Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Dos días después de Navidad, el 26 de diciembre, cinco integrantes de una misma familia fueron masacrados en Bolívar. Entre las víctimas estaba Rosa Amalia Mendoza Trujillo, exmiembro de las desaparecidas Farc, y su bebé de dos años. Ahora, varios congresistas de oposición, entre los que están varios miembros del Partido FARC, denunciaron acciones violentas e intimidaciones en contra a 5 de 16 mujeres que hacen parte de la Instancia Especial de Mujeres para la Implementación del Enfoque de Género.
Las intimidaciones y coerciones no solo habrían venido en contra de las excombatientes, sino que varios integrantes de sus familias también fueron blanco de este tipo de acciones. En la carta también se denuncia que otras cinco integrantes de esta célula especial para la reinserción de mujeres excombatientes también tuvieron que suspender o mermar sus tareas por razones parecidas.
Para los congresistas, estas acciones hacen parte de “los ataques sistemáticos que se vienen presentando en el país contra las defensoras de derechos humanos”. Los miembros de la oposición hicieron énfasis en que en lo que va del 2020 se ha presentado un incremento del 140% en acciones violentas contra esta población, puesto que se registraron 12 atentados contra defensoras.
“Nos permitimos advertir con gran preocupación los recientes ataques contra los liderazgos especialmente pertenecientes a esta importante Instancia que busca garantizar la participación de las mujeres en la construcción de paz de nuestro país”, expresaron los senadores y representantes como el principal objetivo de esta misiva, que no supera la página de extensión.
Los miembros del Legislativo, liderados por Ángela María Robledo, también reseñaron que la demora del Gobierno en atender los temas de lideresas se ve reflejado en que desde la ONU se aprobó en 2013 la resolución para la protección de defensoras, pero solo hasta el 2018 se creó en el Ministerio del Interior el Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. Aún así, su acción ha sido ineficaz, según los congresistas, por lo que “estas han tenido que organizarse para tomar medidas de autoprotección individuales, organizativas y comunitarias”.
Ante este panorama, los autores de la misiva le pidieron al Gobierno “adelantar todas las acciones pertinentes, con el fin de establecer las garantías institucionales para salvaguardar su seguridad e integridad personal y la de sus familias”. Asimismo pidieron que se implementen los apartados del acuerdo final diseñados “para la adopción de una política pública integral de seguridad humana en todo el territorio nacional”. También se pidió a la Fiscalía y la Procuraduría que se avance en las investigaciones y los mecanismos judiciales para esclarecer “los delitos de violencia basada en genero cometidos por todos los actores armados”.
Conoce más