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Una hora antes de que empezara 2023, el presidente Gustavo Petro anunció algo que parecía inalcanzable, pero clave para aterrizar su proyecto de “paz total”: el acuerdo de cese bilateral con cinco grupos armados al margen de la ley. En su último trino del año, el 31 de diciembre de 2022, aseguró: “Es mi deseo en este final de año que sea posible la paz. Este es un acto audaz. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional. Que la paz sea entre nosotros. Feliz nuevo año”.
El acuerdo anunciado por el mandatario comprendía al Ejército de Liberación Nacional (ELN); a la Segunda Marquetalia, las disidencias comandadas por Iván Márquez; al Estado Mayor Central (EMC), al mando de Iván Mordisco; al Clan del Golfo, conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). El cese al fuego iba del 1° de enero hasta el 30 de junio de 2023, que sería prorrogable dependiendo de los avances en las negociaciones. Estaba soportado en un decreto presidencial por cada grupo armado.
“Era como una invitación a los otros grupos, una invitación que solamente el ELN rechazó. Entonces se da por aceptado el cese en el momento en que los otros grupos envían comunicación diciendo que se acogían al cese al fuego”, explica Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y conflictividades de Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz).
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El 3 de enero de 2023 el Comando Central del ELN sostuvo que “la Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese al fuego bilateral, por tanto, aún no existe ningún acuerdo en esa materia (…) el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la mesa de diálogos donde participemos”. A hoy, el tercer ciclo de negociaciones con este grupo armado continúa en La Habana, Cuba, y lograr el cese al fuego se establece como una de sus metas principales.
“Lo importante era la voluntad de las partes de empezar el cese al fuego. Algo bueno para resaltar, a pesar de todo lo que ha sucedido durante estos cinco meses y medio, es que han bajado los índices de violencia en todos los indicadores. El único en el que se mantuvo el número en general es el de masacres, en el resto se ha bajado”, explica González. Añade que lo que ha sucedido es que el conflicto ha recrudecido en focos específicos, como Cauca, la costa Pacífica nariñense, Putumayo y Caquetá.
De los otros cuatro grupos, el Gobierno solo firmó un protocolo de cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central, un grupo que se estima cuenta con 3.200 combatientes, que se distribuyen en 23 frentes y cinco bloques, liderados por antiguos miembros de las FARC. Los otros ceses de hostilidades tuvieron un carácter informal.
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Con el Clan del Golfo el cese se rompió el 12 de marzo, en el marco del paro minero en Antioquia. “Han dejado sin agua potable a Tarazá (municipio antioqueño), al romper los tubos. El Clan del Golfo contra el pueblo humilde. Afectar el agua potable de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano. El Clan del Golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego”, anunció Petro en su cuenta de Twitter.
Con el protocolo firmado entre el EMC y el Gobierno, las partes se comprometieron a no hacer uso de armas de ningún tipo y el Gobierno, a levantar las órdenes de captura de los miembros de esta guerrilla. Se acordó también que ninguna de las partes podía terminar el cese al fuego sin haber discutido los eventos causantes con la contraparte. Este 22 de mayo, el presidente Gustavo Petro anunció el fin del cese al fuego en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta. Esto debido al asesinato de cuatro menores de edad de la comunidad indígena murui, quienes habían sido reclutados por el frente Carolina Ramírez, el 17 de mayo, en Putumayo.
“El frente Carolina Ramírez opera especialmente en Putumayo y Caquetá. La sorpresa es la suspensión del cese al fuego en Meta y Guaviare. Pareciera que se castiga al suspender a todo el bloque sur del Estado Mayor Central”, anota González. “Las comunidades indígenas y campesinas están muy asustadas, porque temen una represalia, temen mayor violencia, porque saben que el cese al fuego es una especie de garantía. Suceda lo que suceda, hay una mesa donde pueden ir a presentar una denuncia”.
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Como señala la Fundación Conflict Responses (Core), el EMC ha criticado al Gobierno, argumentando que este también ha violado el cese, que ha querido negociar en secreto hasta ahora, que no hay un mecanismo de participación de la sociedad ya definida y que no es “serio”.
No es tampoco la primera vez que el EMC comete infracciones contra lo pactado en el protocolo. De acuerdo con lo registrado por Indepaz, entre enero y marzo de 2023, los eventos que alteran el cese al fuego y que afectan a la población se atribuyen en mayor porcentaje al Estado Mayor Central (EMC) y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Y son la columna móvil Dagoberto Ramos y el frente Carlos Patiño, del EMC, con presencia en Cauca, los que tienen los mayores registros de hechos violentos en el trimestre. “Es mayúscula la infección que se ha venido dando por parte del Estado Mayor Central en Cauca”, señala González.
“Cada vez más dudas sobre la voluntad real del Estado Mayor Central de cumplir el cese. Todo este escenario se ha agravado por el hecho de que el lenguaje del cese es supremamente ambiguo y general. Los compromisos frente a la población civil son muy limitados. Entonces, realmente es como un caldo de cultivo para que esto no funcione”, explica Kyle Johnson, de la Core. “Cuando tienes un protocolo de cese muy ambiguo, por lo menos en el contexto colombiano, eso inherentemente le pone más presión e importancia al mecanismo de verificación, porque va a haber interpretaciones diferentes de las partes, que van a generar desacuerdos”.
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En entrevista con La FM, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, afirmó que ya había advertido sobre la inviabilidad del cese al fuego: “Hace cinco meses había advertido que esos ceses al fuego y hostilidades estaban siendo utilizados para cometer todo tipo de crímenes”.
“Este momento plantea la pregunta de si es mejor acabar con el cese -Petro lo plantea a nivel regional, pero el EMC parece interpretarlo a nivel nacional- o mejorarlo. Aunque hay costos asociados con tener un cese formal demasiado temprano en un proceso, el hecho de que ya existe implica que acabarlo podría llevar a la terminación del proceso, y que mejorarlo -hecho bien- podría aliviar parcialmente la situación humanitaria de las comunidades afectadas por los conflictos armados y podría ayudar a construir confianza entre las partes”, concluye la Core.
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Por Daniela Cristancho
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