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La cosa es más o menos así. A solo cuatro días de que comenzara oficialmente la campaña electoral en Guatemala, un fiscal de ese país (Rafael Curruchiche) dijo que buscará investigar al hoy ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez por supuestos actos de corrupción. El citado fiscal, a quien Estados Unidos le quitó la visa precisamente por corrupción, es señalado de liderar, bajo las órdenes de la actual fiscal general, un entramado de persecución que ha llevado al exilio a decenas de funcionarios judiciales que colaboraron con las investigaciones de Velásquez y que terminaron en la condena a un presidente e investigaciones a otros dos.
¿Por qué terminó Velásquez trabajando contra la corrupción en Guatemala? ¿A quiénes investigó? ¿Qué pasó con aquellos que le ayudaron a exponer a los empresarios y políticos que desde sus puestos públicos le echaban mano al erario para asegurarse la permanencia en el poder? ¿Qué tiene que ver el caso de Iván Velásquez con los aplausos de algunos políticos colombianos a la persecución desatada contra él en Guatemala?
El Espectador le presenta un abecé con los principales protagonistas del principal contrapunteo binacional del momento para que saque usted sus propias conclusiones.
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Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia
Abogado y defensor de derechos humanos, fue procurador de Antioquia, director de Fiscalías de Medellín y como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia coordinó la investigación que develó los nexos entre paramilitares y políticos de Colombia. Más de un centenar de poderosos políticos (muchos de ellos cercanos al uribismo) resultaron vinculados al expediente y por lo menos la mitad de ellos fueron congresistas condenados por alianzas con mafiosos para robarse las elecciones e incluso, en algunos casos, por vinculación con despojo de tierras, homicidios y masacres.
Dicho trabajo le significó gran reconocimiento, pero también le acarreó problemas pues terminó siendo una de las víctimas de casos como el del espionaje de la policía secreta del gobierno de Álvaro Uribe, conocido en Colombia como el escándalo de las “chuzadas” del DAS.
En 2013 Velásquez salió de Colombia para trabajar como jefe de la misión de Naciones Unidas en la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG). Dicho país había vivido una guerra interna de tres décadas y, aunque alcanzó la paz con las guerrillas en 1996, requería apoyo para su aparato judicial en la investigación de delitos cometidos por grupos ilegales. La CICIG no tardó en encontrar nexos entre poderosos políticos y empresarios con dicha problemática y por eso acometió investigaciones concretas sobre temas de defraudación al erario, narcotráfico y corrupción electoral, entre otras. Dichas pesquisas fueron apoyadas por funcionarios de la Fiscalía (que en ese país está en el Ministerio Público) y tuvieron resultados históricos como el de haber procesado a tres presidentes y lograr la condena de uno de ellos. Pero el asunto se complicó cuando la CICIG, liderada por Velásquez, decidió investigar al presidente Jimmy Morales y a su sucesor, Giammattei.
¿Qué es inmunidad diplomática y cómo protege a Iván Velásquez frente a Guatemala?
Luz Adriana Camargo
Es la viceministra de Defensa de Iván Velásquez y trabaja hace dos décadas con él. Estuvo en la investigación de la parapolítica en Colombia y también en la Comisión internacional contra la corrupción en Guatemala (CICIG). Aunque la mayoría de reseñas periodísticas sobre el caso destacan solo la persecución a Velásquez, la hoy viceministra colombiana también ha sido mencionada por Curruchiche en los señalamientos que pretenden enlodar el trabajo de la CICIG.
Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala (2012-2015)
Jefe de inteligencia e inspector general del Ejército y firmante, en representación del Gobierno, de los acuerdos de paz con las guerrillas, en 1996. Fue elegido presidente para el periodo 2012-2016, pero renunció en agosto de 2015 debido a un escándalo de fraude aduanero descubierto gracias a las investigaciones de Iván Velásquez y su equipo de la CICIG, con colaboración de la Fiscalía de la época.
El juicio, largo y lleno de dilaciones, concluyó hace apenas un mes, el 8 de diciembre de 2022, con la condena a 16 años de prisión contra Pérez Molina y su entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.
El caso por el que los hallaron responsables fue llamado La línea y consistía en la elaboración de una sofisticada red de corrupción que garantizaba a los empresarios una reducción en las tarifas de aduanas a cambio del pago de sobornos. Pérez Molina y Baldetti resultaron ser los jefes de es red de defraudación al Estado y recibían la mitad del dinero ingresado a través de la aduana paralela que crearon para delinquir. Otros funcionarios de su gobierno huyeron del país apenas estalló el escándalo.
Jimmy Morales, presidente de Guatemala (2016-2020)
La CICIG y la Fiscalía especial contra la impunidad (FECI) trabajaron de la mano para investigar los casos más graves de defraudación al erario, financiación de campañas políticas, narcotráfico y corrupción en todas sus modalidades. Con semejante agenda y con resultados como los descritos, no es de extrañar que muy pronto llegaran también los problemas con el Gobierno, situación que explotó en 2016 cuando la presidencia de Guatemala fue asumida por el reconocido comediante Jimmy Morales. No es chiste. El presidente de Guatemala saltó a la fama haciendo humor con variados atuendos y una prótesis dental más grande que su boca.
Antes le encantaban las rutinas de humor vestido como recluso, pero ya como presidente no le hizo ni cinco de gracia saber que varios de sus familiares eran investigados y podían ir a prisión. A su hijo (José Manuel) lo procesaban por fraude fiscal; a su hermano Samuel, por lavado de dinero. La Fiscalía pedía 8 años de cárcel para José Manuel y 11 para Samuel. Este último era el mismo con el que Jimmy hacía pareja años atrás para provocar carcajadas en la televisión local al personificar a “Nito y Neto”. Los dos familiares del presidente fueron cobijados con medida de detención, pero resultaron absueltos en julio de 2019, cuando los entes investigativos estaban ya cooptados por el Gobierno.
Las investigaciones no fueron solo a sus parientes. Jimmy Morales, el mismo al que antes apuntaban los reflectores para que contaras chiste, se volvió centro de atención en 2017 por los señalamientos que la Fiscalía y una comisión del Congreso le hacían por financiación ilegal de su campaña. Llegaron a pedir que lo despojaran de su inmunidad, cosa que no ocurrió. El tema finalmente quedó en manos del Congreso, de mayoría opositora a Morales, y por increíble que parezca, la causa no prosperó.
En agosto de 2018 Morales anunció al mundo que no renovaría el mandato de la CICIG, pero no dijo que su decisión obedeciera a incomodidad alguna por las investigaciones que lo salpicaban a él, a su familia y a su grupo político. Aseguró que una década había sido tiempo suficiente para que la Comisión cumpliera con los fines para los cuales fue creada. Eso sí, señaló a Velásquez y su equipo de violar las leyes e inducir a otras personas a hacer lo mismo: una persecución penal selectiva y con sesgo ideológico, como mencionó en rueda de prensa.
Como la vida tiene muchas casualidades, Morales anunció la salida de la CICIG apenas 48 horas después de que el Congreso creara una comisión en la que decidirían si lo investigaban o no (al final no) por los casos de corrupción denunciados desde la CICIG, que lideraba Velásquez.
Morales declaró persona “non grata” a Velásquez, decisión que fue reversada por la Corte Constitucional, ante petición del procurador de Derechos humanos Jordán Rodas. La comunidad internacional protestó de inmediato ante el intento de Morales de frenar el trabajo de la comisión, a la cual desde entonces intentó sacar del país. Como no pudo expulsarla, decidió no renovarle el mandato apenas se cumplió su periodo, el 3 de septiembre de 2019.
Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala (2020 – 2023).
El actual presidente de Guatemala fue el director del sistema penitenciario del país y estuvo procesado por su supuesta participación en una masacre conocida como el caso Pavo Real, en el que hechos inicialmente presentados como una acción para controlar un motín terminaron siendo una acción premeditada para asesinar a siete internos de la cárcel de máxima seguridad de Pavón. Estuvo preso 10 meses, pero recuperó su libertad y no fue condenado, mientras que el jefe de la policía del penal (quien huyo a Suiza) fue sentenciado a 16 años de prisión.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI
En su condición de jefe de la Fiscalía especial contra la Impunidad de Guatemala (FECI) entre 2015 y 2021, Sandoval fue uno de los funcionarios que trabajaron en alianza con la CICIG en tiempos de Iván Velásquez. Investigador estrella en sonados procesos contra políticos, tuvo a su cargo el caso Odebrecht, en el cual negoció el acuerdo de sometimiento a la justicia por parte de los directivos de la fraudulenta multinacional brasileña.
Según el ahora fiscal Rafael Curruchiche, Sandoval no estaba facultado para hacer la negociación, Iván Velásquez avaló de manera irregular los acuerdos de protección de testigos a tres directivos de la empresa brasileña, Odebrecht pagó menos de lo que debería haber pagado para compensar el daño por los contratos fraudulentos (que él estima en más de 300 millones de dólares) y tanto Iván Velásquez como y Luz Adriana Camargo tenían “pleno conocimiento de las oscuras o corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht”. Por eso dice que “no escatimará esfuerzos para que rindan cuentas y paguen por sus actos”.
Gracias a la investigación de Sandoval fue procesado el ministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
Uno de los empresarios brasileños había señalado incluso que 108 diputados del Congreso estaban vinculados con las coimas. Y dio los nombres de los que habrían recibido el dinero personalmente. Tras la salida de Sandoval la investigación no avanzó más y los diputados nunca fueron enjuiciados.
Sandoval también obtuvo información relacionada con posibles sobornos y comisiones ilícitas de empresarios de la construcción hacia el presidente Giammattei. En concreto, Sandoval se enteró de que el presidente presuntamente había recibido sobornos de rusos que tendrían intereses en megaproyectos del país. Ventiló el caso y apenas un mes después fue despojado de su cargo.
El día que lo destituyeron Sandoval ofreció una conferencia de prensa en la que denunció que lo destituían porque tenía información que demostraba que el actual presidente de Guatemala recibía sobornos. Intuyó que lo que vendría sería peor, así que decidió abandonar su país de inmediato. Lo hizo acompañado por el embajador de Suecia y el Procurador de Derechos Humanos, según reportes periodísticos de la comunicadora guatemalteca Sonia Pérez. Ellos lo entregaron a la procuraduría de derechos humanos de El Salvador, después de las 12 de la medianoche.
Antes de que sandoval se exiliara, la fiscal general Consuelo Porras se instaló en las antiguas oficinas de Sandoval durante una semana. Al parecer buscaba la información contra el presidente, pero no la encontró. Sandoval no alcanzó a abrir expediente.
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Consuelo Porras Argueta, la nueva fiscal
En 2018 llegó el momento de cambiar a la fiscal general Thelma Aldana por vencimiento de periodo y el presidente Jimmy Morales nombró a Consuelo Porras, presentada como independiente pero rápidamente alineada hacia el sector del funcionario que la nominó.
Mientras la exfiscal Aldana había sido muy activa en las investigaciones contra varios exmandatarios y su gestión fue clave para que la justicia terminara condenando al expresidente Otto Pérez Molina, Consuelo Porras se dedicó a cambiar a los funcionarios que habían llevado a cabo tales investigaciones, empezando por Juan Francisco Sandoval, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Casi todos terminaron en el exilio, como han hecho cinco periodistas y 38 activistas de derechos humanos.
Aldana (quien recibió asilo político en Estados Unidos) intentó participar como candidata presidencial, pero Porras le montó investigaciones por presuntos actos de corrupción. Hasta hoy tiene cuatro órdenes de aprehensión.
Comenzó entonces lo que los funcionarios exiliados llaman una estrategia de criminalizaron contra fiscales, jueces y demás operadores judiciales que hubiesen trabajado en la CICIG o en la FECI. También contra todos aquellos que investigaron y juzgaron delitos de lesa humanidad.
Tras destituir a Sandoval, la fiscal Porras perdió la visa a Estados Unidos, país que suspendió todo tipo de cooperación con su despacho y dijo que la funcionaria estaba torpedeando las investigaciones para favorecer a terceros.
Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación contra el terrorismo (Fundaterror)
Una de las entidades privadas que apoyan a la fiscal Porras y que es muy activa a la hora de pedirle investigaciones contra los exintegrantes de las unidades investigativas que ahora son perseguidos judicialmente en Guatemala es la Fundación contra el terrorismo (Fundaterror), del empresario Ricardo Méndez Ruiz.
Hijo de un militar señalado de crímenes de guerra – que además fue ministro durante la dictadura de Efraín Ríos Montt -, Ricardo Méndez Ruiz se define en redes sociales como “activista de ultraderecha” e “Incluido en la lista Engel por defender a nuestros veteranos”. Se refiere al listado de personajes antidemocráticos que Estados Unidos elabora desde 2020 y en el cual aparecen una serie de empresarios y políticos corruptos que amenanzan la seguridad y la estabilidad de Centro América. En el caso de Méndez Ruiz, fue señalado de obstruir investigaciones de la justicia.
Méndez Ruiz es muy cercano al expresidente colombiano Álvaro Uribe, el mismo que fue mandatario en la época del asedio del DAS a la Corte Suprema de Justicia y el mismo cuyo partido político fue afectado por las investigaciones de la parapolítica que lideró Iván Velásquez.
Ricardo Méndez Ruiz y Álvaro Uribe se reunieron en octubre de 2018, en plena crisis por la persecución judicial desatada en el gobierno de Jimmy Morales contra Iván Velásquez por las pesquisas desde la CICIG en contra de poderosos políticos, incluido el mismo presidente Morales. En agosto de ese año fue cuando Morales anunció al mundo que no renovaría el mandato de la CICIG. Y también fue en ese 2018 cuando cambió a la fiscal Thelma Aldana (aliada de la CICIG en la lucha contra el delito) por Consuelo Porras, quien tramita con celeridad las denuncias de Fundaterror que buscan darle libertad a aquellos que estaban en prisión por la gestión de su antecesora.
El encuentro entre Uribe y Méndez Ruiz fue publicitado por ambos en redes sociales. El jefe del Centro Democrático escribió en Twitter el 17 de octubre de 2018: “Hoy conversé con mi buen amigo Ricardo Méndez Ruiz acerca de temas de interés común entre Colombia y Guatemala”.
La Fundación de Méndez Ruiz fue creada en 2013, el mismo año en el que Velásquez fue nombrado como comisionado de Naciones Unidas y quedó al frente de la CICIG para liderar al equipo independiente e internacional que buscaba apoyar a las instituciones de Guatemala en la lucha contra el delito, en especial en casos cometidos por aparatos clandestinos de seguridad. Una de las exfuncionarias de la CICIG que hoy está en prisión es Leily Santizo, quien investigaba casos de violaciones de derechos humanos por parte de militares.
Rafael Curruchiche, el nuevo jefe de la FECI
Fue el remplazo de Sandoval al frente de la FECI, desde la cual dice que investigará a Iván Velásquez y otros exfuncionarios porque, según afirma sin pruebas, se prestaron para “acuerdos fraudulentos” en la negociación del acuerdo de colaboración con la justicia al cual se sometieron los empresarios de la firma Odebrecht tras defraudar al estado guatemalteco en millonarios contratos para la ejecución de obras públicas. Además de la falta de pruebas y de que para la comunidad internacional y la guatemalteca es evidente que se trata de una persecución, los señalamientos de Curruchiche ignoran que Velásquez está protegido por inmunidad diplomática.
Los funcionarios de la CICIG cuentan con “inmunidad de toda acción judicial con respecto a palabras pronunciadas o escritas y a actos realizados por ellos en el desempeño de su misión. Esta inmunidad de toda acción judicial se seguirá concediendo después de que hayan dejado de prestar servicios a la CIGIC”.
Artículo 6 de la convención sobre prerrogativas e inmunidades de Naciones Unidas incluido en el Convenio entre la ONU y Guatemala para la creación de la CICIG.
Quienes lo conocen lo recuerdan a Curruchiche por ser un hombre sencillo, arbitro de fútbol. Y en los despachos judiciales aun se recuerda la anécdota del día en que una fiscal le llamó la atención en pleno proceso por ponerle una máscara de conejo a un testigo. En 2019, la jueza Erika Aifán (ahora también perseguida y exiliada) pidió a la fiscalía investigarlo por posible negligencia en sus actos.
Al mismo tiempo que amenaza con investigar a Velásquez, Curruchiche echó para atrás las principales investigaciones de la CICIG, con lo cual los investigadores han ido a prisión y los funcionarios que estaban investigados han recuperado la libertad sin oposición de la Fiscalía.
El asunto es tan evidente que ha sido denunciado por la prensa local (que ahora también es perseguida por hacer su trabajo), colectivos de derechos humanos internacionales, Naciones Unidas y hasta el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien le suspendió la visa a Curruchiche por obstruir investigaciones y “desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra la FECI, fiscales, abogados, particulares y exfiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”. Como dice Human Rights Watch, Curruchiche acude a argumentos jurídicos absurdos en su intención de perseguir a aquellos que luchaban contra la corrupción y sacar de prisión a quienes estaban investigados.
Manuel Baldizón, excandidato presidencial condenado en Estados Unidos
Dos veces candidato presidencial del partido Libertad Democrática Renovada, Líder, fue capturado y condenado en Estados Unidos, en donde aceptó que había lavado dinero de la mafia, con el cual hasta compró finca raíz en Miami.
En 2022 fue enviado de nuevo a Guatemala en donde era requerido para responder ante la justicia dado que las pesquisas de Iván Velásquez y su equipo de la CICIG lo habían relacionado desde 2017 con la red de corrupción política del país. Baldizón fue juzgado en Estados Unidos por lavar dinero de los narcos y usarlo para financiarse, pero en Guatemala no hay investigación por ese hecho. Eso sí, se le han incautado decenas de vehículos y propiedades.
Baldizón también fue vinculado a la investigación por los sobornos Odebrecht, la misma multinacional que repartió sobornos por toda América Latina a cambio de obras de infraestructura que no hizo, hizo incompletas o cobró a valores mucho mayores de los que tenían.
No tardó en salir de prisión. Pese a que había intentado huir, a que tenía el antecedente de haber sido condenado en Estados Unidos y a que estaba vinculado con un caso de tanto interés como el de Odebrecht, un juez solicitó su libertad y la Fiscalía de Consuelo Porras y Curruchiche no objetó la petición. Salió del centro penitenciario el 11 de enero y cinco días después Curruchiche anunciaba las órdenes de captura contra la exfiscal Aldana y la persecución contra Velásquez. Como se dice en el argot jurídico, le dieron la vuelta al proceso.
Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones vinculado al caso Odebrecht
El ministerio que más dinero del erario maneja en Guatemala es el de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda, cartera que Alejandro Sinibaldi dirigió durante la presidencia de Otto Pérez Molina y que durante aquel Gobierno fue víctima de todo tipo de saqueos por parte de los políticos. Pérez Molina fue obligado a renunciar en 2015 por la presión social ante el descaro de la corrupción y su gabinete también fue procesado. Pérez resultó condenado, gracias a la investigación del equipo de Iván Velásquez y del apoyo que desde la fiscalía le prestó Juan Francisco Sandoval.
Sinibaldi tuvo seis investigaciones por casos relacionados con malos manejos de dineros públicos durante ese gobierno, estuvo cuatro años prófugo de la justicia de su país y finalmente fue capturado por Interpol y enviado a prisión. Lo curioso es que pese a ser uno de los peces gordos en la investigación por el caso Odebrecht y al antecedente de haberse evadido de la justicia y esconderse en México, la jueza Claudette Domínguez le concedió arresto domiciliario en octubre de 2022. Más escandaloso aun resultó el hecho de que la Fiscalía general (de Porras) y la fiscalía delegada (de Curruchiche) no se hubiesen opuesto a dicha decisión, como podrían haberlo hecho en un plazo de tres días después del anuncio del respectivo juez.
Después de ser ministro, Sinibaldi fue candidato presidencial por el Partido Patriota, el mismo de Pérez Molina.
Claudette Domínguez, la jueza que liberó a investigados por crímenes de guerra
La jueza Claudette Domínguez es reconocida no solo porque le concedió la libertad al exministro Alejandro Sinibaldi sino a también a otros procesados por crímenes de guerra o delitos contra la administración pública. Entre ellos están Toribio Acevedo (un civil que junto a expolicías está señalado de la tortura, desaparición forzada y asesinato de cientos de personas durante la guerra en Guatemala) y la exprimera dama Sandra Torres, procesada por enriquecimiento ilícito y ahora candidata presidencial.
Torres protagonizó otro escándalo judicial que aun no termina, pues en 2011 se separó de su esposo, el entonces presidente Álvaro Colom, para burlar la norma constitucional que les prohibe a los familiares del mandatario de turno presentarse como candidatos a la presidencia de la República. Como se ha postulado varias veces, las autoridades le dan la razón unas veces y otras se la niegan. En 2023 vuelve a ser candidata y está lsita para dar la misma batalla judicial para defender su aspiración, pese a la abierta contradicción con el artículo 186 constitucional.
Por cierto, su exesposo, el expresidente Álvaro Colom, murió el lunes 23 de enero de 2023 en Guatemala, tras varios años enfrentando procesos judiciales por un escándalo relacionado con manejos irregulares de dineros de campañas electorales. Dicha investigación también fue adelantada por la CICIG.
El sistema judicial de Guatemala
El sistema judicial del país también vive una crisis sin precedentes. Está pendiente la elección de más de 200 jueces y la Corte Suprema de Justicia, que debería haberse renovado en 2019 por vencimiento de los cinco años de su periodo, sigue con los mismos magistrados. ¿Por qué? Misteriosos recursos judiciales de último momento han impedido que el Congreso elija.
Pero lo más importante es que los magistrados de la Corte Suprema fueron electos por diputados que respondían a los partidos políticos de Sinibaldi y Baldizón. Un audio en poder de investigadores daba cuenta de cómo algunos magistrados juraban lealtad a ambos políticos acusados de corrupción a cambio de elegirlos.
Además, el país tiene normas como aquella que señala que ningún magistrado podrá dejar el cargo hasta que se presente su sucesor. Ni se van los que ya terminaron, ni llegan los que deben remplazarlos. Y el Congreso, con muchos legisladores procesados ante la justicia, no tiene prisa por renovar las cortes.
Los otros juristas guatemaltecos perseguidos
La persecución desde los órganos de poder de Guatemala no solo es contra los colombianos Velásquez y Camargo. También apunta de manera especial contra los fiscales y jueces locales que descubrieron las maniobras fraudulentas de los políticos y empresarios de ese país. Así, por ejemplo, el fiscal Rafael Curruchiche le pidió a la jueza Carol Patricia Flores autorizar orden de captura contra cuatro reconocidos investigadores. David Gaitán, abogado de la CICIG; Thelma Aldana, reputada exfiscal general, hoy en el exilio; Mayra Véliz, exsecretaria del Ministerio Público; y Juan Pablo Carrasco, presidente de Cámara de Comercio Americana en Guatemala y cónsul en Bulgaria.
Dicha petición tiene varios detalles interesantes. El primero es que las personas a las que se acusa son funcionarios con reconocidos méritos en la lucha contra la corrupción. El segundo, que no se esgrimen pruebas concretas en su contra.
Y el tercero es que la jueza a la que acude Curruchiche para que expida las órdenes de captura no es la que lleva el caso Odebrecht, al cual pretende vincular a los exfuncionarios mencionados. ¿Quién es entonces Carol Patricia Flores? Una jueza vinculada a escándalos de corrupción, investigada por enriquecimiento ilícito y que desató polémica al cerrar el proceso en contra del ahora presidente Alejandro Giammattei cuando este fue señalado de participar en la masacre de siete reos de la penitenciaría de Pavón.
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Presidente de Colombia. Fue militante de la guerrilla del M-19, al cual dejó las armas en 1990. Desde entonces comenzó una carrera política que lo llevó a ser Congresista de la República (Representante a la Cámara y Senador), desde donde denunció la existencia de los nexos entre políticos y paramilitares en Colombia. En sus debates en el Congreso señala con nombre propio a sus colegas (que luego fueron procesados por la Corte Suprema de Justicia) situación que lo convirtió en el mayor símbolo de la oposición al gobierno del entonces presidente, Álvaro Uribe, cuya bancada política estaba entre la de mayor cantidad de políticos vinculados con las barbaridades de las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo paramilitar desmovilizado durante el gobierno de Uribe.
Tres décadas después del desarme del M-19, Petro alcanzó su mayor éxito electoral al convertirse en el primer líder de izquierda que llega a la presidencia de la República en Colombia. Con ello, el uribismo (que había llevado al poder a Iván Duque) paso de ser Gobierno a oposición.
Uno de los primeros nombramientos del gabinete de Gustavo Petro fue el del exmagistrado Iván Velásquez como nuevo ministro de Defensa. Dicha designación fue ampliamente celebrada, excepto por el Centro Democrático, el colectivo político que reúne a los seguidores de la corriente política de Álvaro Uribe, quienes de inmediato acudieron a las redes sociales para cuestionar el nombramiento. Para ellos, nombrar a Velásquez al frente de esa cartera era un desafío a los sectores políticos de derecha.
El centro Democrático
Movimiento político de tendencia uribista (derecha) ha fustigado a través de varios de sus líderes a Iván Velásquez e incluso llegó a pedir que lo removieran del cargo. De hecho, desde el Congreso anuncian que lo llamarán a que explique qué es lo que pasa en el lío diplomático con Guatemala.
Mientras el presidente Gustavo Petro, su Gabinete, la bancada gobiernista del Congreso y sectores académicos y de opinión han sido contundentes en su respaldo a Velásquez, el uribismo le ha pedido la renuncia. “El señor Velásquez no debería usar los membretes del Ministerio de Defensa Nacional para pronunciarse sobre el proceso que se le sigue en Guatemala. Ese no es un asunto institucional, sino personal”, señala la senadora María Fernanda Cabal. Su colega Miguel Uribe Turbay también pidió la salida del ministro y que el Gobierno Petro “colabore” con la justicia guatemalteca. El representante Hernán Cadavid anunció citación a debate al Canciller y consideró “irrespetuosa y torpe” el llamado a consultas a la embajadora colombiana en Guatemala, hecho que fue respondido con la misma medida por parte de Guatemala.
Nada dijeron sobre la inmunidad de Velásquez. Ni sobre la falta de pruebas concretas contra él. Ni del respaldo que le brindaron Naciones Unidas, la Unión Europea y el Departamento de Estado de EE.UU. Se quedaron con las frases amenazantes de Curruchiche y de Gianmmattei.
La pregunta es hasta qué punto está dispuesto a llegar el oficialismo de Guatemala en su afán por fortalecer su postura de derecha y evitar que le quiten el poder ahora que vienen las elecciones y la mayoría de sus candidatos están bajo la lupa por corrupción.
Por Élber Gutiérrez Roa
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