ignorar que hay un creciente voto de rechazo a su modelo, el cual los demás candidatos buscan capitalizar.
“Uno encuentra que la gente en Boyacá ya está cansada de ser gobernada por los sectores que tradicionalmente han mandado el departamento, por eso está creciendo ese votó cansancio, que es más un voto de opinión, consciente, que reclama una alternativa”, dice el representante a la Cámara Pedro Suárez Vacca, del Pacto Histórico.
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Buena parte del rechazo a una posible segunda gobernación de Amaya se relaciona con las polémicas que en los últimos días salieron a relucir en su contra. Varios lo señalan de, presuntamente, haber favorecido a familiares y aliados con contratos o decisiones que se tomaron durante su administración entre 2016 y 2019.
Por ejemplo, el concejal Diego Cancino, también de la Alianza Verde, ha dicho que la Fiscalía investiga a Amaya por posible contratación irregular. Cancino asegura que durante su primera gobernación habría beneficiado a los hermanos José Antonio y David Peña Villalobos con contratos de hasta $167.000 millones para realizar obras viales.
Por su parte, el hoy candidato responde que se trata de “calumnias” para afectar su aspiración. En cuanto a los contratos advierte que se realizaron de acuerdo a las normas y que en ningún caso se trató de procesos con un único proponente, por lo que no se puede afirmar que fueron entregados a dedo.
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Otro de los lunares de Amaya tiene que ver con el posible favorecimiento con contratos a empresarios que han financiado sus campañas. Como lo contó El Espectador, en su primera aspiración departamental, en 2015, recibió aportes por $767 millones, entre estos una donación de $50 millones de la empresa B&V Ingeniería, propiedad de los ingenieros Jorge Boada y Ricardo Vargas.
Se trata de una compañía que se quedó con dos licitaciones en la gobernación de Amaya: la primera, en 2017, para la construcción de la avenida Circunvalar de Duitama y la segunda, en 2019, para la adecuación y puesta en funcionamiento del auditorio Jorge Velosa de Tunja. Sumados, ambos contratos alcanzan los $10.000 millones.
Amaya le dijo a este diario que en las normas que regulan los procesos de contratación no se incluye una obligación de verificar que los oferentes no hayan aportado más del 2,5 % del tope de gastos de la campaña. “La empresa manifestó, bajo gravedad de juramento, que no estaba inhabilitada, así que la contratamos”, dijo.
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El exgobernador también se ha visto envuelto en la polémica por un posible conflicto de intereses con las inversiones de su suegro, Antonio Miguel Assis, en Boyacá. Por ejemplo, el columnista Yohir Akerman aseguró que Assis compró en 2019 dos predios de preservación ambiental en Paipa, destinados a la construcción de una vivienda de 700 metros cuadrados que, inicialmente no tenía licencia y luego la recibió por un cambio de normas de Corpoboyacá.
En entrevista con W Radio, Amaya insistió en que no se ha realizado ningún proceso fuera de la ley ni en busca de beneficiar a su suegro. Así mismo, informó que Assis decidió no volver a invertir en Boyacá.
Con todo ese panorama, muchos esperan que el segundo en las encuestas, Rodrigo Rojas, pueda aprovechar los señalamientos contra Amaya y apretar la puja del 29 de octubre. “La pelea se va a resolver con unas diferencias de votación muy cortas y las claves estarán en Tunja, Paipa y Sogamoso, donde el Partido Liberal ha tomado mucha fuerza en las últimas semanas. Aunque los otros municipios son importantes, el 60 % de las elecciones se definen en esos tres”, asegura un líder político de Tunja.
Por último, es de destacar que la puja por la capital del departamento también tiene a la fórmula de Amaya, John Carrero, como el favorito a la luz de las encuestas. En este caso, la alianza de conservadores y liberales contra los verdes lleva como candidato a Vicente Ojeda, quien a diferencia de Rojas no ha logrado repuntar.
Una tercera opción la representa Mikhail Krasnov, un ciudadano con nacionalidad rusa que tuvo un empujón mediático y en redes sociales por su origen. Sin embargo, según políticos de la ciudad, su aspiración no trascendió más allá de esos escenarios. Aunque muchos lo percibían como un candidato independiente, éste se sumó a la campaña de Rodrigo Rojas y perdió respaldo ciudadano; además, en los debates no habría demostrado suficientes conocimientos de administración pública.
Boyacá, además de ser el escenario en el que se definirá la continuidad o no del cuestionado grupo de Amaya, es un departamento clave para la economía de la región Andina, que representa un 2,7 % del PIB nacional y miles de millones en inversiones en el agro y la explotación de minas y canteras.
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