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Antes de volar desde Bogotá hacia Tibú (Norte de Santander), el presidente Gustavo Petro, en la tarde de este jueves, les notificó a sus ministros y altos funcionarios, varios de ellos nuevos en la administración, que de ahora en adelante tendrán que “ponerse la camiseta” para demostrar que sus apuestas por la seguridad y el bienestar de las regiones no se quedarán en los discursos, las firmas y las fotografías protocolarias. “No venimos a hacerles anuncios, traemos soluciones”, dijo al llegar el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.
El pasado lunes, en el marco del segundo consejo de ministros televisado, el mandatario le informó a su equipo que viajarían al Catatumbo para explicarles directamente a los habitantes de la región qué ha pasado desde que, hace seis semanas, se decretó el estado de conmoción interior por la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc. Y es que desde esa declaración se han firmado más de 20 decretos de desarrollo para intentar atajar la crisis social que ha dejado 54.000 desplazados y 56 muertos.
Este mismo jueves, por ejemplo, se conoció que el presidente designó a un comandante militar exclusivo para el Catatumbo (general Mario Contreras) y, además, creó una comisión intersectorial para hacer frente a la crisis. Dicha instancia estará conformada, en su mayoría, por los ministros, a quienes se sumarán los gobernadores y alcaldes de las zonas afectadas, pero sin poder de decisión.
Con esas movidas en marcha, el mandatario llegó a Tibú para presentar el “Pacto Social por la Paz de Catatumbo”, un documento de 48 páginas en el que se plantean cinco ejes para cambiar la región: ordenamiento territorial participativo, salud y bienestar, educación, transformación económica, conectividad y transporte intermodal; todos, según se lee en el documento, articulados con la apuesta de paz total.
El jefe de Estado se enfocó en la defensa de la conmoción interior, pues además de que todos los decretos están bajo revisión de la Corte Constitucional, la medida ha sido cuestionada por la oposición y los gremios económicos. Según dijo, son esos sectores de “extrema derecha” los que han contribuido a la situación del Catatumbo que él hoy intenta remediar con la declaratoria.
Según explicó, parte de la situación se explica por el incumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc, que, aseguró, inició con el gobierno de Juan Manuel Santos, a quien señaló de invertir la plata para las carreteras, la sustitución y la educación del Catatumbo en la doble calzada Ocaña-Gamarra, de la Ruta del Sol. Así mismo, dijo que el exfiscal Néstor Humberto Martínez afectó el proceso con un presunto “entrampamiento” al fallecido alias Jesús Santrich.
A renglón seguido, señaló que “hecha trizas la paz, las armas volvieron al Catatumbo” y que justo cuando intentaba negociar con el ELN, este grupo entró al Catatumbo “a matar campesinos y esa es la causa de la conmoción”. Todo este recuento lo utilizó, precisamente, para defender la conmoción interior, sobre la cual también hizo un llamativo anuncio en caso de que se hunda en la Corte Constitucional.
“Voy a hablar con [Nicolás] Maduro a ver si construimos la zona económica especial, porque si nos tumban los decretos no podremos hacer la carretera rápidamente, entonces hay que salir para algún lado, pero no nos podemos quedar sumidos en medio de la cocaína”, dijo.
El asunto de los cultivos ilícitos, según el propio Petro, es la clave de la crisis y el “corazón” de la conmoción, por lo que subrayó que un eje de la respuesta del Gobierno es el plan de sustitución para una región con 53.000 hectáreas de coca, de las cuales el 62 % está en Tibú. Como lo ha dicho su directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, la idea es pagarles a los campesinos, “mientras se consolida una economía legal”, un total de $1.280.000 durante 12 meses para que empiecen a erradicar voluntariamente sus matas.
En este punto aparecen las mencionadas tensiones con las comunidades y organizaciones sociales. Por una parte, los campesinos temen que se repitan los métodos del fallido Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), pues advierten que únicamente los pagos de una renta no compiten con la economía ilícita de la hoja de coca. Todo esto, además, en medio de las amenazas y la presión constante de los grupos armados.
Durante el evento en Tibú, varios líderes le manifestaron otras preocupaciones al presidente. “Para que el pacto pueda ser de la multiplicidad de los sectores del Catatumbo, tiene que aperturarse un diálogo humanitario que permita hablarles a los actores armados; al ELN y al mismo gobierno, para que todos podamos participar en igualdad de condiciones. De lo contrario, sería un pacto condicionado a las armas”, señaló Holmer Pérez, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), quien también pidió que los recursos no vayan a parar en la corrupción, que se priorice la inversión social y no la militar y que el movimiento social y los firmantes de paz hagan parte del consejo directivo del pacto.
Sobre el tema de los diálogos con grupos armados, el presidente Petro no descartó nuevas oportunidades, pero lanzó una advertencia: “No cierro la puerta, pero no soy bobo ni ingenuo”. Según explicó, si el ELN y otros no demuestran voluntad de paz, entrará a actuar la fuerza pública.
Ahora, el reto de Petro y su equipo es poner en marcha el decreto que lo autoriza a recaudar los $2,7 billones, esto a través de impuestos a los juegos de azar en línea, las exportaciones de petróleo y carbón, entre otros. Con esa plata, el mandatario, por dar algunos ejemplos, espera asegurar $106.000 millones para temas agrícolas, $159.000 millones para la Unidad Nacional de Protección y $196.000 para la construcción de vías como la troncal del Catatumbo, que ahora estará a cargo del Ejército.
Como el mandatario lo indicó, el futuro de este plan y la posible entrada en la ecuación de Venezuela y Maduro dependen de lo que diga la Corte sobre la conmoción, un debate agitado por los constantes pronunciamientos en contra de gremios como la ANDI y congresistas de la oposición.
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