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Se volvieron a caldear los ánimos entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo de Estado. En el centro de esa tensión creciente están las discusiones sobre la transmisión de sus consejos de ministros —que ya fueron sujeto de dos fallos—, la anulación de la elección de Rafael Alejandro Martínez como gobernador del Magdalena y la posible salida del Congreso de la representante Mary Anne Perdomo, del Pacto Histórico, que se suman a la lista de golpes electorales para el movimiento político del mandatario.
Es una discusión que trae a la mesa no solo los dardos que ha dirigido el jefe de Estado contra el alto tribunal, sino también el costo que enfrenta el sistema electoral, con un presupuesto que asume los altos costos del calendario electoral por otro evento en los próximos meses.
La del Magdalena se sumaría a la lista de 30 elecciones atípicas que están presupuestadas para este año, que significarían, hasta el momento, un costo de $40.000 millones, según lo reveló El Espectador. Se trata de otro monto que se sumaría al sistema electoral además de los $700.000 millones que costaría la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro, con la que el país se encuentra a la expectativa de su votación en la plenaria del Senado la próxima semana.
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Con la anulación de la elección de Martínez, ya serían ocho de ellas que corresponden a fallos por doble militancia y ponen, una vez más, el ojo sobre la falta de regulación que existe en esta materia.
No son pocas las voces que le piden al Congreso echarle mano a este tema. Este jueves, el registrador Hernán Penagos instó al Capitolio a legislar sobre la doble militancia y las coaliciones, señalando que “no hay antecedentes en Colombia” en este alto número de elecciones atípicas.
En la crítica que lanzó el mandatario al Consejo de Estado por tumbar la elección de Martínez señaló que, al no existir una ley de coaliciones, el alto tribunal no podría determinar la legalidad de una acción que no está reglamentada. Argumentó que se trataría de una “agresión a fondo” que se ha dirigido a la izquierda colombiana.
“La función del Consejo de Estado es dictaminar la legalidad, la legalidad implica ley. Entonces, ¿cómo puede tumbar funcionarios de elección popular si no hay ley, porque el Congreso no la ha expedido?”, apuntó.
Lo cierto es que el camino para llegar hasta ahí todavía es rocoso. La última vez que llegó al Capitolio un proyecto para la regulación de coaliciones fue en 2019. Se trató de una iniciativa de ley estatutaria para modificar la Ley 1475 de 2011 —que regula la organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, así como de los procesos electorales y en donde expertos aseguran que hay vacíos en el tema de coaliciones— e incluir un nuevo artículo sobre los “candidatos de coalición a corporaciones públicas”, en el que estaría, por ejemplo, el Legislativo.
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Esa iniciativa contaba con la firma del ahora presidente, quien era en ese entonces senador por la Colombia Humana. También figuraban los nombres de otros notables del progresismo que hicieron carrera en el Congreso: Gustavo Bolívar, actual director del Departamento de Prosperidad Social, y Antonio Sanguino, ministro del Trabajo.
Su radicación ocurrió antes de la consolidación del Pacto Histórico, coalición por la que la izquierda obtuvo su primera victoria en la Presidencia con Petro, que se erigió como la más votada en el Congreso, con 20 curules en el Senado y 29 en Cámara, bajo la cual, además, Roy Barreras (exembajador de Colombia en Reino Unido), Alexander López Maya (exdirector del Departamento Nacional de Planeación) y César Pachón (actual presidente de la Agencia de Desarrollo Rural) salieron de sus curules en el Capitolio antes de aterrizar en el “Gobierno del cambio” tras haber establecido el Consejo de Estado que habían incurrido en doble militancia.
De allí nacieron, en un inicio, las críticas que ha lanzado el mandatario contra el alto tribunal. Y estas se profundizaron con los señalamientos de querer juzgar en contra del progresismo por decisiones que también abarcan la pérdida de personerías jurídicas de movimientos como Independientes, del exalcalde de Medellín Daniel Quintero; Fuerza Ciudadana, de Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena; Todos Somos Colombia, de la senadora Clara López, y Soy Porque Somos, de la vicepresidenta Francia Márquez.
Pero en los últimos meses también se han dado por la transmisión de sus consejos de ministros, en medio de un relato en el que Petro acusa a las cortes de tomar decisiones en contra de su administración.
Hace unas semanas, la Sección Tercera determinó que pasar esta reunión de altos funcionarios por canales privados de televisión sería una violación al derecho de información. Citaba tres razones: limitaba el acceso a una oferta informativa plural y veraz, imponía de manera obligatoria una única fuente informativa oficial y restringía el libre acceso a otras opciones, especialmente en horarios de alta audiencia.
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“Me quieren censurar”, respondió en ese entonces el jefe de Estado. Este viernes, otra decisión de ese mismo tribunal, pero en la Sección Quinta, dejó en firme la posibilidad de continuar haciendo estas transmisiones por canales públicos, manteniendo, eso sí, la prohibición en canales privados. Esta vez, Petro agradeció al Consejo de Estado por “restablecer la democracia”.
“Algunos de sus miembros y miembros de la Comisión Reguladora de Comunicaciones intentaron censurar al Gobierno”, agregó en una publicación en su cuenta de X.
Horas antes, había criticado que la representante Mary Anne Perdomo (Pacto Histórico) estuviera a punto de perder su curul “por una causa que no existe ni en la ley ni en la Constitución”, refiriéndose a la decisión de la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura que determinó que esta habría permitido el uso indebido de recursos públicos destinados a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Mientras la relación entre la rama Judicial y el Ejecutivo sigue en un tire y afloje, el Congreso no parece estar interesado en meterse en la discusión de la doble militancia. La mira está puesta en la consulta popular, con la que la Casa de Nariño tendrá que ponerse las pilas para lograr superar el umbral de 13,6 millones de votos y así dejar en firme su apuesta más grande en los 15 meses que le restan en el poder.
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