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Aunque fue el representante del Partido Liberal Andrés Calle quien presidió la Cámara de Representantes durante el segundo año legislativo, quien realmente movió el dinero en la corporación fue el santandereano John Abiud Ramírez, director administrativo, y quien este 20 de julio, pese a las dudas que hay de su gestión, se hizo elegir por dos años más con el respaldo de aproximadamente 170 legisladores.
Llegó a este despacho en 2020 con el guiño del Partido de la U y tras su período como alcalde de Girón, Santander, municipio que luego quedó en manos de su exesposa Yulia Rodríguez (2020-2023) y que hoy comanda su hermano, Campo Elías Ramírez. Su administración en Girón no estuvo exenta de las dudas, tampoco la que ha hecho en estos cuatro años en la Dirección Administrativa, pues su nombre ha sido vinculado, así como el de Calle, con el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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En este segundo año, se firmaron en la Cámara aproximadamente 3.000 contratos, más de 1.000 por contratación directa. Entre este alto número de procesos, más del doble que los ejecutados en el Senado, están incluidos los habituales ingresos o prórrogas del personal para las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de los 181 representantes, así como millonarios procesos para modernizar algunas zonas del edificio, iluminar y reparar espacios, adquirir equipos tecnológicos como pantallas Led, micrófonos y cámaras profesionales y nueva silletería ergonómica. También destaca la adquisición de pasajes aéreos, servicios de entrenamientos deportivos y jurídicos, útiles de oficina, programas de transcripción, entre otros.
“Venimos en un proceso de modernización tecnológica porque tenemos que estar a la vanguardia de lo que hoy sucede en el mundo. Se hizo el proceso de modernizar las comisiones. Por ejemplo, antes se transcribía a máquina, hoy ya hay computador y un sistema automatizado”, indicó Ramírez a El Espectador.
Sin embargo, la contratación en la corporación no ha estado lejos de los señalamientos y la polémica, todavía menos luego de que Abiud Ramírez terminara salpicado en el caso de la UNGRD por presuntamente impulsar giros de la entidad a su departamento en plena campaña electoral de 2023. A Girón, municipio que visitaron el exdirector Olmedo López y su funcionario Sneyder Pinilla, le habrían correspondido $300.000 millones, pago que fue suspendido por orden directa del presidente Gustavo Petro.
Pero, más allá de la UNGRD, al director administrativo también le han cuestionado varias de las contrataciones que ha hecho en este tiempo, pues gran parte se las ha entregado a empresas santandereanas, a personas de su círculo, a figuras políticas de la región con lazos con la U o incluso a exfuncionarios del Richard Aguilar, con quien trabajó en su gobernación como secretario de despacho.
En la lista de ‘favoritos’ de Ramírez está Fabián Oviedo, quien buscó la alcaldía de Bucaramanga en 2023, quedando en el tercer lugar con 34.146 votos. Si bien el excandidato no tiene contratos con la Cámara, sí los tienen su hermana, Paola Andrea Oviedo (2 por $186 millones); su esposa, Heydi Marley Arciniegas (4 por $578 millones); y su cuñado, Ulises Arciniegas (2 por $209 millones).
También tiene contrato por $110 millones para “colaborar con el desarrollo de las actividades internas” la exconcejal de Girón y excandidata a la Asamblea de Santander por el Partido de la U María Isabel Mantilla, quien es cercana a Yulia Rodríguez, exalcaldesa de este municipio y anterior pareja de Ramírez. Su hermano Carlos Mantilla también está contratado para “colaborar con el desarrollo de las actividades de Bienestar social”.
Aunque en diciembre finalizó su tercer contrato con la Cámara, Yaneth Mojica, quien fue funcionaria del exgobernador Aguilar y disputó en 2019 la alcaldía de Barrancabermeja con el apoyo de la U, también trabajó como abogada en la Cámara. Y no desde Santander, pero sí desde la U, el hijo de la exgobernadora del Valle Clara Luz Roldán, Jairo Prado, ha tenido al menos seis contratos desde que se posesionó Abiud Ramírez por $441 millones. Cabe aclarar que el abogado Prado ya había sido contratado anteriormente, pero la cuantía de los contratos creció en los últimos años.
Teveandina, que tiene lazos con el Partido de la U y también fue mencionada en las contrataciones del Senado, también tiene su protagonismo en la Cámara con un contrato por $2.200 millones para producir material audiovisual e implementar una estrategia de comunicaciones que “permita acercar a la ciudadanía a la actividad legislativa”.
Además, según el registro de contrataciones de funcionarios efectuadas por la Cámara solo entre el 20 de julio de 2023 y el 20 de julio de 2024, al menos 215 personas serían de origen santandereano, siguiéndole en cifras los oriundos de Norte de Santander (171) y los antioqueños (168).
Frente a empresas, a Mercado y Bolsa S.A.S, cuya representante legal es la santandereana Sandra Milena Mejía, se le han entregado entre 2023 y 2024 seis contratos que suman más de $58.000 millones. Los motivos de los negocios varían, pues van desde la compra de una camioneta blindada por $435 millones, el suministro de pasajes aéreos por casi $6.000 millones, hasta la compra de muebles, equipos tecnológicos, y herramientas para la modernización tecnológica de la corporación. Algunas de las compras que realizó Mercado y Bolsa para cumplir con los contratos las realizó a consorcios con participación mayoritaria de firmas del departamento.
A las dudas de un posible favorecimiento a su círculo cercano con contratos de la Cámara, John Abiud Ramírez le dijo a El Espectador que aunque tiene trabajando a varios de sus conocidos, la mayoría del personal sigue siendo de otras regiones.
“Tú trabajas con la gente que es tu amiga, la gente que tú sabes que te pueden hacer las cosas bien. Yo no, no veo por qué sea malo. O sea, ¿que porque yo soy de Santander y porque fui alcalde de Girón, entonces malo tener gente de Girón?”, indicó el director.
Entre otros millonarios contratos, se pueden mencionar los entregados a Correagro, miembro de la Bolsa Mercantil de Colombia, especialista en temas agro y otras commodities encargado por más de $88.000 millones de modernizar los canales de comunicación de la corporación e implementar una plataforma para guardar contenido.
Ahora bien, aunque Andrés Calle fue siempre reacio a hablar del tema de contratación, indicando que él no es ordenador del gasto, pues es tarea exclusiva de la Dirección Administrativa, durante su administración se evidenció una concentración de procesos contractuales que terminaron beneficiando figuras y firmas santandereanas, en comparación a lo visto durante la presidencia de David Racero del Pacto Histórico.
Con la nueva presidencia de Jaime Raúl Salamanca que se dio este sábado, está por verse cuál será el uso que en este tercer año se les dé a los recursos asignados a la Cámara, y si estos serán o no para beneficiar la labor legislativa de los representantes.
Está claro que para encargarse de los movimientos financieros está el director administrativo, John Abiud Ramírez, pero el presidente de la Cámara será fundamental para ejercer vigilancia o, por el contrario, beneficiar a su fuerza política y a sus cercanos. Y eso sin contar que es quien puede mover o frenar la agenda en la que Petro tiene interés para la segunda parte de su mandato.
Las personas mencionadas en el texto fueron consultadas, y si bien no todas respondieron, han defendido a lo largo de este año legislativo su idoneidad para asumir dichos contratos.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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