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A la tropezada relación entre Colombia y Nicaragua se le agregó el 28 de enero pasado un nuevo elemento de tensión: la Asamblea Nacional del país centroamericano aprobó la creación de la Reserva de Biósfera del Caribe Nicaragüense. En resumidas cuentas, se trata de la delimitación de 44.157 km2 que atienden, entre otras cosas, el fallo de la Corte de La Haya de 2012, que le quitó territorio marítimo a Colombia y se lo otorgó a Nicaragua.
Por supuesto, la acción legislativa generó una protesta por parte de Colombia en la que, de manera enérgica, se denunció el desconocimiento de normas internacionales. “Es una decisión unilateral que desconoce la existencia y logros en términos de protección ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada como tal desde el año 2000 por la Unesco”, dijo la Cancillería colombiana. Es allí donde se concentra la disputa, pues lo decidido por Nicaragua interviene en parte de una reserva sobre la que Colombia ejerce soberanía desde hace 20 años.
En medio de esas tensiones —y de una inconformidad creciente de la población de San Andrés y Providencia con el Gobierno Nacional por las demoras en la reconstrucción tras el paso del huracán Iota—, los raizales han echado a andar una propuesta para que se explore la creación de una reserva de biósfera transfronteriza que involucre a los países que hoy tienen límites con la Seaflower. Kent Francis James, exgobernador de San Andrés y miembro del consejo de la autoridad raizal, reivindica la pertenencia de esos territorios a la familia creole, en la que confluyen varias poblaciones del Caribe occidental.
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“Nuestra naturaleza está interconectada. Hemos vivido por décadas las diferencias que llevan a los países a enfrentarse por posiciones particulares y se confrontan en tribunales internacionales, dejando por fuera el factor humano y ambiental. Somos creoles y tenemos una historia, somos una familia extendida y así entendemos la frontera”, señala Francis.
A su juicio, el acercamiento de comunidades creoles en una mesa de conversación, en donde los países que comparten fronteras marítimas en el Caribe tengan la posibilidad de un acuerdo, se sobrepone a las diferencias actuales. “Se puede solicitar a la Unesco el reconocimiento de esa conversación para establecer una autoridad de control y manejo de esa área. Nuestra propuesta debe ser acogida por Colombia, Nicaragua, Panamá, Honduras, Costa Rica y Jamaica”.
Lo evidente es que Colombia parece concentrada en el litigio fronterizo con Nicaragua. Arne Britton, director de Coralina, entidad estatal encargada de la administración de la Reserva Seaflower, ha señalado que lo hecho por Nicaragua no tiene piso en la legislación internacional. “Cualquier país vecino que quiera declarar o fijar reserva de biósfera deber hacer su gestión ante la Unesco. Nicaragua declaró esa reserva en su Asamblea Nacional”, señaló Britton.
En su explicación sobre la decisión del Legislativo nicaragüense, dijo que declararon como reserva algo más de 44.000 km2, lo que representa el 24 % de la Reserva Seaflower, y anunció que desde el Ministerio de Ambiente se expedirá pronto un decreto para acelerar una “gran expedición” que permita actualizar la zonificación y garantizar la soberanía de Colombia en los 180.000 km2 de dicha reserva.
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En pocas palabras, según Britton, Nicaragua puede hacer lo que quiera, pero prevalece lo que ha sido determinado por la Unesco: “Si la Armada Nacional encuentra pesca ilegal en la zona de Luna Verde, por ejemplo, incumpliendo el principio de desarrollo sostenible, puede actuar, independientemente de si la Asamblea de Nicaragua excluyó esa zona de su delimitación. Colombia sigue ejerciendo soberanía y es jurisdicción de Seaflower”. Sin embargo, destaca los beneficios de la propuesta de una reserva transfronteriza. “Se debería hacer para tener la protección total. Para los ecosistemas no existe el meridiano 82, pero para que eso pase debe haber voluntad política de los países”, dice. La Cancillería dice conocer la propuesta de los raizales, pero solo por los medios de comunicación y asegura que, hasta la fecha, esta no ha llegado por los canales formales.
¿Es viable una biósfera transfronteriza en las condiciones políticas actuales? Para el analista Fabián Cárdenas, en términos legales, por supuesto que sí. Y pone de ejemplo el régimen especial marítimo que tiene Colombia con Jamaica. “Habría que mirar la filigrana jurídica, sin embargo, es obvio que Nicaragua no va a querer nada de eso y no se puede imponer. Esas figuras se logran con el consentimiento de los Estados soberanos en cuyos territorios reposan los espacios marítimos. Legalmente hay posibilidad, pero políticamente Nicaragua no va a firmarlo porque ya ganó un caso y lo que pide es que se cumpla”, explica Cárdenas.
Una fuente que conoce de cerca este proceso, pero que pidió no ser identificada, le comentó a El Espectador que la propuesta es positiva, sin embargo, lo primero que debe pasar es que deje de ser una iniciativa solo del pueblo raizal y que sea adoptada por el Estado colombiano para ponerla a consideración de los demás países. Asegura, diferente a lo que señala el director de Coralina, que la Asamblea de Nicaragua actuó con todo su derecho dentro de su territorio, de acuerdo con su legislación y amparada en el fallo de 2012 de La Haya. “Nicaragua no ha hecho nada distinto a lo que hicimos nosotros cuando pedimos que se estableciera la Reserva de Seaflower”, anota.
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Ahora, lo que sí le causa curiosidad es que las autoridades colombianas aún acudan a lo dispuesto por la Unesco, cuando lo relacionado con la Reserva Seaflower, por ejemplo, fue retirado de la página web de esa organización. En efecto, al buscar en esta lo referente a la reserva sobre la que Colombia dice tener soberanía, se lee que “la descripción del sitio de la Reserva de Biósfera Seaflower es objeto de un proceso de revisión en curso por parte de las autoridades competentes, a raíz de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre de 2012, que establece un nuevo límite marítimo entre Colombia y Nicaragua”.
Al respecto, la Cancillería responde: “La Unesco declaró la reserva Seaflower desde 2000, a solicitud de Colombia, y como tal la han reconocido los países de la región. La Unesco no ha dividido la zona de la Reserva Seaflower, la cual continúa intacta. Colombia ha sido clara en su disposición de adelantar un diálogo abierto con los Estados del Caribe suroccidental en aras de continuar adoptando los mejores estándares de protección y conservación de los espacios marítimos y los recursos de la Reserva de Biósfera Seaflower, que por supuesto proteja y garantice los derechos de la comunidad Raizal de las islas”.
Una reserva transfronteriza, en voz de varios raizales, no solo podría ser la solución a los problemas limítrofes que parecen irreconciliables, sino que se convertiría en una forma de reparación para una comunidad que dice haber sido ignorada históricamente. Como lo manifestó Alberto Gordon, presidente de la autoridad raizal de San Andrés, su situación no ha sido tenida en cuenta en los acuerdos y litigios marítimos entre Colombia y Nicaragua, que no han tenido “mayor consideración” en la reserva que hoy existe y en la que habitan centenares de especies de peces, aves y plantas.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se asegura que sí se ha contado, para la defensa de Colombia, con la colaboración de miembros de la comunidad raizal del Archipiélago. “En este grupo de trabajo han participado abogados, antropólogos, sociólogos, entre otros, quienes han tenido una participación significativa en la estructuración de unas de las líneas de defensa de Colombia y han hecho valiosos aportes”, respondió la Cancillería a El Espectador.
Y agrega: “Una parte importante de la defensa de Colombia en los casos actualmente en curso gira alrededor de temas como la integridad del Archipiélago; el derecho de todas nuestras islas a tener una zona contigua; la habitabilidad y vida económica propia de las islas; la protección del hábitat natural de la Reserva de Biósfera y Área Marina Protegida Seaflower; y los derechos históricos de pesca en las áreas marítimas aledañas al archipiélago de San Andrés. Por esa razón, la participación de los representantes de la comunidad Raizal ha sido tan activa e importante”. De igual forma, dice la Cancillería, la comunidad raizal ha participado en la preparación de las contrademandas a Nicaragua que fueron admitidas por la Corte de La Haya en 2017.
En medio de esa situación, Gordon insiste en la necesidad de que la comunidad creole tenga un papel preponderante en los procesos que continúan: “Pedimos respeto por esa identidad y su íntima relación con los ecosistemas que nos rodean y el mar que compartimos”.
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