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La reforma al Código Electoral ha sido opacada en los últimos días por las múltiples controversias que han captado otros proyectos y discusiones. La semana que pasó en el Congreso dejó el aplazamiento del debate de la reforma a la salud por el desacuerdo de los partidos y una atropellada sesión de moción de censura al Canciller Álvaro Leyva, pero también, la aprobación en primer debate del proyecto que regularía y modificaría lo procedimientos electorales en el país.
El proyecto de modificación al Código Electoral fue la primera reforma que el Gobierno radicó en el Legislativo, a tan solo dos días de que Gustavo Petro se posesionara como presidente de Colombia; pero también ha sido una de las que más lento ha avanzado. La ponencia por fin obtuvo el visto bueno de la Comisión Primera del Senado, en donde estuvo trabada varios meses por congresistas que guardaban reparos con su contenido.
Fueron los senadores Ariel Ávila (Alianza Verde), Humberto de la Calle (Centro Esperanza), Paloma Valencia, María Fernanda Cabal (Centro Democrático), David Luna (Cambio Radical), Alejandro Chacón (Partido Liberal) y María José Pizarro (Pacto Histórico) quienes mayor número de observaciones hicieron al texto, lo que se vio reflejado en la radicación de proposiciones modificatorias y de archivo para artículos específicos.
(Lea: “Estos son los senadores que estarán a cargo de la ponencia de la reforma pensional”)
Si bien el proyecto fue aprobado en su primer debate, todavía le falta camino (otras tres discusiones) y hay varios puntos que continúan generando inquietudes. Las causas principales de la preocupación son los poderes que el proyecto otorgaría a la Registraduría de cara a la contratación y la creación de nuevos cargos, las garantías electorales en la digitalización de algunos procesos, el manejo de recursos para la modernización, el tratamiento de datos personales, entre otros.
A lo anterior se suma la incidencia del registrador Alexander Vega en el proyecto. Hay quienes han advertido que la reforma está hecha para “crearle un negocio al registrador”, con la concesión de contratos, la creación de cargos, la centralización de los servicios de autentificación digital y además, la posible aplicación de la reforma en las elecciones regionales de octubre.
Vega estaría en la Registraduría hasta octubre de este año y ha expresado que en caso de que se apruebe el nuevo Código Electoral, debería regir a partir de 2024. Todavía hay congresistas que no confían en ese compromiso, si bien es lo más adecuado: aplicarlo en las elecciones regionales podría causar confusión en los ciudadanos de cara a la votación en esos comicios. “Es completamente innecesario e inconveniente generar incertidumbre”, ha dicho la Misión de Observación Electoral (MOE).
La reforma al Código Electoral es quizá uno de los proyectos más paradójicos del gobierno Petro: es herencia de la administración anterior, de Iván Duque -pues el proyecto actual es casi que una copia del que presentaron en 2020, que fue aprobado por el Congreso pero que se cayó por vicios de trámite en la Corte Constitucional-. Es liderado por el registrador Alexander Vega y pese a que este gobierno lo criticó mientras fueron oposición, el texto tiene el aval y la promoción del Ministerio del Interior de Alfonso Prada.
El objetivo del Código es principalmente regular el derecho a elegir y ser elegido, las atribuciones de la organización electoral y asegurar que los procesos de elecciones sean imparciales, transparentes y efectivos. Tras su paso por la Comisión Primera del Senado, fueron aprobados 271 artículos, de los 277 que tenía el proyecto. Fueron negados solo nueve de los puntos en los que congresistas habían hecho advertencias.
Voto electrónico mixto ✅
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue el voto electrónico mixto, que después de un largo debate en la Comisión Primera y varios intentos de archivo, fue aprobado por la mayoría de los congresistas. Se trata del artículo 242 (si quiere ver cómo votó cada senador, ver la tabla de abajo), que instauraría medios tecnológicos en todas las etapas del proceso electoral, para las votaciones de autoridades, corporaciones públicas, mecanismos de participación ciudadana (plebiscito, referendo, cabildo abierto, etc), la garantía del secreto del voto y la verdad electoral. Este artículo está acompañado por los 243, 244 y 245, que regulan los mecanismos, su aplicación progresiva y su inspección y vigilancia.
Los riesgos del voto electrónico mixto, según el senador Ávila, se resumen en que no hay garantías en auditoría a los software electorales, en su arquitectura tecnológica y en la contratación de las “máquinas electorales”, según dice. Agrega que la política comparada indica que “países que han avanzado en el voto electrónico se están devolviendo” porque “no hay garantías en el secreto del voto, por ejemplo, en el caso Venezuela (2004); el listado de la gente que votó por el refrendo de Hugo Chávez rondaba por todos los ministerios para que no les renovaran el contrato”. Ahora, el senador también dice que en el texto no se conoce el costo de las máquinas y software: “no sabemos cuántos valen (…) esto es un negocio”.
Alfredo Deluque (Partido de la U), Germán Blanco (Conservador) y Alejandro Vega (Liberal) son los coordinadores ponentes encargados de defender el texto, quienes ahora tendrán que presentarlo ante la plenaria del Senado, en donde la discusión no será fácil. Respecto a las dudas, Deluque señala que la clave es la progresividad: “esto no va a ser implementado de manera inmediata, no se va a salir ya a comprar las máquinas, porque es una Comisión Asesora la que nos dirá cuándo y dónde se puede hacer, de manera progresiva”. Mientras tanto, otros de los ponentes dicen que las dudas de los senadores se tratan un “miedo a la tecnología”.
Confidencialidad de auditoría de softwares electorales ❌
Se aprobó el voto electronico mixto, pero se negó el artículo 251, que establecía que la Registraduría elaboraría un “compromiso de confidencialidad sobre la auditoría del proceso, para “garantizar la seguridad y reserva de la información sensible”. Las observaciones tenían que ver con que la auditoría y los hallazgos debían ser públicos, para que haya transparencia sobre la aplicación de los medios tecnológicos. Así pues, la confidencialidad de la auditoría fue eliminada porque no alcanzó la mayoría.
Jornada de votación ✅
Otros de los puntos aprobados fue la extensión de la jornada de votación hasta las 5 p.m. (artículo 161), que no tuvo mayor problema en su aprobación, y la aplicación del voto anticipado se mantiene solo para el exterior (artículo 162), el punto fue consensuado desde las reuniones de los coordinadores y ponentes y pasó con una proposición Paloma Valencia para que solo pueda aplicarse en el caso de los colombianos fuera del país: “la Registraduría podrá reglamentar e implementar un mecanismo de voto anticipado, aplicable únicamente a las mesas de votación ubicadas fuera del territorio nacional”.
“El voto anticipado, que puede ser muy útil en otros países, en Colombia no es viable por el contexto de violencia”, dijo el senador De la Calle. “El voto anticipado es muy peligroso, porque puede causar que un campesino, rodeado de grupos armados, va a marcar una tarjeta, la mete en un sobre, la trastean y la guardan ocho días en la Registraduría. No hay garantías”, asegura Ávila.
Registradores departamentales ❌
Uno de los más controversiales fue la creación de nuevos registradores departamentales: uno adicional por cada cada departamento, a los dos que actualmente ya están en la ley (artículos 14 y 15). Para su aplicación, la reforma convertía los dos actuales en delegados seccionales (artículos 16 y 17). La creación de ese nuevo registrador fue negada, pero no por decisión de los senadores sino porque la votación del artículo no alcanzó la mayoría, por lo que ese punto podría volver a revivir en la plenaria.
Entre las funciones de ese nuevo registrador estaba: “supervisar las funciones de los delegados seccionales en registro civil e identificación y en lo electoral”; “celebrar contratos dentro del ámbito de las competencias que se les asignen”, entre otros. Ese cargo, como otros que crea el proyecto, iba a ser de libre nombramiento y remoción, por lo que la Comisión Primera del Senado advirtió que serían puestos “entregados a dedo”. Los legisladores en contra se preguntaban cuál sería la función de ese nuevo registrador departamental, que no puedan hacer los otros dos que ya existen.
“Esos cargos podrían favorecer a candidatos o listas de partidos si aplicamos esto en octubre (…) Van a crear alrededor de 100 cargos nuevos y no me explican para qué los crean en un año electoral”, dijo el senador Ariel Ávila. El coordinador ponente, Alfredo Deluque (Partido de la U), dijo que “no queremos hacerle un favor a Alexánder Vega”; según dice con esto buscan “profesionalizar la Registraduría”.
Identificación biométrica y datos personales en manos de la Registraduría❌
Fueron eliminados dos artículos polémicos que, según congresistas, le darían el “monopolio a la Registraduría” para controlar los datos, a partir de la verificación del domicilio electoral (artículo 58). Le daba facultades para chequear “de manera permanente y de oficio, o por solicitud de las autoridades o petición ciudadana, la veracidad de las direcciones del domicilio electoral aportadas por los ciudadanos colombianos y extranjeros residentes (…) transmitirá la información que recolecte a las autoridades competentes”.
El otro tenía que ver con la implementación del software de autenticación e identificación biométrica (artículo 37): “la Registraduría será la encargada de la identificación digital y autenticación de todos los colombianos por los diferentes medios tecnológicos de firma digital”, para algunos congresistas este punto era un “meganegocio (…) centralizar en la Registraduría los servicios de autentificación, que en todos los países del mundo los ofrecen empresas en un régimen de libre competencia y libre mercado”, dice la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde).
Eso no solo lo advirtieron congresistas; también lo hizo Federación Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas (Fedesoft), quien argumentó que este punto le otorgaría “la potestad a la Registraduría sobre la identificación y la autenticación (…) encierra la titularidad de los datos personales de los ciudadanos sobre los cuales no debería tener potestad, por el simple hecho de que violaría las normas de Habeas Data”.
Medidas contra la trashumancia electoral ✅
De acuerdo con los ponentes del proyecto, el artículo sobre el domicilio electoral (58) tenía como objeto “combatir la trashumancia electoral”, es decir la inscripción irregular de cédulas para votar en un lugar distinto a aquel en el que se reside, constituye un delito contemplado en el Código Penal, pues da espacio al fraude electoral. Sin embargo, aunque se eliminó la vigilancia de la Registraduría, sí se salvó el artículo 49, que establece que el ciudadano que haya cambiado su domicilio, deberá “informar, bajo la gravedad de juramento, la novedad ante la Registraduría (…) a los que no informen se les impondrá multa de medio salario mínimo legal mensual vigente”.
Para el senador David Luna (Cambio Radical) , ese punto, que obliga a los colombianos a informar su cambio de domicilio, “están creando un Estado Espía, el Gobierno está obsesionado con vigilarnos y además multarnos”, dijo. Sin embargo, hubo muchos que lo defendieron (con la eliminación del 58), pues con ellos se podrían reducir los delitos electorales. Entre los que lo apoyaron estuvo Ariel Ávila, Humberto de la Calle, María José Pizarro y claramente, los coordinadores ponentes.
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👀 ¿Cómo votaron los senadores?
* Votación de proposición de archivo del artículo, es decir, quiénes fueron los que hundieron el punto.
El Código Electoral tiene el tiempo justo para ser aprobado. El mensaje de urgencia fue rechazado por los Congresistas el año pasado (2022), por lo que el Gobierno tuvo que retroceder en esa opción. Al texto le faltan tres debates: en la plenaria del Senado, que será en unos ocho días contando desde la aprobación en el primer debate; en la Comisión Primera de la Cámara, a donde llegará 15 días después de la discusión en la plenaria del Senado (si es aprobado) y finalmente en la plenaria de la Cámara. Esos tres debates tendrán que llevarse a cabo antes del 20 de junio, que termina la legislatura, pues al tratarse de una ley estatutaria, el debate no puede alargarse más de eso.
Por Laura Duarte Sandoval
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