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Transparencia Internacional presentará hoy su informe anual sobre percepción de corrupción y los resultados para Colombia, una vez más, no son satisfactorios. En una calificación de 0 a 10, el puntaje sólo llegó a 3,4 y de los 183 países que son medidos por la organización, ocupamos el puesto 80.
Elisabeth Ungar, directora ejecutiva de la Corporación Transparencia por Colombia, explicó para El Espectador el resultado de la medición, advirtiendo que los escándalos de corrupción destapados en el último año impactan sustancialmente en el informe. En este sentido, reclamó medidas y recursos para la vigilancia del presupuesto y advirtió sobre la necesidad de implementar el Estatuto Anticorrupción para que los responsables paguen condenas ejemplares y mejore la percepción de la ciudadanía.
¿Qué tan mal estamos?
La calificación que obtiene Colombia en el índice de percepción de corrupción que elabora Transparencia Internacional no es muy halagüeña. La percepción de corrupción es alta y esfuerzos como la aprobación del Estatuto Anticorrupción no han mejorado la imagen.
¿Y por qué estos esfuerzos no se han visto reflejados?
Es evidente que en el último año se han destapado algunos de los más graves escándalos de corrupción que se han presentado en el país y eso afecta la percepción. Además, no hay suficiente confianza en la capacidad del Gobierno y de estas herramientas para combatir el fenómeno.
¿Qué hacer entonces para enfrentar la corrupción?
Hay que trabajar muy fuertemente en la prevención. Está comprobado a nivel mundial que las medidas preventivas son absolutamente indispensables si se quiere tener éxito. En segundo lugar, uno de los grandes retos que tienen el Gobierno, las entidades del Estado y los colombianos, es que las medidas que se han adoptado comiencen a arrojar resultados, que las investigaciones que se han iniciado por los escándalos de corrupción generen condenas contra los responsables.
¿Cuál es la responsabilidad de los organismos de control?
Lo más importante es dotar de recursos económicos, tecnológicos y humanos a las entidades de control, porque no tienen las herramientas para aplicar efectivamente las medidas contempladas en el Estatuto Anticorrupción. Las normas por sí solas son insuficientes, es necesaria una política integral que mire no solamente el ámbito central, sino que se fije en los temas territoriales donde la corrupción está ligada a grupos ilegales y al crimen.
¿Qué entidades públicas afectan los índices de percepción de corrupción?
El problema de fondo no está en las entidades, sino en las actividades. La contratación, prestación de servicios públicos y servicios esenciales como la salud, el tema electoral, la financiación de la política que busca recibir favores de los elegidos, se relacionan directamente con la corrupción.
Hace poco hubo un enfrentamiento entre la contralora, Sandra Morelli, y el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, por presupuesto. ¿A eso se refiere cuando habla de falta de herramientas?
Ese es un ejemplo emblemático que demuestra cómo algunos funcionarios del Estado no ven la importancia de la lucha contra la corrupción. Por un lado le exigen a la Contraloría resultados, pero por otro lado, cuando ésta pide herramientas para cumplir con su función, le dicen que no hay plata. Eso cuesta, pero hay que sacar la plata, porque es una prioridad. Con conocimiento de causa, la semana pasada nos reunimos con personas de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y todos coinciden en que no tienen herramientas para hacer vigilancia.
Datos del informe
En materia de corrupción, Colombia se ubica en el puesto 80 entre 183 países evaluados.
En el continente americano la calificación nacional es menor a la de 13 países de la región y en Suramérica Colombia está en el grupo de las calificaciones deficientes.
En el Índice de Percepción de Corrupción, Colombia obtuvo un puntaje de 3,4 sobre 10, una décima menos que el reportado en la medición de 2010.
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