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Desde la posesión de Gustavo Petro como presidente, Colombia avanza en retomar la buena relación que se tenía con Venezuela antes de los tres últimos gobiernos (Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque) y convertirlo otra vez en uno de sus mayores aliados en la región. La reapertura fronteriza, el restablecimiento de relaciones diplomáticas y ahora la firma de un acuerdo comercial son algunas acciones de la nueva administración para que el vecino país vuelva a ser protagonista. El mencionado acuerdo aún no entra en vigencia, pues debe ser discutido y aprobado por el Congreso de la República y pasar la revisión de la Corte Constitucional.
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El documento, que promete dar las garantías para que las inversiones de un país en otro sean seguras, genera dudas y confusiones por uno de sus artículos que habla de las expropiaciones. El texto reza que las inversiones realizadas por un inversionista de un país en el otro podrán “ser expropiadas o nacionalizadas […] por necesidad, por razones de interés público, o por razones de utilidad pública o interés general, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional de cada parte”. Aunque el texto es claro en decir que en caso de que se llegue a expropiar se dará una indemnización equivalente al valor de la inversión, esta previsión parece no convencer del todo.
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El mayor temor proviene del vecino país, pues desde allá comerciantes y congresistas recuerdan el fantasma de la expropiación que arrancó en el gobierno de Hugo Chávez en 2000, sucedido por Nicolás Maduro en 2013. Hoy, el vecino país atraviesa por la peor crisis económica en la región. Desde la República Bolivariana dicen que el miedo crece por no conocer el acuerdo. Según Juan Carlos Palencia, diputado de Táchira y miembro de la Comisión de Integración y Asuntos Fronterizos, del lado venezolano no se conoce el documento y preocupa que ahora la expropiación llegue a estar presente en los dos países.
Una intranquilidad similar la expresa el coordinador del Centro de Estudio e Investigación de Fronteras (CEFI) de la Universidad de Los Andes de Venezuela, Carlos Casanova Leal. El académico asegura que el texto no ha sido radicado en la Asamblea Nacional Venezolana y tampoco ha sido divulgado por el gobierno de ese país, pero dice que “una de las cosas que llama la atención, que hemos conocido más por la prensa colombiana, es el tema de la limitación de la expropiación”. Leal manifiesta que aunque cada país tiene prevista en su Constitución la expropiación, es necesario ponerle la lupa al tema porque desde el gobierno de Chávez en Venezuela esta se convirtió en “una política de Estado, es decir, Venezuela para desaplicar la constitución económica declaró prácticamente todo el país de utilidad pública”.
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Sin embargo, el acuerdo es defendido por Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, quien en diálogo con este diario aseguró que el documento tiene tres temas importantes: primero, que se genere una institucionalidad y unas reglas claras de juego para los inversionistas de los dos países. Segundo, que esa institucionalidad tenga seguridad jurídica y, tercero, que las expropiaciones, en caso de que las haya, sean solamente por las razones de utilidad consignadas en el papel. Aunado a esto, dice el alto funcionario, lo acordado con el vecino país permitirá que, en caso de que se presente una expropiación, se cuente con los tribunales de arbitramento de las Naciones Unidas para proteger a los inversionistas.
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Umaña asegura que el acuerdo es una oportunidad única para brindarle seguridad a las inversiones entre los dos países, pues manifiesta que actualmente no hay nada que las blinde en contra de las expropiaciones que puede hacer cada país legalmente. Las inversiones, dice el ministro, “hasta el momento en que empiece a funcionar el acuerdo no están protegidas contra la expropiación, ni tienen seguridad jurídica en esa materia”. El alto funcionario se mantiene firme en su idea de que lo que firmó el 3 de febrero de 2023 con Nicolás Maduro “se hace para promover la inversión, la complementación industrial productiva de servicios, para disminuir los niveles de pobreza y para aumentar el ingreso y el empleo”.
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Este tipo de acuerdos comerciales binacionales no son algo extraño, dice Enrique Prieto-Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Según el docente, todos los documentos de este tipo en el mundo contemplan la expropiación, pero señala que en el caso particular del firmado entre Colombia y Venezuela se agrega que en caso de no estar de acuerdo con la indemnización, se pueda apelar. “Hay una invitación frente a la expropiación para que puedan, primero, llevar, si es necesario, el caso a la jurisdicción nacional. En todo caso, si se considera que el monto no es adecuado, permite que el inversionista afectado de cada país pueda llevarlo a un tribunal de inversión”, es decir, un espacio para resolver un problema entre un inversionista extranjero y el país.
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Mientras las dudas persisten, los dos gobiernos esperan que sus congresos y cortes aprueben el acuerdo para que pase a sanción de los presidentes y pueda entrar en vigencia. Aún así, si las intenciones son buenas, como dice el ministro Umaña, tiene que solucionar el problema de confianza que persiste en los dos países. “Si existe temor es porque no ha habido una comunicación muy clara por parte de los gobiernos y se entiende que eso pueda pasar, porque es un tema muy técnico, el del sistema del Derecho Internacional de la administración extranjera, por lo cual deberían hacer una campaña de mejor comunicación”, sugiere el profesor Prieto-Ríos.
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