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Los ocho magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) ya tienen en sus manos una copia de la ponencia que se radicó este 8 de mayo ante la Secretaría de la entidad para formularle cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su financiación y violar el tope de gasto por más de $5.400 millones. Los togados tendrán, aproximadamente, dos semanas para revisar las más de 300 páginas que componen el expediente y meditar una decisión: votar a favor o en contra del pliego.
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Pero en estas dos semanas que tienen para examinar los hallazgos de los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), quienes iniciaron la indagación a la campaña en febrero de 2023, el ambiente político puede agitarse todavía más, pues el mismo presidente Petro calificó la medida como el inicio de un golpe de Estado que debe responderse desde las calles.
“Si deciden violar el voto popular, se instala el poder constituyente. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga: si el pueblo dice más adelante, más adelante iré”, dijo el mandatario desde Cartagena, la tercera ciudad capital que visita esta semana para llevar a cabo su programa Gobierno con los Barrios Populares.
Horas antes de este pronunciamiento, Ortiz y Prada se reunieron a puerta cerrada por un par de minutos para terminar de ojear la investigación que reúne los testimonios de Ricardo Roa, el exgerente de la campaña; de Laura Sarabia, la directora del DAPRE; de algunos testigos electorales; y de personas que estuvieron vinculadas, y que menciona la posibilidad de que la campaña haya anulado facturas o no haya reportado la totalidad de lo que gastó, compró y contrató para no violar el tope que estipula la ley, que para ese 2022 era de más de $41.000 millones.
Tras la breve charla, radicaron el documento ante la Secretaría del CNE y entraron a Sala Plena, donde se discutirá próximamente la ponencia que necesitará como mínimo seis votos para archivarse o para convertirse en una investigación formal a la campaña. Este segundo camino podría terminar en sanciones administrativas, la pérdida de personerías jurídicas de algunos de los partidos que conforman el Pacto Histórico e incluso en penas para Roa por su rol de gerente.
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Solo minutos después de que los dos togados entraran a Sala Plena para estudiar y dar su voto en otros casos, el presidente Petro reaccionó a través de su cuenta de X y convocó a su coalición del Pacto Histórico a una reunión inmediata para definir la estrategia de cómo responderán. Lo claro es que el grupo buscará movilizar a sus simpatizantes y lograr, dicen, una movilización mayor que la del pasado 1 de mayo para demostrar respaldo ciudadano.
Tanto el presidente como sus funcionarios y congresistas insisten en que el CNE no tendría la facultad para adelantar la investigación. Incluso, el representante legal en este caso de Petro, Mauricio Pava, intentó, sin éxito, que las indagaciones se remitieran a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, argumentando que solo esa célula tenía la autoridad de investigar al presidente, como lo hace actualmente.
También le apuntan a cuestionar la idoneidad del magistrado Prada para investigar al presidente, por un posible conflicto de intereses al pertenecer al partido opositor Centro Democrático, cuyo máximo líder es el expresidente Álvaro Uribe.
El abogado Pava iría más allá, buscando la inhabilidad del magistrado, no solo por su postura política, sino también por estar relacionado con el exoficial de la Policía Juan Guillermo Mancera, quien sería uno de los propietarios de la “narcoavioneta”, que fue hallada con cargamento de cocaína en 2021 en un viaje a San Andrés. Uno de los exrepresentantes de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué, la misma que contrató el Pacto Histórico para transportar al equipo durante la campaña, habría salido salpicado en este caso.
Adicionalmente, se conoció en la tarde de este miércoles que la Corte Suprema de Justicia citó a Prada para el próximo 16 de mayo, para continuar con su juicio por presunto soborno en actuación penal dentro del caso de supuesta compra de testigos en el que se encuentra implicado el expresidente Uribe.
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En todo caso, en el CNE aún hay una decisión por tomar, y por como estarían los votos, no hay una mayoría absoluta para resolver el caso. A favor de formular cargos habría cinco votos: los de Prada y Ortiz y los de Maritza Martínez (Partido de la U), César Lorduy (Cambio Radical) y Alfonso Campo (Partido Conservador). En contra del pliego estarían Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Alba Lucía Velásquez (Polo Democrático) y Cristian Quiroz (Alianza Verde).
Sin embargo, lo que pase en los próximos días con el Partido Verde y su postura frente al Gobierno tras el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) podría influir en el voto de Quiroz.
De mantenerse los apoyos, como hasta ahora lo estarían, a la decisión entrarían a participar algunos de los 18 conjueces que integran el CNE, abogados nombrados para actuar cuando se presenta un empate en una decisión.
Fuentes cercanas a la entidad dicen que, aunque algunos togados manifiestan que la entrada de conjueces a los expedientes son cosas propias de la normativa del CNE, otros no se muestran muy cómodos con esta alternativa, pues sostienen que no les gustaría que una decisión de tal magnitud, como es presentar cargos contra la campaña que llevó al poder a Gustavo Petro, quede en manos de funcionarios que no están de lleno en los asuntos de la entidad.
Las próximas semanas serán claves y traerán consigo respuestas en torno a si el CNE está en la facultad de formular cargos al presidente, si Prada se mantendrá hasta el último punto del caso y si el presidente Petro encontrará respaldo en la ciudadanía en su idea de estar formándose un supuesto golpe blando en su contra.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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