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Han pasado dos meses exactos desde que el presidente Gustavo Petro, en uno de sus trinos en X, pidió la liberación de 12 colombianos detenidos en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, que los acusó de una supuesta conspiración para realizar actos terroristas y desestabilizar ese país. Desde entonces, la cifra de detenciones ha aumentado a 14, pero la información sobre las mismas es cada vez más limitada.
Ni el mensaje del jefe de Estado ni los reclamos ante Naciones Unidas y mucho menos las más de 20 notas diplomáticas y verbales de la Cancillería han servido para que las autoridades de Venezuela den información sobre el estado de esos ciudadanos, permitan las visitas de sus familiares o la representación consular a la que tienen derecho. Varios de los arrestados están en el vecino país desde septiembre de 2024, pero, incluso tras seis meses, no se conoce su estado ni si han sido presentados ante un tribunal por los supuestos delitos que habrían cometido.
Arley Danilo Espitia es uno de los 14 colombianos. De acuerdo con su familia, es un agricultor de 24 años, oriundo de Úmbita (Boyacá), que el pasado 13 de septiembre viajó por tierra desde Cúcuta hacia Venezuela, en compañía de Paola Reyes, una mujer venezolana de quien se habría enamorado y fue testigo de su detención. A finales de octubre, ella le contó a El Espectador que Espitia se ofreció a acompañarla a actualizar sus papeles y, de paso, conocer algo de Venezuela, pero que al llegar a Ureña, en el estado Táchira, le retuvieron el pasaporte, se lo llevaron a San Cristóbal con la excusa de hacerle una entrevista y desde ese momento no se tiene información sobre su estado.
“Me decían que al siguiente día lo soltaban y así me tuvieron durante unos días; cuando vi que pasaron días y no sucedía, me comuniqué con su familia”, dijo Reyes. Han sido sus familiares quienes desde entonces han pedido la liberación de Espitia o al menos alguna información sobre su paradero, incluso ante instancias internacionales. El pasado 16 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les dio la razón y le otorgó medidas cautelares al joven al considerar que “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
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El Consulado de Colombia en Caracas ha enviado varias notas a Venezuela sobre el caso y ha hecho visitas a los Tribunales Penales de Caracas y el estado Miranda, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, entre otras entidades, pero no ha sido suficiente para dar con su paradero.
Por ahora, la única certeza para la familia es que el régimen de Maduro, de acuerdo con palabras del ministro del interior venezolano, Diosdado Cabello, cree que Arley Espitia es uno de los peligrosos “jefes paramilitares” que tendrían contactos con bandas locales para “atacar puntos estratégicos del país, asesinar a líderes dirigentes de la revolución y para hacerle daño a nuestro pueblo”. La versión, naturalmente, es desmentida completamente por quienes los conocen.
Lo preocupante de la situación, incluso para el gobierno de Petro, es que es prácticamente similar al de los otros 13 colombianos, pues no ha podido tener información ni ayudar a ninguno de ellos. Manuel Alejandro Tique es otro de los rostros de este drama. Sus familiares también le dijeron a este diario que en Venezuela lo acusan de ser un “reclutador de paramilitares”, pero que en realidad es un ingeniero industrial que trabaja para la ONG Consejo Danés para Refugiados y que el pasado 14 de septiembre, cuando viajó a Venezuela para “hacer unas capacitaciones”, fue detenido por agentes de inteligencia.
A Kevin José Saavedra Basallo lo detuvieron el 29 de octubre cerca de la frontera con Arauca; según su mamá, Marisol Saavedra, lo pararon en una estación en la que uniformados venezolanos se lo llevaron al darse cuenta de que tenía una libreta militar colombiana. La semana pasada, ella y otros familiares publicaron en sus redes sociales un nuevo mensaje exigiendo a los gobiernos colombiano y venezolano la liberación de Saavedra. “Hijo, te extraño mucho, espero verte pronto”, decía uno de los carteles que exhibió en el video.
A estos tres casos se suman, de acuerdo con una lista publicada por El Tiempo, los de David Josué Misse Durán, Edwin Iván Colmenares, Danner Gonzalo Barajas, Leidy Jimena Méndez Lucema, Brayan Sair Navarro, Carlos Alberto Cañas Carrer, Martín Emilio Rincón Quitan, Oscar Alexander Viera Zárate, Nelly Zuleima Sánchez Torres, Cristian Jesús Rodríguez y Jhonny Jhoan Villan Virgüez.
El Espectador habló con el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, quien aseguró que han hecho todas las gestiones posibles, incluso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, pero que hasta ahora no han tenido ningún resultado. “No estamos cuestionando el tema de los delitos por el que los detienen; pedimos que se les permita visitas consulares y de los familiares. Vamos a seguir intentando la liberación o por lo menos la asistencia jurídica, esperamos dar resultados en el menor tiempo posible”, dijo.
La Procuraduría y el Congreso le pidieron a la Cancillería, ahora en cabeza de Laura Sarabia, que explique cuáles son las gestiones realizadas para garantizar el bienestar de los colombianos. En un documento enviado a la Comisión Segunda de la Cámara, conocido por este diario, la cartera señaló que efectivamente hay 14 connacionales sobre los que no se tiene información oficial y no se les ha podido brindar asistencia.
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“Colombia ha remitido una nota diplomática y 21 notas verbales sobre la materia”, se lee en el oficio que está firmado por el vicecanciller Daniel Ávila. En el mismo documento, la entidad también ratificó que ha visitado centros de detención y entidades públicas, pero que no han obtenido información oficial sobre la ubicación, estado de salud y causas de detención de los colombianos. Así mismo, dijo que la problemática está en el centro de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
La incertidumbre por los colombianos en Venezuela se produce en medio de la tensa relación entre Petro y Maduro, pues aunque el mandatario colombiano se mantiene en no reconocer la victoria del otro en las presidenciales de julio de 2024, sigue firme en no descuidar las relaciones diplomáticas. Petro, de hecho, ha involucrado a la administración venezolana en las conversaciones para buscar una solución a la ola de violencia que afecta al Catatumbo y por la cual decretó una conmoción interior.
A finales de enero, el mandatario dijo que habló con Maduro sobre el tránsito de integrantes del ELN entre ambos países por los pasos ilegales. En ese momento, dijo que delegó al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, para que se reuniera con su par venezolano, Vladimir Padrino, quienes efectivamente conversaron sobre la lucha contra los grupos armados en la frontera.
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Hace una semana, el presidente Petro planteó la creación de una zona de cooperación y apoyo económico en la frontera para el tema del Catatumbo, esto en caso de que la Corte Constitucional tumbe los decretos de conmoción interior. El pasado lunes, desde Caracas, el líder del régimen aseguró que tenía lista una propuesta en el mismo sentido y que le haría llegar por canales diplomáticos a Bogotá. El Espectador confirmó que el contenido de la propuesta ya llegó a la Casa de Nariño, por lo que se espera una pronta respuesta.
Ante la consulta sobre el impacto que tendría el caso de los 14 colombianos y otros similares en estos nuevos diálogos, el embajador Rengifo no dio declaraciones. Y es que, además de las personas que siguen retenidas en el vecino país, en las últimas semanas se han generado varios reportes de otras detenciones arbitrarias y de posibles violaciones a la soberanía colombiana por parte de militares venezolanos.
Alexander Guarín, representante a la Cámara por Guainía y del Partido de La U, fue uno de los que le notificó a la Cancillería que el 30 de enero, sobre las 2:00 de la mañana, siete indígenas colombianos fueron retenidos por autoridades venezolanas, cerca del estado de Amazonas, por supuestamente practicar minería ilegal. Según voces de la comunidad, los indígenas no incurrían en esa práctica y simplemente comerciaban con artículos variados en la frontera y recibían pagos en oro.
Tras casi un mes de diligencias diplomáticas, los siete ciudadanos fueron deportados y entregados a Migración Colombia en Puerto Carreño, Vichada. Sin embargo, el congresista también denunció que el pasado 18 de febrero se presentó un “intento de secuestro” en el río Orinoco contra empleados colombianos de una empresa llamada Gracor. De acuerdo con la denuncia, los ciudadanos fueron perseguidos por hombres de la Guardia Nacional Bolivariana, pero lograron escapar.
“Este evento resalta las tensiones persistentes en la frontera colombo-venezolana y subraya la necesidad de fortalecer la seguridad regional. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales, aunque se perdieron objetos personales”, dijo Guarín, quien, junto a otros representantes de la Comisión Segunda de la Cámara, citó a un debate de control político a la canciller Laura Sarabia.
No se descarta que la funcionaria incluso tenga que afrontar un intento de moción de censura en el Legislativo, pues además de los interrogantes sobre la relación con Venezuela, están en el aire los problemas con Estados Unidos, Argentina y los malos tratos a colombianos que viajan a México. A eso se suma que Sarabia está salpicada en varios casos de presunta corrupción, de los cuales ella en todo caso se desmarca insistiendo en su inocencia, por lo cual varios congresistas de la oposición creen que se podrían afectar las relaciones con diferentes países.
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Por David Efrén Ortega
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