Código de ética del congresista, una regulación polémica

Y es que el Congreso de la República no tiene en sus manos medidas para sancionar o suspender temporalmente del cargo a un legislador al que, por ejemplo, se le compruebe responsabilidad en tráfico de influencias en el trámite de algún proyecto de ley. Es decir, en el Poder Legislativo puede suceder algo similar a lo acontecido con el magistrado Jorge Pretelt en la Corte Constitucional, quien ni siquiera fue retirado transitoriamente del cargo mientras es investigado por el caso Fidupetrol.

Al respecto, la propuesta del senador Antonio Navarro Wolff tiene como propósito central establecer parámetros para tramitar más fácilmente los impedimentos de los legisladores en los proyectos y reformas e instituir cuáles son las faltas leves o graves que merecen una amonestación por parte del mismo órgano colegiado. En esencia, el objetivo es establecer un “marco normativo de la responsabilidad ética y disciplinaria de los miembros del Congreso, por la conducta indecorosa, irregular o inmoral en que puedan incurrir en el ejercicio de su función o con ocasión de la misma, de conformidad con el artículo 185 de la Constitución.

Precisamente, dicho artículo es el que señala que “los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio de su cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respetivo”. Ese reglamento es la Ley 5ª de 1992, que en su artículo 59 señala que la Comisión de Ética conocerá del conflicto de interés y de las violaciones al régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los congresistas. Igualmente del comportamiento indecoroso, irregular o inmoral de los miembros de las cámaras en ejercicio de su gestión pública “de conformidad con el Código de Ética expedido por el Congreso”.

Código que más de veinte años después no existe. Dentro de las conductas que serían sancionables, de acuerdo con el proyecto en discusión, están el ejecutar actos que afecten la moralidad pública del Congreso, la dignidad o el buen nombre de los congresistas en su función; incumplir sin justificación en cuatro ocasiones el horario previamente establecido para las sesiones de plenaria y comisiones; asistir a dichas sesiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas; y dar al personal de seguridad asignado por la Fuerza Pública funciones diferentes a las de protección.

Sin embargo, aunque la iniciativa representa grandes avances para elevar la calidad del trabajo de los congresistas, la polémica está en las sanciones que, a criterio de algunos parlamentarios, podrían pasar a ser utilizadas como arma de retaliación política entre los mismos legisladores. Por ejemplo, la Comisión de Ética podría hasta decretar la suspensión del cargo por un término entre los diez y 180 días, es decir, seis meses. Por eso, ya hay quienes dicen que esta célula legislativa pasaría a ser la más apetecida y muchos querrían llegar a ella para utilizarla para “venganzas políticas”.

“Puede servir para desquites de cualquier naturaleza, porque ahí se van a tomar decisiones disciplinarias de un congresista contra otro”, advierte la senadora Viviane Morales, del Partido Liberal. Pero hay algunos que van más allá de ese tipo de reparos y argumentan que el mejor código de ética de cada congresista es su consciencia. “A nosotros no nos deben tratar como niños chiquitos de escuela estableciéndonos unas reglas para que cumplamos horarios y el trabajo designado”, aseguró el senador Antonio Guerra de la Espriella, de Cambio Radical.

En la otra orilla, quienes defienden el proyecto consideran que cuando algún legislador caiga en un tráfico de influencias, el Congreso debe tener la potestad de sancionarlo en un proceso casi de contrición. “Es necesario que este tipo de casos, que podrían ser estudiados por la Comisión de Ética, lleven hasta a la suspensión del legislador en plenaria o en comisión”, dijo la senadora Claudia López, de la Alianza Verde.

Ahora, hay otro punto clave que pone sobre la mesa el secretario general del Senado, Gregorio Eljach: “Habrá un asunto de fondo que habrá que discutirse y es en quién va a recaer la competencia de disciplinar a los congresistas, ¿el señor procurador general, quien es elegido por los senadores y a su vez están sometidos a su vigilancia disciplinaria u otro órgano u otra instancia? Es un tema de fondo que hay que discutir para poder avanzar”.

Así las cosas, el debate está abierto, no solo por las repercusiones internas del proyecto, sino también frente a si se le quitan o no facultades y funciones a la Procuraduría en esa posibilidad de tomar medidas disciplinarias contra los legisladores. La plenaria del Senado conformó una subcomisión para estudiar la iniciativa y entre hoy y mañana se sabrá si el Congreso está dispuesto a dar el paso de autorregularse.