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En un comunicado, el comité de solidaridad Santrich Libre criticó la reciente decisión de la Corte Constitucional de restringir la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los casos que tengan que ver con solicitudes de extradición.
“Significa un grave retroceso en la implementación de la Jurisdicción Especial de Paz, al declararle una jurisdicción restringida para los casos de solicitud de extradición, buscando convertirla en simple notario del fiscal general de la Nación”, señaló el comité.
En ese sentido, también se refirieron a la coincidencia del pronunciamiento de la Corte con la aprobación del proyecto de ley de procedimiento de la JEP en el Senado de la República.
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“La no casualmente coincidente aprobación de Ley procesal de JEP en el Congreso, que incluye sensibles modificaciones al espíritu de la Jurisdicción Especial de Paz, con artículos abiertamente inconstitucionales, da la impresión de que se legisla con nombre propio, pero que finalmente se causa de manera general la traición definitiva al punto de justicia consensuado en el Acuerdo Final de Paz”, anota el comunicado.
Por esa razón, le pidieron a Corte Constitucional que declarara este punto como inexequible en el estudio que haría sobre el proyecto de ley de reglamentación que aprobó el Senado. “La reprochable pretensión que busca que un juez competente para evaluar una conducta se le prohíba realizar ejercicios probatorios, que son fundamentales para el accionar jurisdiccional y el ejercicio de la Justicia, debe ser rechazada por la Corte Constitucional al examinar la exequibilidad de la norma aprobada por el congreso”, concluye la comunicación.
De acuerdo con el pronunciamiento del tribunal constitucional, la JEP no podía suspender el trámite de extradición del exjefe guerrillero y que la Fiscalía, además, sí tenía la competencia para capturarlo.
Según Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, la JEP si puede conocer la solicitud de extradición que hizo un juez estadounidense, pero solo para evaluar si las conductas por las que se acusa a Santrich fueron cometidas antes o después de la firma del acuerdo de paz.
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