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La reapertura fronteriza entre Colombia y Venezuela fue la ventana para que las relaciones de diplomacia y comercio entre los dos países vieran nuevamente la luz, tras siete años de resquebrajamientos y rompimiento de la histórica unión binacional. La reconexión de las dos naciones prometía una nueva era que con los últimos dos gobiernos colombianos se fue a pique y que el ahora presidente Gustavo Petro prometía restablecer, cosa que cumplió. Aun así, después del multitudinario evento en el que la élite política de cada lado de la frontera fue a adornar el Puente Internacional Simón Bolívar, que conecta a Norte de Santander (Colombia) con Táchira (Venezuela), la población de la zona soñaba con un rápido y positivo cambio que día a día se ha ido derrumbando.
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La sociedad civil de la región se ilusionó con las promesas de una mejoría para varios de sus problemas, como el comercio informal, el tráfico de personas y la presencia de grupos armados ilegales, entre otros. A pesar de que sí existen algunas movidas para que todo mejore, estas son lentas, y abrazar el cambio no es tan fácil como se quisiera. Aunque el paso formal por los puentes ya es más laxo, pues algunos requisitos de tránsito fueron eliminados, la burocracia y corrupción en estos lugares han hecho que los migrantes prefieran seguir tomando riesgos atravesando por las trochas, muchas veces controladas por grupos armados ilegales y con ríos crecidos que pueden arrastrarlos.
En la frontera, los habitantes y viajeros están de acuerdo en que es mejor que los puentes estén abiertos, pero no muchos consideran que les haya beneficiado. El paso lleva consigo el sonido de murmullos de quienes comentan desde el anonimato la complicada situación para poder subsistir en la zona que conecta a los dos países y aseguran que “todo quedó más duro, todo subió de precio”. “Esto es un engaño para las dos naciones”, afirma, decepcionado, un líder social de la región. Nació en Colombia, pero también se siente venezolano, pues le entregó su juventud a ese país. Siente que el tejido social se rompió con el cierre de la frontera y afirma que eso sigue siendo así. “No hay albergues, no hay quién le extienda a uno la mano”, asevera.
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Con la reapertura fronteriza se cerró el centro de apoyo que estaba en el Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf), el cual se ubicaba al lado del Puente Internacional Simón Bolívar y donde organizaciones de ayuda humanitaria atendían a quienes cruzaban la frontera. La gerencia del Centro de Atención Sanitaria y Transitoria del puente de Los Patios también anunció el cierre de ese espacio que atiende necesidades básicas de salud de los migrantes por las malas condiciones de salubridad. Sin embargo, un funcionario de la ahora disuelta Gerencia de Fronteras sostuvo que se estaba considerando cerrarlo para “hacer más eficiente la ruta de protección a migrantes”.
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La parte económica es otro de los temas que más preocupan en la zona, pues a pesar de la reapertura comercial de puentes y de que ahora solo con la cédula de ciudadanía de cada país se pueda atravesar al otro, las trochas se siguen llevando gran parte de las ganancias. Los comerciantes informales, e incluso algunos formales, no han dejado de usar las trochas para cruzar sus productos por la frontera, pues manifiestan que es costoso pasar mercancías a través de los canales regulares y, aseguran, que tanto las fuerzas policiales de Venezuela como de Colombia les piden cuotas abusivas. Eso sin contar los engorrosos trámites aduaneros en el caso de venezolanos que quieran exportar hacia Colombia.
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Esto no es desconocido para los políticos de los dos países, ya que, por ejemplo, el diputado Juan Carlos Palencia, de Táchira y miembro de la Comisión de Integración y Asuntos Fronterizos, reconoce que “la percepción del ciudadano de a pie es que la situación empeoró, porque había productos que pasaban por las trochas, entonces a la hora de reabrir los puentes y afectar las trochas se generó una escasez y los pocos productos que hay subieron en un 80 % su precio”. Para el parlamentario venezolano, aunque señala que desde el Parlamento venezolano se trabaja de la mano con el de Colombia para crear las condiciones óptimas y que la reapertura mejore la vida en la zona, en este momento es muy poco lo que pueden hacer para que la percepción de la ciudadanía cambie. “No puedo mentir, nos hemos reunido con el ciudadano de a pie y no están contentos con la situación tras la reapertura”, manifiesta.
Los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander son los que están habilitados para el paso comercial, pero no tienen las mejores condiciones para el paso de vehículos pesados. Por otra parte, el que sí está diseñado para esto es el conocido como Tienditas, que, por ahora, está cerrado y demorará un poco más en ser habilitado. Según Sergio Maldonado, secretario de Desarrollo de Cúcuta (Norte de Santander), del lado colombiano el desarrollo, infraestructura y logística están listos, pero “en el lado venezolano falta la infraestructura logística para realizar transporte de carga, ese es un proceso que está haciendo Venezuela y es responsable de llevarlo a cabo”. Para cumplir que esto se materialice, al vecino país le quedan 60 días de un plazo de 90 que se estableció el pasado 26 de septiembre en la reapertura.
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Las constantes reuniones de los dos Parlamentos, el colombiano y venezolano, han puesto sobre la mesa una serie de proyecciones y compromisos que prometen mejorar, en lo posible a un paso más veloz, la materialización de las expectativas que se tienen en la zona fronteriza. De acuerdo con parlamentarios de las dos naciones, la idea es “tener una ley de frontera que contenga normativas que se puedan aplicar tanto en el lado venezolano como colombiano. Que mantengamos una misma normativa aduanera, que tengamos acuerdos de cooperación para no trabar los procesos binacionales”.
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