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Hasta hace unas semanas, el caso de los carrotanques de La Guajira solo tenía un protagonista: Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Cuando se reveló que en la compra de 40 de esos vehículos hubo supuestos favorecimientos a un contratista y sobrecostos, los reflectores se posaron sobre ese funcionario, que en cuestión de días salió de su cargo e incluso fue denunciado ante la Fiscalía por el presidente Gustavo Petro, quien lo había designado.
Poco a poco aparecieron más nombres y hoy, aunque no existe un fallo judicial en firme contra alguno, los testimonios del exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla permitieron tejer una red de contratistas, congresistas, altos funcionarios de la Presidencia y ministros que resultaron salpicados por el que hasta ahora se considera el más grave escándalo de posible corrupción en la primera administración de izquierda en el país.
En el Congreso, aunque hay varios involucrados, los más implicados parecen ser nada menos que los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara, Andrés Calle (Partido Liberal). Según Pinilla, con dinero relacionado con la corrupción de los carrotanques, a ambos les entregaron millonarias sumas para que apoyaran el trámite de las reformas sociales del Gobierno; a Name le habrían dado $3.000 millones y a Calle otros $1.000 millones.
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Aunque ambos niegan estar involucrados, el caso ya les generó una indagación en la Corte Suprema de Justicia e investigaciones en sus partidos. “Los más de 45 años de vida pública que me preceden dan cuenta de mi talante y mi proceder, que hoy se pretende afectar, desviando la atención de quienes desangraron el erario público en cabeza de la institución de la UNGRD”, dijo Name en su defensa. Calle, por su parte, se desmarcó de cualquier asunto relacionado con el contrato y dijo que le aclarará a la justicia todas las inquietudes.
En este punto, el escándalo se trasladó al Ejecutivo, ya que –según el mismo Pinilla– la ahora exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, fungió como mensajera para la supuesta entrega del dinero a Name, con quien comparte partido, pues ella también fue senadora de Alianza Verde. Ella lo negó y anunció medidas legales para defender su “honra”; sin embargo, en la noche del viernes el jefe de Estado confirmó su salida.
“He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”, trinó el presidente horas antes de anunciar la decisión. Luego, desde un evento en Palermo (Huila), dijo que “esos funcionarios, sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales, porque ahí sí me dirían dictador y con razón, de todas maneras deben salir por los indicios”.
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En un giro que pocos esperaban, el mandatario anunció que también saldrá el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien de hecho había sido el encargado de denunciar penalmente a Olmedo López. La razón está en que el mismo López señaló a Idárraga de un posible tráfico de influencias y publicó unos chats en los que el ahora exsecretario le pide reunirse con algunos alcaldes.
Antes de este revolcón, Idárraga habló con El Espectador y señaló que las investigaciones iban por buen camino e incluso vaticinó las capturas de algunos involucrados. “Esperamos que, por el bien de la justicia y en particular por todo lo que se está colocando en tela de juicio, haya resultados pronto. Lo que no puede suceder es que los procesos se queden sin resolver eternamente”, dijo Idárraga, quien se enteró el viernes, en una entrevista televisiva en vivo, que el presidente lo había separado del cargo junto a la consejera Ortiz.
¿Aires de remezón?
Hasta este punto, el escándalo se convierte en uno de los más problemáticos para el Gobierno, probablemente al lado del caso de supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022, que investigan la Fiscalía, la Comisión de Acusaciones del Congreso y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, el efecto dominó podría seguir tumbando a otras fichas claves de Petro.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, responsable de la negociación de las reformas en el Congreso y por ende el puente del Gobierno con los presidentes Name y Calle, fue mencionado por Olmedo López, quien aseguró que “tiene muchas cosas por aclarar”. Velasco –quien estuvo en un periodo como encargado de liderar la UNGRD– se movió rápidamente y lo calificó como un “raterito que cogen con las manos en la masa y trata de generar una confusión”, e incluso denunció ante la Fiscalía a un tuitero que lo señaló, sin pruebas, de ser uno de los responsables de la corrupción de los carrotanques.
Este entramado, los resultados en el Congreso e incluso la intención del presidente de rodearse de ministros más petristas, “pura sangre” como algunos se hacen llamar, tienen en la cuerda floja a Velasco, quien en privado ha desestimado lo dicho por Pinilla señalando que no tendría sentido pagarle a Name para favorecer las reformas, cuando el país fue testigo de cómo él se opuso. En todo caso, siempre agendó en primer punto la reforma pensional y, además, se apartó de esa discusión dejando en la mesa directiva a María José Pizarro, del Pacto.
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Velasco, sin embargo, no es el único. Desde hace varias semanas, en los pasillos de la Casa de Nariño se ha comentado en voz baja que algunos ministros están “amenazados por convivencia”, por sus malos resultados de ejecución o porque no atendían llamados específicos del presidente. El mismo Petro, en su discurso en el Día del Trabajo, lo confirmó. “Aún hay ministros y ministras que les da miedo, otros van adelante; (…) ministro o ministra que le dé miedo, dé un paso al costado y deje que otro lo pueda hacer”, dijo.
El llamado de atención revivió la posibilidad de un revolcón ministerial, en otras oportunidades aplazado para no demostrar debilidad del Gobierno, según comentaron algunos integrantes del mismo gabinete. Y es que, como ya lo ha hecho con otros nombramientos, el presidente estaría buscando cerrar aún más su círculo para rodearse de esos “pura sangre” que lo acompañen en frentes como el de la denuncia de un supuesto “golpe blando” o el de la puesta en marcha del “poder constituyente”.
Con este nuevo frente de batalla, el impacto podría sentirse en el Congreso, donde penden de un hilo las llamadas reformas sociales. A la confrontación que planteó el mandatario durante las marchas del 1 mayo, que resultaron la respuesta a la de la oposición del 21 de abril, se suma ahora este escándalo que puede minar las mayorías que Petro necesita para aprobar la reforma pensional y volver a presentar la reforma a la salud.
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La pensional, que sufrió para superar su segundo debate en el Senado, ahora se enfrentará a la Cámara, pero con un ingrediente adicional: el presidente Petro ya no quiere un umbral de cotización en Colpensiones de 2,3 salarios mínimos, sino de cuatro. Este cambio va en contravía del acuerdo al que llegó el Gobierno con los senadores de los partidos Liberal y La U, que ya anunciaron que si el proyecto cambia drásticamente no lo apoyarán en la conciliación.
La nueva reforma a la salud, que tomó fuerza luego de un acuerdo con varias EPS que afirmaron estar dispuestas a transformarse en gestoras de salud y vida, debió radicarse la semana pasada, como lo habían anunciado los ministros de Salud y del Interior. Sin embargo, aún no es claro que pasará con esa iniciativa, pero lo cierto es que, según se comenta en el Capitolio, el discurso del presidente Gustavo Petro en las marchas del Día del Trabajó enredó ese trámite, pues en su pronunciamiento el mandatario volvió a cargar contra las entidades promotoras de salud.
Para algunos congresistas y analistas, todo este ruido y la puja de marchas y contramarchas de las últimas semanas deja como conclusión que el tiempo para el acuerdo nacional se acabó y que, durante los dos años y tres meses que quedan, el ambiente será el de una confrontación con miras al 2026.
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Por David Efrén Ortega
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