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El Congreso es una de las instituciones en el país que peor imagen tienen, solo superada por la Rama Judicial en su conjunto. Encuesta tras encuesta se observa que los colombianos tienen poca estima por el Poder Legislativo y sus miembros. Desde 2008, los números de favorabilidad están en rojo y han venido subiendo hasta llegar al 87 % de desaprobación, cifra que alcanzó en abril del año pasado. En el último cuatrienio, la imagen negativa está en un promedio de 80 puntos y solo hasta el último mes hubo una clara reducción. De acuerdo con la última Invamer Poll, de julio de 2022, hubo una disminución en 11 puntos en la desfavorabilidad. Aun así, la percepción del Congreso es bastante mala y el repunte de las últimas encuestas es en gran parte por el optimismo tras la elección del gobierno de Gustavo Petro.
Y ello no es solo en las encuestas. Vale preguntar en una conversación informal y los comentarios en contra del Legislativo son reiterativos: “Son unas ratas”, “eso es una cueva de ladrones”, “les pagamos por hacer nada”, etc. Por eso, el nuevo Congreso, que se posesionó este miércoles, tendrá que nadar en contra de la compleja corriente de rechazo. La tarea no será fácil, es revertir una postura que, al menos, tiene más de 20 años de arraigo en la mentalidad colectiva colombiana. Como parte de este recibimiento a sus nuevos miembros, El Espectador consultó a expertos en distintos ámbitos políticos para que den su visión de cómo debe ser la construcción de confianza para que la Rama Legislativa vuelva a tener el respaldo de los ciudadanos, si es que alguna vez lo tuvo.
Mariana Díaz, directora institucional del Movilizatorio, advirtió que la tarea del nuevo Congreso viene con un punto a favor, que es una votación histórica, una de las más altas, pero esto deja de ser significativo cuando se recuerda que solo el 45 % del censo electoral participó de su elección. “Eso hace que la representatividad siempre esté en un cuestionamiento”, expresó Díaz, quien a renglón seguido celebró que hubo un cambio en la balanza ideológica, aunque hizo la salvedad de que se debe buscar que ese cambio termine en “puntos de concertación” y no que sirva para impulsar la radicalización de posturas. En este punto también se manifestó la investigadora y docente Nadia Pérez, quien tuvo una visión más positiva de la llegada de nuevas fuerzas al Capitolio y aseguró que es una muestra del comienzo del proceso de recuperación de la confianza.
“La renovación puede significar una mayor legitimidad de la corporación con la ciudadanía. Ya veremos en las encuestas sobre la confianza en el Congreso. Es un buen punto de partida la renovación fuerte. Se abrió a más sectores y los tradicionales han perdido frente a los alternativos”, expresó Pérez, para luego destacar las votaciones que tuvo el Pacto Histórico y la coalición Centro Esperanza. No obstante, para la académica, la recuperación de legitimidad pasa por un Congreso que reforme el sistema político. A los ojos de Pérez, debe trabajarse en reformas como la paridad, listas cerradas y la democracia interna de los partidos. Además, señaló varios cambios que deberían tener los congresistas frente a su labor, que en algunos sectores han sido interpretados como privilegios.
Precisamente, el tema de acabar con los privilegios ha sido un eje en el que varios de los expertos coincidieron. Los grandes salarios, las pensiones millonarias y otros beneficios crean una brecha entre el ciudadano del común y quien los debería representar. “El Congreso ha desarrollado unas prebendas que lo ponen lejos de la sociedad. Los separan de la gente del común, cuando en términos mundiales no es tan diferente”, aseguró Juan Federico Pino, docente de Flacso Quito. Para Alexis de Greiff, director del Centro para la Educación Política, la situación de poca legitimidad también bordea esas prebendas millonarias: “Es muy lamentable que las solicitudes que se han hecho desde la sociedad civil no han sido aprobadas frente a la reforma al mismo Congreso. Parecen tener unos privilegios que los ponen en un estatus distinto al ciudadano común y corriente. Tienen sueldos muy elevados, más de 30 millones. Eso genera mucha molestia y causa hostilidad frente al Congreso”.
De Greiff también habló de un problema de escucha que debe ser pronto solucionado. “No solo implica decir lo que se va a hacer, sino escuchar. El problema de los políticos es que escuchan poco a los que no los han elegido. Se olvidan que legislan no solo para los que los eligieron, sino para todo el país. Deben tener un oído muy agudo frente a lo que la sociedad les está demandando”, comentó el académico. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), llegó a una conclusión parecida, al señalar que el Congreso saliente pecó por no entender -escuchar- a la ciudadanía y eso terminó “explotándoles en la cara”. “Era un Congreso que representaba a las casas políticas y no a las ciudadanías”, añadió. Por eso, consideró que hay una oportunidad de oro para revertir la situación, puesto que “hay un Congreso de representación diversa”, sobre todo si se tiene en cuenta las curules de paz.
Enfatizar en temas de transparencia es esencial. Y es que al ser una “institución colectiva”, cualquier acto de corrupción mancha a toda la corporación, aseveró Mariana Díaz. Si un congresista es corrupto, quedan marcados todos bajo el mismo estigma. Aunque es un trabajo con cada congresista, para Juan Federico Pino, la transparencia pasa por “visibilizar la influencia que tienen y hasta dónde puede llegar a afectar la inversión. Se deberían visibilizar las transferencias y los fondos que se consigan deberían registrarse en un organismo público para hacer seguimiento a los recursos”. Parte de la corrupción existente viene de que esa labor ni siquiera es conocida.
Esto lo resume Alexis de Greiff en que hay una falta de educación política tanto en la ciudadanía como en los políticos profesionales que no sabe los alcances del Congreso. Ese desconocimiento también lleva a que se encasille a los legisladores en una misma categoría, “todos son ladrones o todos son vahos”, o que se considere que todo reparto burocrático es “mermelada” cuando no es así. Por lo que, parte de la recuperación de la legitimidad implica que se debe mejorar la socialización de lo que se hace en el Congreso y dar una mirada más a profundidad de la movida política. El trabajo no solo viene desde los propios congresistas. La labor de recuperar la credibilidad del Poder Legislativo es también un trabajo desde los partidos políticos. Tal como dice el profesor Pino: “Sin partidos legítimos no podemos tener un Congreso fuerte”. Aunque este reconoce que hay un fortalecimiento de las colectividades, como lo habría demostrado el pasado proceso electoral, aún falta que sean “más serios y más estructurados”. Esto no solo implica democracias internas y listas cerradas, como ya venían hablando algunos de los consultados, sino que los partidos deben tener un mayor control de los congresistas cuando incurran en actividades delictivas: “Que los comités de los partidos funcionen y las colectividades no defiendan hasta al final a sus miembros”.
No hay una receta única para recuperar la legitimidad del Congreso. El daño ha llegado a despertar peticiones de reducirlo a su mínima expresión y hasta clausurarlo. Sin embargo, dichas posturas serían un golpe a la democracia que podría llevar a sistemas autoritarios. Por eso, más que nunca, es importante que el nuevo Congreso 2022-2026 haga un esfuerzo por volver a conectar con la ciudadanía y que esta sienta que realmente es representada. Cambiar una tendencia de dos décadas en tan solo cuatro años es bastante complejo, por no decir imposible, pero las condiciones están dadas para que este Legislativo que recién tomó posesión de sus curules sea el inicio de un cambio, ¿lo lograrán?
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