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De los cajones polvorientos del Congreso salió a relucir nuevamente el caso que se adelanta contra el presidente Álvaro Uribe Vélez por el delito de cohecho, por el que ya fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia los ex representantes a la Cámara Iván Díaz Mateus, Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, al determinar que los congresistas recibieron notarías a cambio de que votaran a favor de la primera reelección de Uribe Vélez en 2006.
Pero además del proceso en las cortes, en el Congreso se adelanta un caso sobre la yidispolítica, que está en manos de Gilberto Rondón, representante liberal de la Comisión de Acusaciones e Investigaciones, quien el jueves confirmó que practicará diferentes pruebas para analizar la eventual responsabilidad del Primer Mandatario en el cohecho. “Vamos a ampliar el término sólo por 20 días y ya citamos las fechas de las pruebas”, dijo.
Dichas pruebas consisten en recibir el testimonio del ex ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, del ex fiscal Mario Iguarán, de los ex congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus, del ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute y del ex presidente del Partido Conservador Carlos Holguín.
Rondón no descartó la posibilidad de llamar a indagatoria al propio presidente Álvaro Uribe. “Hay decisiones de la Corte Suprema de Justicia que son caso juzgado, expresando que hubo un cohecho y ya hay unos sentenciados. Por eso toca investigar qué participación pudo tener el Presidente en el reparto de esas dádivas a los condenados”, manifestó.
El representante liberal había recibido el miércoles pasado de Jaime Lombana, abogado defensor del presidente Álvaro Uribe, una carta en la que le solicitaba archivar el proceso contra su defendido, aduciendo que no participó en ningún acto ilegal.
Precisamente ese día la Comisión de Acusaciones iba a tomar una decisión en torno a archivar el caso o abrirle una investigación formal al Primer Mandatario. Dicha decisión se aplazó ante el requerimiento de Rondón de solicitar nuevas pruebas, que se basan en los testimonios de los ex funcionarios implicados en el proceso. Éstos se realizarán entre el 16 de marzo y el 15 de abril del próximo año.
Al final se acordó este calendario, teniendo en cuenta las vacaciones del Congreso y el reanudación de las sesiones (15 de marzo).