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Faltando menos de un mes para que arranque el tercer año del Congreso y en medio del receso legislativo, desde la Cámara de Representantes se firmaron dos contratos por más de $70.000 millones para la remodelación de algunos espacios del edificio y la compra de elementos como pantallas LED, micrófonos, luces profesionales y sillas ergonómicas. Aunque desde la corporación le aseguraron a El Espectador que los ajustes tecnológicos eran necesarios y que el presidente Andrés Calle no estuvo relacionado con el negocio, los hechos generaron ruido por el alto monto.
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El primer proceso fue firmado el 24 de junio, cuatro días después de que los congresistas salieran a su receso. Este, es por un valor de $37.183 millones y se le entregó a Correagro. Tres días después, se firmó otro contrato por $33.705 millones con “Miguel Quijano y Compañía SAS” a través de un proceso de selección abreviado.
Estos dos casos fueron denunciados por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, quien mencionó que la Cámara se habría saltado el proceso de licitación, utilizando una figura de contrato de comisión: “Con este, casi que de forma directa se contrata una empresa para que esta seleccione al contratista”.
El Espectador ahondó en esta información y encontró que Correagro ha tenido al menos tres negocios más con la Cámara de Representantes entre 2022 y 2024 por más de $136.000 millones.
Si bien Correagro es una sociedad con experiencia en asesoría en el sector agropecuario, agrícola y en otros commodities, deberá implementar una plataforma tecnológica para consultar el archivo digital de la Cámara y mejorar el sistema de gestión documental.
A Miguel Quijano y Compañía SAS, que también tiene otros procesos contractuales con la corporación, con entidades del Gobierno (ministerios de Educación y del Interior) y con administraciones locales, se le pidió instalar un sistema de iluminación LED en el segundo piso del salón Boyacá, que está siendo intervenido mediante otro contrato firmado meses atrás.
“En dicho estudio no se contempló la intervención del segundo nivel de salón, por lo que se hace necesario cubrir la necesidad de intervención de mejora, toda vez que se debe mejorar la seguridad de circulación a nivel de iluminación, piso, refrigeración, barandas de seguridad, entre otros”, se lee en los documentos.
A Miguel Quijano y Compañía SA también se le adjudicó el suministro de 50 micrófonos profesionales, 253 sillas ergonómicas, 165 unidades de refrigeración, sistema de sonido, 7 módulos físicos de seguridad, 5 pantallas led, 500 licencias de Office, sistema Uplink y Wifi, entre otros elementos.
La corporación defendió estos dos procesos millonarios indicando que el Congreso necesita modernización tecnológica, pues esta “ayuda a mejorar el desempeño de la labor legislativa y el acercamiento del ciudadano a la Cámara de Representantes, con la mejora de la gestión documental y tecnológica.
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Destacó además que los recursos provienen de proyectos de inversión viabilizados en el Departamento Nacional de Planeación – DNP.
Eso sí, el representante Andrés Calle, quien el próximo 20 de julio terminará su período como presidente de la Cámara en medio de dudas y señalamientos por una presunta participación en el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se desligó a través de un comunicado de estas dos contrataciones, asegurando que son tema exclusivo de la Dirección Administrativa.
“Si bien el Presidente de la Cámara de Representantes es el representante legal, de manera excepcional frente a las demás entidades del sector público, no tiene la competencia de contratar. El director Administrativo tiene autonomía financiera y de ejecución”, dijo Calle, quien interrumpió su silencio este lunes, pues desde el 20 de junio no trinaba nada en su cuenta de X.
El Espectador contactó a la Dirección Administrativa de la Cámara, que está comandada desde 2020 por John Abiud Ramírez, quien fue alcalde de Girón (Santander) entre 2016 y 2019 y recientemente salió salpicado en el caso de la UNGRD por un presunto giro de dinero que iba a realizar el exdirector Olmedo López a dicho municipio.
Este despacho no dio respuesta, pues señaló que era la División Jurídica de la Cámara de Representantes la encargada del asunto.
Juan Enrique Aaron Rivero, jefe de la División Jurídica, le dijo a este medio que, efectivamente, el presidente Calle no estaría relacionado con ningún asunto contractual o administrativo y que para los dos contratos suscritos en los últimos días se hicieron estudios de mercado y del sector para lograr los mejores precios.
“Son procesos que se desarrollaron a través del mecanismo de Bolsa Mercantil establecido en la Ley de Contratación Pública y que no corresponden a una contratación directa. La Bolsa Mercantil se encarga del proceso y garantiza a las entidades públicas la selección objetiva que rige la contratación estatal, conforme a la Ley 80″, apuntó Aaron.
En junio, antes del fin de la legislatura, otro contrato de la Cámara también fue puesto en duda por denuncias de una instalación de cámaras, supuestamente, con sistemas de grabación que violarían la privacidad de los legisladores.
Aunque los comentarios fueron desmentidos por la oficina de Planeación y Sistemas de la Cámara de Representantes, la imagen de Calle salió perjudicada. Estos dos nuevos contratos por más de $70.000 millones para modernizar al Legislativo parecen haber hecho lo propio.
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