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Las elecciones de este domingo son trascendentales. Son determinantes. Colombia define el modelo de Estado con el que quiere continuar en democracia, con dos visiones de país en disputa. Y si bien son distintas, encajan en una Constitución que se revalidará con los votos de los 41,4 millones de personas habilitadas para sufragar este 31 de mayo. Ir a urnas es un paso en ese camino.
A un lado, está el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico), un filósofo que a sus 63 años busca llegar a la Casa de Nariño con el apoyo frontal del presidente Gustavo Petro. Es la ficha para la continuidad y profundización de la izquierda, con un Estado más amplio y activo en todas las capas sociales, que además siente las bases para negociaciones de paz efectivas y que haya una redistribución de riquezas. Su llave es la congresista Aida Quilcué.
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Al otro está Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), un abogado que a sus 47 años capitalizó de forma más efectiva el relato de la oposición “antisistema” y quien –con la chapa de outsider pese a que tiene varios políticos de vieja data en sus filas y ha estado cerca al poder– se proyecta como líder de una derecha más fuerte. Es su primera contienda en urnas y promueve una reducción del Estado, la potenciación del sector privado en asuntos públicos, pena de muerte a violadores de menores y mano dura contra la criminalidad. La fórmula que lo acompaña es José Manuel Restrepo.
Y aunque igualmente de derecha y más ligada a la clase partidista tradicional, pero más abierta al diálogo con los diferentes, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) también está en contienda junto a su apuesta vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, y con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe. Este último es una de las figuras más poderosas de la política nacional de las últimas dos décadas, y polémica al mismo tiempo, quien podría ver su ocaso electoral si su pupila se queda colgada en votos en la primera vuelta presidencial de este domingo.
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Esas instantáneas, además, muestran que Colombia no quisiera en este punto de su historia republicana encaminarse por el llamado centro: las apuestas electorales evidencian que no sedujo al grueso de la población. O al menos eso revelaron los últimos sondeos y explica por qué el exgobernador Sergio Fajardo (con Edna Bonilla) y la exalcaldesa Claudia López (con Leonardo Huerta) se quedaron en un solo dígito –y lejos de los otros tres– en la intención de voto.
Así, en una disputa entre oficialismo de izquierda y oposición de derecha –y un centro desdibujado hacia el electorado–, el país define qué camino quiere tomar. Y, precisamente, por la dureza del debate público, del aumento de la polarización, es que la institucionalidad y la sociedad civil coinciden en un mensaje directo: respetar los resultados.
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“La democracia no puede costarle a Colombia muertes y destrucción”, aseguró el registrador Nacional, Hernán Penagos. “Nosotros estamos dispuestos a respetar las reglas”, respondió el Gobierno en la voz del ministro del Interior, Armando Benedetti. Sus palabras fueron para este diario. Y, de hecho, El Espectador recogió más de una veintena de voces de todas las corrientes para que, de forma directa, les expliquen a las audiencias por qué hay que confiar en la democracia cuando el país se apresta a elegir a su octavo presidente desde que está vigente la Constitución de 1991 (incluyendo a César Gaviria, en cuyo mandato se expidió esa Carta Política).
Es cierto que el mandatario actual dejó avances que se reflejan en la imagen positiva con la que sale, 45,8 % en la Invamer de mayo, y en la intención de voto de su alfil, el senador Cepeda, quien lidera los sondeos. Y la ciudadanía los recibe bien. La pobreza multidimensional cayó de un 13 % en 2023 a 11,5 % en 2024 y a 9,9 % en 2025, y el desempleo para abril quedó en un 8,8 % (aunque la informalidad laboral está en un 54,2 %); los datos son del Dane. Además, entre otros indicadores, el salario mínimo aumentó en enero pasado un 23 % (el más alto en décadas). Esto es parte de lo que quiere capitalizar el aspirante del continuismo.
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Pero así mismo hay lunares, y no menores. Las finanzas públicas están sacudidas por un déficit de hasta el 7 % del producto interno bruto (PIB) y la deuda neta puede llegar al 58 %, de acuerdo con proyecciones de centros de investigación económica; asuntos que la oposición de derecha, en especial la del espectro más extremo, aprovecha para promoverse como una solución invocando un urgente control en el elevado gasto público y, con ayuda de los privados, una reactivación de sectores clave como el minero-energético y el petrolero.
Por supuesto, eso no es lo único para sacar pecho, según las propias cifras del Ejecutivo, pero sí es parte del debate central frente al modelo de Estado que se juega en urnas. Las fórmulas para asumir estos retos son diferentes entre izquierda y derecha, pero cualquiera que se posesione el 7 de agosto próximo asumirá un panorama complejo. Incluso, hay coincidencia en la necesidad de otra reforma tributaria.
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A los temas de la chequera del Estado, un asunto transversal a toda la administración pública, se le suman otros no menos importantes. Ahí entra el sistema de salud que está al borde del colapso, como lo reconocen en todo el sector, tanto hospitales, EPS y pacientes.
Para el Gobierno, la debacle es culpa de las EPS y aún insiste en que la reforma que se cayó en el Congreso era el camino para mejorar el sistema. En la otra acera, sus críticos le han recordado que es, precisamente, por la falta de recursos que dejó de darles a las EPS que la salud está en una profunda crisis.
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En todo caso, estas entidades acumulan deudas que rozan los COP 25,7 billones con las clínicas y los hospitales. Además, los pacientes, como lo ha indicado la Defensoría del Pueblo, han enfrentado más dificultades que en otros períodos para acceder a tratamientos y medicamentos. También a citas con especialistas. Ya el país ha visto ejemplos de estas dificultades, como la muerte de Kevin Acosta, un niño de 7 años, afiliado a Nueva EPS, que padecía hemofilia severa y falleció esperando un medicamento que se le suministraba cada mes.
Esa EPS, con más de 11 millones de usuarios, es la que el Gobierno ha querido transformar en un eje del sistema público en el que prevalezca un modelo “preventivo”, una idea que quiere profundizar Cepeda. De la Espriella y Valencia, por su parte, buscan fortalecer el sistema mixto que se estructuró en las últimas décadas y prometen encontrar la fórmula para detener la corrupción.
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Y la seguridad no se puede pasar por alto. Solo en 2026, de acuerdo con Indepaz, se han perpetrado 56 masacres hasta el 19 de mayo; la inteligencia militar calcula en más de 20.000 los integrantes de grupos criminales y la llamada paz total se estancó. Los electores de Cepeda creen en su propuesta de reforzar las salidas dialogadas, mientras que los de De la Espriella y Valencia apuestan por la mano dura.
Esto es determinante, porque las alertas indican que en los 170 municipios en riesgo electoral hay votantes que saldrían este domingo a ejercer su derecho ciudadano coaccionados por la ilegalidad. Las advertencias han salido de la Misión de Observación Electoral, la Defensoría y –entre otras instancias– del Ministerio de Defensa. Por eso, hay más de 245.000 uniformados cuidando en los 32 departamentos las 118.346 mesas que se instalaron en 13.489 puestos de votación.
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En toda esta ecuación no pasa desapercibido que los Estados Unidos de Donald Trump están pendientes de la decisión que se tome este domingo, pues la relación binacional enfrentó momentos complejos tras los dardos desde ambas naciones. Una cita entre los dos mandatarios, en febrero pasado, bajó la tensión. La Casa Blanca quiere más derecha, como en Argentina o Chile, pero la Casa de Nariño busca más izquierda, como en México y Brasil. En materia internacional, además, está la vecindad de Ecuador y Venezuela, relaciones que dejaron sus cauces normales en este 2026 por choques con el primero y enfriamiento con el segundo.
La radiografía de lo que se juega el país en urnas este domingo puede ampliarse mucho más, y las instituciones han resistido embestidas fuertes –como cuando se logró el consenso que le dio paso a la Constitución de 1991 que hoy sostiene a la democracia nacional–, por lo que Colombia igual avanzará. La duda es hacia qué camino, si a una izquierda más fuerte o una derecha más dura, y de qué forma se podrá tramitar la división.
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Además, tras los llamados a salvaguardar la democracia y respetar los resultados, bajándole a los decibeles de la polarización, la apuesta es que los comicios sean pacíficos en todo sentido. Lo cierto es que las campañas punteras se dicen victoriosas en primera vuelta, pero la realidad política habla de un segundo balotaje para el 21 de junio próximo. Ahora sí, literalmente, la decisión está en las manos de los votantes.
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