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Horas antes de llegar a la posesión de las nuevas caras del Ministerio de Exteriores, el canciller Luis Gilberto Murillo aterrizó en Cartagena para inaugurar la Quinta Conferencia Regional de Población y Desarrollo de América Latina y El Caribe, en donde definió que la inserción social de las personas migrantes era un reto compartido de la región, que Colombia asume como país de acogida. En una economía en la que la contribución de las personas migrantes al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 11,1 % entre el 2020 y el 2022, de acuerdo con la Cepal, y que no ha tenido los resultados esperados en lo que va del 2024— pues el primer trimestre dejó un crecimiento residual de solo el 0,7 %— el país busca trazar iniciativas que permitan impulsar la participación de los migrantes en la fuerza laboral de forma regular.
“La inclusión y la protección social de los migrantes debe ser una prioridad en las estrategias de integración socioeconómica. Colombia es un país de acogida, hemos recibido cerca de 2,8 millones de migrantes, la gran mayoría de la hermana República de Venezuela. El costo es enorme, casi un punto del PIB, pero los beneficios son mayores”, afirmó el canciller en su intervención ante la plenaria de la conferencia.
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De acuerdo con Murillo, se trata de una política de Estado que el gobierno del presidente Gustavo Petro “ha profundizado”. Afirmó que el Gobierno está “regularizando a 600 mil [migrantes] que ya estaban aquí en el país”, no solo para que tengan un estatus de protección, sino también para que puedan contar con “la posibilidad de acceder a ciertos beneficios” para integrarse a la sociedad. Así, afirmó que tienen proyectado “definir una ruta” para que en el futuro quienes llegan a Colombia “puedan realmente residir y volverse ciudadanos y ciudadanas de este país”. Pero ahí no acabaría, pues también podrían convertirse en trabajadores regularizados.
“En Colombia, por ejemplo, si no tuviéramos flujos migratorios, tendríamos dificultades con la recolección de las cosechas, solo por dar un ejemplo. Yo creería que el país va por la senda correcta en términos de ser un país especializado en la acogida de migrantes en un nivel de dignidad, que es lo que defendemos nosotros”, aseguró Murillo.
La integración laboral se daría por dos figuras claves. La primera se está desarrollando entre Migración y el Ministerio de Trabajo, enfocada en el “comportamiento circular” de la migración desde Venezuela y Ecuador. Según explicó el ministro de Exteriores, las personas “vienen al país, trabajan en algunas actividades, sobre todo las que tienen que ver con la recolección de cosechas, y se regresan”, por lo que se crearía un “mecanismo de visas circulares” para ellos. A eso se suman los centros Intégrate en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Santa Marta y Riohacha.
“Estos centros sirven de eje para que las personas migrantes lleguen allí y se les brinde toda la asesoría para que puedan ingresar al mercado laboral, pero no solamente a eso, sino también a beneficios sociales”, explicó.
El anuncio para potenciar la inserción laboral no es menor, y ocurre a menos de un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela. A pesar de la mediación de Colombia y el levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos, las denuncias por parte de la oposición del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, continúan y señalan que no serán unos comicios ni libres ni justos.
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Aunque Maduro ha instado a sus connacionales a volver a territorio venezolano, sus estrategias no ha sido efectivas para lograr el retorno de los más de siete millones de venezolanos alrededor del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Para la principal líder opositora, María Corina Machado, quien no pudo participar en las elecciones por una inhabilidad política, se presentará “la ola migratoria más grande de Venezuela” en caso de que el actual mandatario se mantenga en el poder, con estimaciones que ascienden al 40 %, de acuerdo con la firma Meganálisis.
Aun con la reanudación del diálogo directo entre Venezuela y Estados Unidos, sobre el que el presidente Petro afirmó que era una noticia “excelente” y que la Cancillería ve con buenos ojos, Colombia se prepara para reafianzar una política migratoria que permita la regularización de los migrantes. Sumado a eso, tiene otro foco de migración en el tapón del Darién, donde solo en el 2023 pasaron más de 520 mil personas, según la Defensoría del Pueblo.
Incluso, con el ascenso de José Raúl Mulino a la presidencia de Panamá, quien ha hablado sobre cerrar la frontera a migrantes irregulares que lleguen desde el Darién y afirmó que su país no seguirá “financiando el costo económico y social de la migración”, el canciller Murillo ya convocó el mecanismo tripartito— integran Colombia, Panamá y Estados Unidos— para concertar medidas sobre la movilidad en la zona.
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Con la posesión de Jorge Rojas como vicecanciller y de Daniel García-Peña como embajador de Colombia en Estados Unidos, Murillo cuenta ahora con dos aliados claves. En el caso de García-Peña, llegará a Washington a hacer la labor de mover el tema de la migración como un punto que se mantiene en el frente de la relación bilateral.
Por el momento, la política pública colombiana en materia de integración laboral para las personas migrantes se mantiene a la espera de estas dos medidas anunciadas. Según prometió el canciller, estas potenciarían un PIB que ha decepcionado en los últimos meses y deja dudas sobre la recuperación económica que había augurado el Gobierno.
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